Participar en eventos internacionales a los que asisten personas expertas, que cuentan sus experiencias y reflexiones, procedentes de todos las regiones del mundo, permite darse cuenta de algunas realidades no por conocidas menos olvidadas. Montesquieu, aquel genial francés al que tanto le deben las instituciones democráticas, señalaba que “todos los países tienen buenas leyes, pero muy pocos las cumplen”. En Bakú, Azerbaiyán, he tenido ocasión de comprobar cómo los diversos oradores daban cuenta de numerosos adelantos en materia de administración pública, de capacitación de funcionarios y de incorporación de nuevas instituciones a los Estados. Realidades y continentes diferentes, pero problemas y soluciones similares.

Entre los logros, cabe destacar la preocupación por la innovación de las administraciones, la incorporación sistemática de los tecnologías de la información y las comunicaciones, la demanda de recursos económicos suficientes para atender a los ciudadanos, las políticas de atracción del talento necesario para el desempeño de la función pública y la eficacia de las políticas públicas, tan necesaria hoy. Luchar contra la corrupción tiene también una vertiente importante relacionada con el funcionamiento diligente de la burocracia, la transparencia en las decisiones y la rendición de cuentas.

Numerosas carencias en nuestras administraciones iberoamericanas, merecen el esfuerzo de los Estados y el impulso de las fuerzas políticas. Existe una importante correlación entre el nivel de desarrollo económico de los países y la funcionalidad de las administraciones públicas, así como en el tamaño del Estado y la presión fiscal. Cuando se comparan las administraciones públicas de nuestros países con otras más eficaces, transparentes y diligentes, debe también tenerse en cuenta que su presión fiscal es mucho más fuerte (40%-50% frente a 10%-25%) y el tamaño del Estado y el número y profesionalidad de sus funcionarios muy superior. Todos intentan avanzar incorporando ideas innovadoras, transmitiendo buenas prácticas, alardeando en ocasiones de programas de incidencia local o reducida, pero transmitiendo un alto grado de motivación y de impulso político. Lo interesante del asunto es que las ideas recorren los continentes y las propuestas imaginativas e innovadoras tienen más que ver con la voluntad de solucionar los problemas que con los medios financieros o los países que las impulsan.

En Iberoamérica, con el auspicio de Naciones Unidas, existe desde 1972 el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo cuya sede está en Caracas y que, cada año, celebra un Congreso que logra reunir a más de 1.500 personas entre funcionarios, profesores e investigadores. En este año 2019 se celebra su XXIV edición en Buenos Aires bajo el lema de “El desafío de la institucionalidad en la administración pública del siglo XXI”, que continúa la saga de sus predecesores que han recorrido Iberoamérica y logrado reunir en sus veinticuatro años de existencia a más de 40.000 personas y 10.000 panelistas entre funcionarios, profesores e investigadores.

La celebración del XLVII aniversario de su fundación , mediante la firma de un Convenio Internacional suscrito por México, Perú y Venezuela y al que se han adherido posteriormente 20 países más (todos los de América de habla portuguesa o española y los tres de la península ibérica, así como Angola como observador), nos señala la ocasión de recordar la relevancia que el buen funcionamiento de la administración pública tiene para el fortalecimiento de la democracia en los países, para la eliminación de diferencias sociales, culturales, tecnológicas y, en fin, de garantía de condiciones de vida saludables.

Las administraciones públicas ponen en funcionamiento las políticas públicas: sanitarias, educativas, fiscales, medioambientales, de seguridad ciudadana, económicas y de seguridad jurídica y protección de las libertades. Las políticas públicas pueden funcionar bien o no funcionar. Esto es lo que distingue , en definitiva, a un Estado eficaz y protector de sus ciudadanos de un Estado fallido, que no logra mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos: de todos y no solo de algunos privilegiados.

El funcionamiento eficaz de un Estado, además, depende, como decía Montesquieu, del cumplimiento de las leyes. Las leyes son eficaces cuando existe una administración pública, servida por profesionales que las cumplen, sancionan su incumplimiento y contribuyen a atajar, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, la corrupción que ,con frecuencia, se beneficia de una administración débil y sometida en exceso a los cambios políticos.

Artículo disponible en el diario El Nacional.