La crisis del covid-19, aún lejos de finalizar, aunque en numerosos países comienzan iniciativas de desescalada, para aplacar la angustia del confinamiento a la población y resucitar la actividad económica, es también un importante vehículo de innovación y de logro de mejores formas de convivencia ciudadana futura. Albert Ein­stein, que también vivió dramáticos tiempos, consideraba que es “en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias”.

La base de la confianza ciudadana en sus administraciones tiene uno de sus pilares fundamentales en la eficacia en la prestación de los servicios y en la resolución rápida de sus trámites. La actividad presencial en las oficinas públicas, cuando se desarrolla en términos eficientes y agradables, es indudablemente más cálida y si la satisfacción de la demanda es inmediata, los ciudadanos salen del edificio administrativo felices.

Todos los trámites pueden solucionarse eficazmente y en muchos casos eliminarse. En Brasil hace pocas semanas, los usuarios de los servicios públicos pueden solicitar certificaciones en cada una de las diferentes áreas de las administraciones, pueden presentar propuestas de simplificación y se permite la autenticación por código de acceso, un sistema que simplifica el existente basado en el documento de identidad electrónico. En todos los países miembros del CLAD, registramos iniciativas similares, que aprovechan las tecnologías para intentar hacer más cercana y afable la relación entre ciudadanos y administraciones.

Si la inteligencia artificial soluciona los problemas rápidamente, no debe tener el ciudadano ningún inconveniente por haberse ahorrado las colas para presentar documentos con datos que ya tiene el Estado, aunque estén repartidos por varios departamentos. Pero no basta con crear una norma (que ya existe en varios países iberoamericanos) decretando que nadie estará obligado a presentar los datos que ya obren en poder del Estado, sino que debe lograrse que los funcionarios tengan acceso a todas aquellas documentaciones necesarias para la solución de los trámites correspondientes, aunque estén en bases de datos de diferentes departamentos. El ciudadano es el propietario de los datos.

El ciudadano no debería tener que proporcionar a distintos organismos del gobierno la misma información dos veces.

Vamos a entrar, quizás estemos ya, en un proceso veloz en el que no solo va a cambiar la distancia social sino también otros muchos aspectos de nuestras relaciones sociales. El covid-19 ha hecho que el cibermundo se intensifique vertiginosamente hasta convertirse en la infraestructura de nuestra sociedad. (José María Lassalle, 2020).

La epidemia ha mostrado porque había una necesidad acuciante, que se puede contratar a mayor velocidad, que no son imprescindibles todas las etapas y certificaciones cuando tienes que hacer una compra desde un hospital o cualquier Administración. Se imponen modificaciones de calado en la gestión pública que, sin menoscabo de la necesaria vigilancia de cumplimiento normativo y control anticorrupción, permitan  simplificar la gestión hospitalaria o la gestión científica, sin olvidar la inmensa cantidad de documentos que los profesores universitarios están obligados a rellenar, quizás en menoscabo de su principal función de enseñar.

Hay incluso ventajas que la cuarta revolución industrial nos puede proporcionar. Impide la discrecionalidad de los empleados públicos, ya que los documentos no se pueden enmendar informalmente, sino que solo se pueden subsanar de manera oficial y transparente, ni se pueden «acelerar» o «retrasar» sin causa justificada. En la lucha contra la desigualdad, estamos en mejor posición, porque la desigualdad en acceso a Internet es bastante menor que la desigualdad en renta o en patrimonio. La razón, como señala Castells es muy sencilla: la comu­nicación es lo que más valora la gente como recurso, por ser indispensable para trabajo, relación, información, entretenimiento, educación, salud y lo que se tercie. Hasta en los hogares más modestos hay celulares.América Latina es la segunda región más desarrollada en gobierno electrónico y representa la mayor mejora regional desde 2015 a 2017.

Esa nueva normalidad a la que nos lleva la crisis del covid-19, nos enfrenta a otros aspectos éticos de gran relevancia que han sido denominados vulnerabilidades tecnológicas: riesgos de pérdidas de privacidad al conocerse todos los aspectos de la vida del ciudadano, brechas de seguridad, ciberataques, robos de identidades digitales y filtraciones masivas de datos.

La clave de la transformación digital está en la ejecución de las políticas públicas de forma más eficaz y eficiente y, en consecuencia, en el menor plazo de tiempo posible. En los países más desarrollados, las administraciones no son un freno al desarrollo económico y social. Por el contrario, constituyen un aliado imprescindible al que será necesario fortalecer cuando esta pandemia finalice.

Artículo disponible en el diario El Nacional.