En la administración pública, los adelantos tecnológicos y los procesos administrativos con frecuencia no van de la mano, sino que parecen discurrir por sendas paralelas.. Unas veces porque la producción legislativa discurre por caminos políticos que poco tienen que ver con las preocupaciones ciudadanas, y otras a causa de que las negociaciones parlamentarias en escenarios de fraccionamiento cada vez mayores, obliga a generar especificidades y cautelas que sofistican de manera tal la legislación, que su desarrollo reglamentario se convierte en una tarea de titanes por su complejidad.

Imagínense al ciudadano intentando resolver algún asunto en el proceloso mar del procedimiento administrativo, a pesar de las declaraciones cíclicas de los responsables políticos sobre la necesidad y el esfuerzo realizado para transmitir las políticas públicas con un lenguaje administrativo claro y conciso. Algunos especialistas del ámbito público llegan a afirmar un evidente retroceso en la calidad de la prestación de los servicios, agravado además por la proliferación de la cita previa y la disminución de la presencialidad de los funcionarios en las oficinas administrativas. (Ramió, 2023).

Resultado de esta complejidad, a veces considerada imprescindible, que alcanza a los tres niveles de las administraciones, estatal, regional y local, es la proliferación de agencias y gestorías especializadas en resolver asuntos nimios, que habían logrado su solución directa por parte de los ciudadanos. La inteligencia artificial y las normas de la Unión Europea en proceso de aprobación, tras el acuerdo registrado en Bruselas estos días, deberían perseguir estas finalidades adicionales, porque no sólo de tecnología vive el hombre, sino de resolver sus asuntos con las administraciones de forma fácil y veloz. La presencialidad sigue siendo necesaria y para numerosas capas de la población imprescindible, por su dificultad en dominar las tecnologías, su discapacidad en su caso o simplemente por la desconexión existente.

La accesibilidad, debería estar íntimamente ligada a la comprensión del mensaje o impreso administrativo. No todo debe ser la velocidad de la conexión o la estética de la web, plena de colores y accesos amigables. Es importante que todos lo comprendan y no sólo los internautas avezados.

La aprobación de un proyecto en la Unión Europea, que no estará vigente antes de 2026, como intento de regulación de la Inteligencia Artificial es una buena noticia. Los debates han sido muy intensos y a punto han estado de no ser aprobada la norma durante la presidencia europea de España, que puso especial interés político en ello. “La UE se convierte en el primer continente que pone reglas claras para el uso de la IA”, ha señalado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

Ningún otro país tiene aún una regulación similar, aunque el presidente Biden firmó en octubre un decreto, que obliga a informar al gobierno por parte de las empresas de tecnología de los avances que “supongan un riesgo grave para la seguridad nacional “y en el Reino Unido se produjo la Declaración de Bletchley que va en sentido similar.

Los últimos años, durante la pandemia e inmediatamente después hemos tenido un avance espectacular en materia tecnológica que es preciso trasladar a las administraciones públicas. Para ello, conviene el matrimonio entre los tecnólogos y especialistas en las cuestiones de la Administración, así como de las Universidades, de forma que fusionen la accesibilidad y la comprensión de los mensajes hacia o desde la ciudadanía. La proliferación de mensajes en otros idiomas, especialmente desde la lengua anglosajona, no facilitan su comprensión, sino que alejan su entendimiento por amplias capas de la población.

Precisamente, la Carta de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública aprobada por el CLAD, en su reciente reunión de Varadero, hace hincapié en esta cuestión al afirmar la necesidad de reducir las brechas digitales y los riesgos de exclusión social y económica derivados de la generalización de tecnologías emergentes, dando prioridad a la capacitación de las personas y la educación en todos los niveles de edad.

En definitiva, los cambios continuos tecnológicos, de liderazgos mundiales, o políticos y económicos, deben servir de incentivos a las administraciones públicas para prestar servicios cada día más eficaces, utilizando para ello tecnologías y normas más cercanas y comprensibles para los ciudadanos y no sólo flores de un día que consiguen muchos likes (me gusta) en las redes sociales. La dirección pública profesional debe acumular pericia urgentemente en este campo.

@VelazquezFJ1

Fuente: El Nacional