El Congreso se organiza con base en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las once áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán publicadas al finalizar el Congreso.
Coordinador: Maximiliano Campos Ríos. Profesor-investigador. Universidad de Buenos Aires. Argentina
El mundo actual se define por cambios profundos y constantes que impactan en los diferentes ámbitos organizacionales de la sociedad. La digitalización acelerada por la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre las capacidades con las que deben contar los Estados y sus servicios civiles para dar respuestas eficaces que permitan la creación de valor público, pero sin perder su capacidad regulatoria y su dimensión ética. Se presentan desafíos que deben ser abordados desde nuevos modelos conceptuales que contemplen la actualidad en toda su complejidad y que posibiliten la aplicación de políticas públicas estratégicas y asertivas. Para ello, resulta imprescindible la profesionalización de la burocracia, entendida en términos de desarrollo de capacidades que contribuyan a mejorar la prestación de bienes y servicios públicos. El reto es dar un verdadero impulso al servicio civil, y sobre todo, reforzar la confianza de la ciudadanía en el Estado. Por otro lado, se vuelve ineludible avanzar en la implementación de nuevas tecnologías de gestión, formación y capacitación ligadas a una cultura organizacional que ya no es la del Estado clásico. Gestionar en el siglo XXI implica tener en cuenta la transformación digital como variable permanente. En ese sentido, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la robotización y los algoritmos, son algunos de los múltiples desafíos de la profesionalización de hoy, que es en definitiva: transformar al Estado sin perder la capacidad de escucha, la empatía, y la sensibilidad social. Por ello, la administración pública se convierte en un actor central del proceso, ya que su modernización (en términos de profesionalización, capacitación y cultura organizacional) redunda en un Estado más tecnificado pero al mismo tiempo más humano. Si el Estado no se transforma, pierde su capacidad de ser un actor no sólo en su faceta regulatoria, sino también en la promoción del desarrollo y en la generación de valor público. En ese sentido, la profesionalización de los Estados iberoamericanos en una era atravesada por los cambios disruptivos de la cuarta revolución industrial, no sólo constituye un desafío de enorme magnitud, sino una meta ineludible para la sociedad en su conjunto.
Innovación, inteligencia artificial y su aplicación a las políticas públicas
Coordinador: Fernando Filgueiras. Profesor. Universidad Federal de Goiás. Brasil
La innovación es un término amplio que se ha aplicado al campo de la administración pública como una etiqueta para la novedad y las transformaciones en prácticas, ideas e instituciones. Lo que caracteriza a la innovación en el sector público son los procesos de cambio guiados por ideas, novedades, nuevos enfoques de servicios y políticas públicas, nuevas prácticas que orientan nuevos procesos. La amplitud del concepto de innovación se configura en el uso de nuevas ideas para nuevas prácticas, creando un nuevo sentido de misión para las organizaciones del sector público. Así se expresa, entre los países iberoamericanos, en términos de la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública del CLAD. Las nuevas ideas y prácticas implican muchas veces un cambio con tonos disruptivos en el comportamiento de los directivos, corroborando una perspectiva transformadora del sector público, especialmente orientada a los siguientes temas:
Todos estos temas orientan una visión sobre la innovación que la convierte en un reto para la administración pública en el umbral de la segunda década del siglo XXI. La adopción de herramientas digitales implica para el sector público inversión en infraestructura tecnológica, construcción de alianzas estratégicas, fomento de estructuras govtech y nuevos modelos de contratación de tecnologías, creación de estructuras adecuadas de gobernanza de datos, formación de nuevas capacidades, plataformización y algoritmización de la administración pública. Los desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial en los gobiernos son variados y han confluido en diferentes estrategias nacionales que orientan las políticas emergentes en este campo en los países de América Latina. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, España, Portugal, Costa Rica, México, por ejemplo, están construyendo sus estrategias nacionales para facilitar la expansión de esta tecnología fomentando la investigación, construyendo centros de excelencia, alianzas estratégicas, creando una IA ética y mecanismos regulatorios que facilitan la transición laboral. Asociado a esto, los cambios introducidos con el uso de la IA en los gobiernos requieren nuevos enfoques y mecanismos de gobernanza para el tema de los datos, atendiendo los problemas de las injusticias algorítmicas, creación de zonas de exclusión, abordando temas relacionados con la vigilancia y crecientes problemas relacionados con la privacidad de los ciudadanos. Las prácticas de cocreación y coproducción de servicios y políticas públicas se han llevado a cabo de diferentes formas: utilizando valoraciones de los ciudadanos sobre su experiencia en el uso de estos servicios, creación de laboratorios gubernamentales de innovación guiados por nuevas ideas, creación de foros que fortalecen la participación ciudadana en el proceso de construcción de servicios y políticas públicas. Asociado a esto, surgen nuevas ideas para la reincorporación del servicio público de manera que se evite la agencialización y la necesidad de que un ciudadano vaya de agencia en agencia para que su demanda sea atendida. Las estrategias de cambio en la administración pública se enfocan en la reducción de la burocracia, la revisión de trámites y procedimientos con el fin de garantizar una mayor eficiencia en el sector público. Finalmente, una amplia agenda de innovación plantea nuevos retos para las administraciones públicas. ¿Cómo las inversiones en infraestructura tecnológica, el desarrollo de soluciones utilizando IA, el desarrollo de plataformas y la resolución de problemas basados en la cocreación, así como las nuevas ideas, demandan del servicio público nuevas capacidades y situaciones de actuación? Los dilemas planteados en esta pregunta requieren la cristalización de nuevas prácticas de manera institucionalizada y segura, para que podamos hablar de una administración pública 4.0, sustenida en nuevos marcos institucionales que rompan con el pasado, consoliden el presente y orienten el futuro. Esta área temática está dedicada a los desafíos de la innovación para la administración pública, que surgen con la gobernanza digital, la algoritmización de la administración pública, las ideas y prácticas de innovación que consolidan la cocreación y coproducción de servicios públicos, crean nuevos instrumentos marcos normativos para lidiar con esta frontera del conocimiento. Dentro de su espectro más amplio, esta área temática trata los siguientes temas generales: ideas y prácticas de innovación en el sector público; la gobernanza digital y la adopción y uso de inteligencia artificial; algoritmización y plataformización del servicio público; cocreación y coproducción de servicios públicos; laboratorios de innovación; desafíos emergentes en relación a los procesos disruptivos de la gestión pública.
Coordinador: Fernando Augusto Segura Restrepo. Director Técnico. Programa de USAID. Juntos por la Transparencia. Colombia
La actualización de las leyes marco de acceso a la información, el uso masivo de redes sociales por parte de ciudadanos y entidades, y la participación cada vez más creciente de ciudadanía de todas las edades y grupos sociales en los asuntos públicos, ha dejado en evidencia que la transparencia, la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana y la innovación permanente en la gestión de lo público, no son temas accesorios o de segunda línea. Por el contrario, deben ser prioridad de los gobiernos y de todas las ramas del poder y de los organismos de vigilancia y control, tanto de los niveles nacionales como subnacionales. En sentido de lo anterior, se busca conocer las diferentes experiencias de los países CLAD en la implementación de acciones de Estado Abierto. El Estado no solo aglutina a las diferentes instituciones públicas, también incluye a la población en su conjunto y a los actores que lideran los procesos de organización y transformación de las sociedades y fortalecimiento de los principios democráticos, razón por la cual, en esta área temática se invita a participar tanto a los representantes de los gobiernos, como de otras ramas del poder, a la academia y a organizaciones sociales y privadas, para que compartan su experiencia y retos en la promoción de la transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación. Entre otros aspectos, se quiere poner a dialogar las diferentes prácticas, conocer como la tecnología ha sido aliada en los procesos de fortalecimiento de los pilares del Estado Abierto y poder validar como los diferentes actores han logrado avanzar de manera individual y colectiva en la construcción de escenarios más abiertos y cercanos a las necesidades de las comunidades. Igualmente se busca explorar en el uso de canales de comunicación y dialogo como los son las redes sociales, que además de ser medios a través de los cuales ciudadanos dan a conocer su satisfacción o insatisfacción con las decisiones de los agentes públicos, son herramientas útiles para informar, rendir cuentas y conversar por parte de las entidades Estatales.
El Consenso de Sucre, reivindicó la conformación de un Estado inclusivo: “una administración abierta a la igualdad de género y racial, a la inclusión de las personas con discapacidad. Solo desde la incorporación de todas las personas a este proyecto colectivo de humanidad podremos salir adelante…” y ratificó la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión y el diálogo entre las diversas culturas en favor de una administración pública más abierta a la diversidad y más equitativa. En los últimos años hemos observado la priorización política en varios países integrantes del CLAD con la creación de ministerios enfocados en igualdad, equidad e inclusión, vinculados a género, juventud, diversidad de culturas y etnias, entre otros. Las presentaciones en los Congresos de años anteriores han puesto de manifiesto la profunda necesidad que tenemos los países de construir estados más inclusivos y representativos de los diferentes grupos sociales que integran la sociedad: género, LGBTIQ+, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos originarios, diversidad cultural, diversidad socio económica, y religiosa, entre los más relevantes. La crisis de desconfianza y la falta de representación de los ciudadanos para con sus Estados, es multidimensional y está muy vinculada a la falta de integridad, pero también a la falta de representación del entramado social en la conformación de la administración. Para una sociedad que reclama equidad, inclusión y oportunidades de desarrollo, es necesario explicitar políticas favorecedoras de sociedades y administraciones inclusivas. Los Estados inclusivos han demostrado ser más innovadores y más cercanos a la ciudadanía. En el marco del CLAD debatimos como será un Estado altamente tecnologizado y digitalizado. Desde el punto de vista de los servidores públicos, sumamos la necesidad de contar el talento humano adecuado, y por lo tanto convocar y retener talento joven es una variable crítica. Los ODS 2030 también ponen de manifiesto que el desarrollo humano se logrará a partir del desarrollo inclusivo de las organizaciones, en particular el sector público, con foco en género y juventud. Esta área temática propone presentar políticas públicas, experiencias, resultados y/o investigaciones, vinculadas a las políticas de equidad e inclusión. En un marco conceptual amplio se incluyen las variables género, colectivo LGBTIQ, estímulo a los jóvenes y a las personas con discapacidad, inclusión cultural, étnica, y religiosa. Asimismo, ponderaremos positivamente trabajos de investigación y análisis de impacto en estas temáticas, y trabajos de investigación empírica basados en las gestiones de gobierno. Otros dos temas de relevancia en la materia son el incremento de situaciones de violencia y acoso laboral con causa en la discriminación, la ampliación y consolidación de la participación del género femenino y de los jóvenes en cargos de conducción pública, y el desarrollo de liderazgos inclusivos.
Coordinadora: Liliana Caballero. Directora. Instituto de Liderazgo Público. Universidad Nacional de Colombia. Colombia
Los Estados Miembros de la ONU, en 2015, aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Con un plazo de 15 años, los ODS buscan mejorar la calidad de vida de todos, con enfoque en la de los más pobres y vulnerables para “que nadie se quede atrás” y para que todos nos involucremos. En mayor o menor medida, las particularidades políticas, sociales y económicas, los efectos de la pandemia y las priorizaciones que ella exigió, han dificultado o atrasado el cumplimiento de los ODS. Con todo, en varios países de Iberoamérica se han presentado transformaciones admirables inspiradas en los ODS o previstas para su cumplimiento: formulación de políticas públicas, institucionalización efectiva, sistemas de evaluación y seguimiento basados en información e indicadores, sólida coordinación interinstitucional, alianzas y participación de la sociedad civil, compromiso de los servidores públicos, modelos de gestión, etc. Por supuesto los 17 objetivos, buscan que las administraciones garanticen los derechos de los ciudadanos, atiendan sus necesidades y resuelvan sus problemas. En pocas palabras, sociedades más justas e incluyentes, con mayor gobernabilidad, participación y confianza ciudadana. Sin duda alguna, el cumplimento de los ODS depende de una gestión pública eficiente, transparente y con valores. Es por esto que el CLAD, inmediatamente a la aprobación de la Agenda 2030, inició diversas actividades encaminadas a divulgar e incentivar en los países miembros la adopción de medidas de coordinación y gestión necesarias para el cumplimiento de los ODS y el tema se ha posicionado como una de las áreas temáticas de sus Congresos Internacionales. El XXVIII Congreso del CLAD 2023 en Cuba y los paneles de esta área temática permitirán a los países miembros, como siempre, aprender de las buenas prácticas y compartir las propias. Es un excelente escenario para que las administraciones públicas iberoamericanas analicen los desafíos, retos y oportunidades de los ODS y, así pues, acordar el diseño de estrategias que permitan el fortalecimiento de la gestión pública para la implementación exitosa de la Agenda 2030. Los diálogos técnicos que se desarrollen en el marco de esta área temática fortalecerán el equipo de emisarios de la Agenda 2030 y permitirán acordar el diseño de estrategias de fortalecimiento de la gestión pública con miras a la implementación exitosa de la Agenda 2030. Es posible avanzar en los 7 años restantes, en esta área temática esperamos ponencias críticas, innovadoras e inspiradoras, organizadas a través de paneles con participación de diferentes países.
Coordinador: Gerardo Montenegro Morán. Director Nacional de Preparación y Superación de Cuadros. Cuba
Es indispensable reevaluar el desarrollo de la urbanización con una visión de ciudades sustentables, la falta de una estrategia científicamente argumentada, ha tenido como resultados el desordenado y incontrolado crecimiento de las ciudades latinoamericanas, con grandes retos de los gobiernos para atender sus condiciones actuales de desarrollo y las perspectivas económicas en la región, varios estudios sobre esta problemática plantean grandes desafíos para los gobiernos y la instrumentación de políticas públicas que coadyuven a la construcción de ciudades resilientes, incluyentes y equitativas; el fortalecimiento de la gobernabilidad local mediante la efectiva participación de la ciudadanía, el fortalecimiento cultural y el cambio climático. El crecimiento poblacional y la pobreza convergen en las ciudades del tercer mundo, según informe de Naciones Unidas se plantea que la pobreza es uno de los principales factores que generan degradación ambiental. En las ciudades se realizan fundamentales procesos económicos y culturales, se desarrollan los avances tecnológicos, las realizaciones espirituales de la ciudadanía y constituye su sostenibilidad factor determínate en la estabilidad de los Estados. La mejoría de las condiciones del hábitat de las ciudades, debe ir indisolublemente unida a una reactivación económica local, que posibilite a los vecinos incrementar sus ingresos y disponibilidad de recursos, como base fundamental para su participación. Se basa entonces, en crear una base económica-social local autosustentable en el tiempo, vinculada al carácter cultural del territorio, al rescate de sus tradiciones y el proceso de recuperación de sus valores (E. Leal). Los jefes de Estado y de gobierno han reconocido que la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades de consumo y producción sostenibles, la promoción de un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son objetivos generales y requisitos indispensables para el logro del desarrollo sostenible (ONU 2012). El desarrollo de las ciudades inobjetablemente tendrá que sustentarse en investigaciones y el uso de capacidades que permitan ponderar el peso específico del comercio, del medio ambiente, espacios públicos, transporte y movilidad, turismo, producción, industrias, redes de infraestructura, residencial, deporte y cultura física, religión, educación, proyectos urbanos y otros. Por tanto, la selección de acciones a implementar, sean estas del ámbito institucional, ciudadano o territorial, deben tener en cuenta exigencias que respondan a los potenciales identificados que puedan aprovecharse, eliminar barreras que puedan condicionar al desarrollo de dichos potenciales, satisfacer demandas sociales prioritarias, salvaguardar el patrimonio cultural y natural, provocar sinergias positivas, movilizadoras y multiplicadoras de recursos y garantizar un balance entre las acciones para dinamizar la economía con las de contenido social que permita crear un clima de confianza en el sector público. Esta área temática, tiene el propósito, además, de desarrollar las múltiples aristas de desarrollo local, es tendencia en la literatura universal recocer la trascendencia del municipio, como espacio de lo cotidiano del ciudadano y primera demanda de gestión de las condiciones de vida de la comunidad. Las potencialidades de los municipios, para examinar el contexto de su desarrollo, evaluar vías para dinamizar su gestión sin confundir autonomía con anarquía, permite hacer miradas desde la creación de capacidades, definir estrategias que contemplen el arsenal cultural, las dinámicas demográficas, la sostenibilidad económica, el uso de tecnologías y la transformación de la gestión que coadyuven al éxito de las políticas públicas. El desarrollo local como soporte estratégico del bienestar ciudadano no se reduce a un sistema de indicadores económicos, sino a mayor justicia y equidad, multiplicar la iniciativa creadora de las comunidades, aumento de la participación individual en la vida colectiva. En este contexto alcanza condición de necesidad inaplazable la creación de un sistema de gestión de gobierno basado en la ciencia y la innovación. Es imprescindible el uso de la ciencia y la tecnología para diagnosticar y proponer soluciones a las problemáticas sociales y su relación con el desarrollo; el impacto en términos de prosperidad social y efectividad de las políticas económicas, la reconversión tecnológica, acorde a las necesidades de las localidades. La ciencia y la innovación, a partir de la diversidad de dimensiones y retos que implica el desarrollo local y su vínculo con el desarrollo sostenible de las ciudades, deben encontrar respuesta a los inmensos desafíos de los Estados para encontrar las vías de sostenibilidad y gobernabilidad de las ciudades y comunidades. Le invitamos a presentar los resultados de investigaciones, así como buenas prácticas de la región vinculados a esta área temática.
Coordinador: Christian Miguel Sánchez Jáuregui. Investigador Nacional. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). México
Desde hace poco más de treinta años, los gobiernos de Iberoamérica en todos sus niveles atendieron la agenda internacional para la trasformación de las administraciones públicas. Sin embargo, la llegada de la pandemia COVID-19 y sus negativos impactos políticos, económicos y financieros, reveló con mayor crudeza las fallas e insuficiencias directivas y administrativas de los gobiernos. Actualmente, reconocida la desigual recuperación económica que se vive en la mayoría de los países de la región, las administraciones públicas afrontan los retos de una nueva época marcada por los efectos de la pandemia, con el propósito de mejorar la eficacia del gasto público y lograr crecimiento económico de manera equitativa y sostenible. Por tanto, la cuestión en este momento es de orientación dual. Primero, se esperan respuestas sobre cómo reorientar las prácticas gerenciales para el manejo responsable de las finanzas públicas en la estimación, asignación y control de los recursos con lo cual, enfrentar el endeudamiento que llevaron a cabo los gobiernos para estimular a sus economías confinadas. En segundo lugar, es necesario impulsar nuevos instrumentos y metodologías de investigación, y la utilización e incorporación de nuevas tecnologías del conocimiento e información para que, como señala (Velázquez, 2021), se pueda mejorar el funcionamiento de las instituciones y recuperar la confianza ciudadana en la capacidad y eficacia directiva del gobierno para resolver los problemas de interés público. Por lo anterior, en la presente área temática, se abre un espacio de diálogo para el debate y desarrollo de paneles y ponencias que aborden trabajos teórico-metodológicos, propuestas de políticas y prácticas de gobierno, que ofrezcan técnicas o herramientas innovadoras para fortalecer y aumentar la efectividad de las instituciones públicas en los distintos países, regiones y localidades de Iberoamérica.
Coordinador: Juan Carlos Cortés Carcelén. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú
La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública contiene temas que nos involucran a todos. En este camino difícil hacia servicios públicos íntegros y libres de corrupción resulta de mucha importancia revitalizar los objetivos y orientaciones que contiene la Carta con las experiencias de nuestros países a través de nuestras ponencias. Establece aquellos aspectos sustanciales que podemos abordar en nuestra reflexión como los diagnósticos de los sistemas de integridad (nacionales o en experiencias concretas que pueden duplicarse), los modelos que se han implementado o quieren implementarse señalando los pilares de los mismos, las evaluaciones periódicas de clima ético, los resultados de la formación en ética en las organizaciones públicas, los avances en el cambio cultural hacia organizaciones íntegras, el análisis y el trato de los riesgos de corrupción, etc. La realidad nos enseña que debemos tener espacios especiales de reflexión de los tres temas planteados y esa es la propuesta del CLAD, porque sin importar el avance en materia de ética e integridad en nuestras sociedades, la corrupción como un hecho existente es siempre una amenaza latente, cuyos efectos negativos en los ciudadanos está totalmente comprobado. Los enfoques pueden ser diversos, desde experiencias concretas que nos brindan herramientas útiles hasta las propuestas teóricas que nos invitan a la reflexión. Desde aquellas política implementadas exitosas y sostenibles hasta los fracasos en la generación de instituciones, órganos, instrumentos o medidas de promoción de la integridad, que son lecciones importantes para seguir trabajando a favor del establecimiento de organizaciones íntegras. El espacio para el debate y el aprendizaje en materia de ética, integridad y lucha anticorrupción es amplio, y además de proveernos de una mayor profesionalidad nos ayuda a ser mejores ciudadanos.
Coordinador: Félix Muriel Rodríguez. Administrador Civil Superior del Estado. Vicepresidente de la Academia Española de Administración Pública. España
De las dos funciones básicas que desempeña el Derecho: de conservación del ordenamiento vigente o de impulso del cambio, el Derecho público, es donde más se manifiesta la acción socialmente progresista o revolucionaria del mismo. El derecho público es el que regula las relaciones políticas, los fines que el Estado debe alcanzar; hoy, añadimos las normas que interesan a la sociedad o comunidad humana, las que regulan las relaciones sociales en su vertiente pública. En las modernas sociedades democráticas el Derecho público se caracteriza por tejer un sofisticado sistema de controles y garantías que sostienen el entramado institucional comunitario y amparan el libre desenvolvimiento de sus ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y órganos políticos. En ese contexto, desempeñan un papel crucial las garantías y controles que se establecen para conseguir una administración pública al servicio de los ciudadanos, eficaz y eficiente a la par que respetuosa con los criterios de calidad de una buena administración. A ello hay que sumar el hecho de que la generalización de la administración abierta aporta un elemento más, inédito hasta ahora, como es la participación y la información, no solo como derecho de los ciudadanos sino también como obligaciones de los poderes públicos. Todo ello es, si cabe, más importante en un entorno de crisis, donde la administración tiene que apostar por una mayor eficacia y cercanía en su actuación. En contextos como el actual, los poderes del Estado deben actuar de forma colaborativa y sin escatimar esfuerzos orientados hacia la superación de la crisis, con el objetivo de recuperar una gobernanza democrática socialmente plena y una administración que profundice, actualice y desarrolle el derecho de los ciudadanos a una buena administración, de conformidad con los establecido tanto en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, el Código de Buena Conducta Administrativa de la UE. Este principio de buena administración se configura no solo como derecho de los ciudadanos, derecho fundamental, sino también como deber de las administraciones públicas: centradas en las personas, abiertas al entorno y a la realidad, al entendimiento y al dialogo, a la participación, a la satisfacción del interés general, con una gran sensibilidad social y vinculación ética. Es importante, y del mayor interés, analizar experiencias concretas, estudios de casos, no solo sobre los derechos de los ciudadanos y de sus garantías sino también sobre el reconocimiento, alcance y contenido del derecho a la buena administración en Iberoamérica. Especialmente cómo se recoge ese derecho-obligación en el ordenamiento jurídico, su vinculación con la gobernanza democrática, la relación con los servicios públicos, con la corrupción, la transparencia y el acceso a la información pública así como con los fundamentos de las contrataciones del sector público.
Coordinador: Mario Roberto Nitti. Presidente. Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina (ASALRA). Argentina
Para que el Parlamento cumpla con su función legislativa, entendida esta como el conjunto de actividades que el mismo desarrolla para la creación de normas jurídicas, la institución lleva adelante un conjunto de tareas que, a manera de pronta aproximación, podríamos clasificar en dos grandes grupos: administrativo y parlamentario. Si bien podemos distinguir en la gestión cotidiana de la Institución entre tareas puramente administrativas y aquellas que le dan cuerpo al propio proceso de formación de la ley, consideramos que, para estudiar profundamente la cuestión, debemos hacer foco en el organismo como un todo y referirnos a la administración del mismo desde una perspectiva integral. La interacción entre los dos grandes grupos, el administrativo y el parlamentario, constituye una forma de gestión que también podemos pensar como una forma de administrar las tareas que se realizan en uno y otro sector, es decir, hacer foco también en las actividades que deben llevarse adelante para que ambos sectores se encuentren en correcta sintonía. Cuestiones como la comunicación entre ambas áreas forman parte ineludible del cuerpo de tareas que le dan forma a esa interacción. Podemos concluir que, cuando hablamos de administración y gestión integral parlamentaria, nuestra visión está puesta en las actividades administrativas, las parlamentarias y las que son menester para la correcta interacción y comunicación entre ambas; así como las propias cuestiones directamente relacionadas con el procedimiento de formación de las leyes, como son la correcta redacción de las mismas y el marco jurídico en el que se desarrolla el proceso. Así pues, esta área temática abarca cuestiones como: la administración presupuestaria y financiera del Parlamento, su estructura, Derecho parlamentario, técnica legislativa, los sistemas de información parlamentaria, tratamiento y aprobación de los presupuestos, procedimiento parlamentario, comunicación parlamentaria, el tratamiento de los proyectos en las comisiones y todas aquellas cuestiones relacionadas con la actuación y la capacitación de quienes se desempeñan en el ámbito del Poder Legislativo.
En esta área tendrán cabida aquellos paneles que se refieran a políticas públicas sectoriales de administración de salud, educación y seguridad, administración de justicia y reforma judicial, políticas públicas en turismo, desarrollo rural, metodología en gestión de proyectos, gestión parlamentaria, y en general todo aquello que se refiera a la administración y gestión de las políticas públicas sectoriales.