La Covid-19, que llegó a nuestros países centroamericanos en el mes de marzo, ha generado una crisis profunda no solo en el campo de la salud, sino también económica y social que ha planteado a todos los gobiernos, sin excepción, enormes desafíos y grandes lecciones, siendo una de ellas la necesidad de elevar la relación y la comunicación permanente entre la ciencia y la política pública.

La grave situación actual, resalta la importancia de la evidencia científica y la información sólida para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Sin embargo, la gestión de la pandemia lo que está mostrando es la débil relación y las constantes fricciones que existen en nuestros países entre ciencia y política pública. El diálogo entre científicos y gobernantes, salvo algunas excepciones, no funciona en nuestros países.

El resultado es con frecuencia decisiones políticas equivocadas y políticas públicas que no resuelven los problemas, lo que tiene un impacto directo en la ciudadanía y la sociedad.

Ha hecho falta una Covid-19 para comprender que el desarrollo de la ciencia es clave y que el asesoramiento científico al gobierno es crucial. Políticos y gobernantes deben aprender a confiar en los científicos y académicos, incorporándolos a los espacios donde se toman las decisiones y éstos deben aprender a influir en la política pública, comunicando eficazmente.

Acercar el método científico a los gobiernos es clave para que conozcan las limitaciones de la ciencia, evalúen la credibilidad de las evidencias cuando tomen decisiones y no esperen respuestas a preguntas que la ciencia todavía no puede contestar.

Ahora bien, el asesoramiento científico no debe ser un diálogo exclusivo de élites políticas y científicas. Todo lo contrario, debe servir para conectar a la ciudadanía con el conocimiento científico y, especialmente, con el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Para ello, es necesario utilizar formatos abiertos y diversos que involucren tanto a los ciudadanos como a los científicos y políticos. Asimismo, los informes científicos deben ser accesibles a cualquier persona o institución, académica o no, para que pueda consultarlos, revisarlos y complementarlos.

Este ejercicio de transparencia democratizaría el acceso al conocimiento científico, enriquecería el debate público y fortalecería la democracia.

Justamente, las sociedades del conocimiento que necesitamos construir son aquellas donde las democracias hacen uso de la ciencia en la toma de decisiones, la aceptan como un insumo importante y tienen claro que la ciencia es una palanca generadora de desarrollo, bienestar y competitividad.

El papel de la ciencia en su conexión con las políticas públicas es informar a los tomadores de decisión sobre los posibles escenarios que pudieran presentarse según las decisiones que se tomen, pero no señalar qué políticas públicas se deben implementar.

Por otra parte, la política no es, ni debe ser, exclusivamente una cuestión de datos y toma racional de decisiones. Además de que los datos tienen muchas veces un cierto grado de incertidumbre, en política los sentimientos y las emociones también son determinantes. La política no es el reino de la razón y la desapasionada toma de decisiones; al contrario, es un campo en el que se utilizan simpatías y antipatías, querencias y rechazos para mover voluntades y apoyos y generar capacidad de acción.

Los datos, los hechos y la razón no tienen por qué ser los únicos participantes en la toma de decisiones políticas, pero si se prescinde de ellos estas decisiones estarán equivocadas con seguridad.

La política pública puede y debe superar los datos pero a partir de ellos, no prescindiendo de ellos. La realidad se puede cambiar, pero desde su conocimiento. Cuando los gobernantes atacan el papel de la ciencia o manipulan y alteran los datos para justificar posiciones ideológicas o políticas, están contribuyendo a destruir una herramienta indispensable para conocer la realidad y resolver los problemas.

No se trata pues, que la ciencia sustituya a la política pública ni de lo contrario. La apuesta debe ser que la política pública fomente y apoye la ciencia y que ésta alimente y ofrezca sustento sólido a la gestión pública.

En conclusión, si queremos gestionar adecuadamente la pandemia, superar la crisis que nos ha generado y guiar nuestros países por un rumbo que fortalezca nuestras democracias y nos encamine hacia un desarrollo incluyente y sustentable, es imprescindible instalar un diálogo permanente entre política pública y ciencia, entre gobernantes, científicos y ciudadanos.

No dejemos pasar esta oportunidad y contribuyamos a ello desde nuestra condición y nuestra agenda ciudadanas.