El ciclo político de los últimos años oscila en América Latina en una narrativa polarizada en donde las posiciones parecen reducirse a simplemente dos: por un lado, el “Estado productor” y, por el otro, el “Estado regulador”. Sin embargo, existe una tercera vía posible: el Estado como generador del valor público.

Habitualmente, el Estado es considerado como necesario pero improductivo, como un regulador y gastador, y no se lo suele pensar como un creador de valor. Sin embargo, el Estado encuentra su razón de ser en satisfacer las necesidades de la ciudadanía y generar valor público. Esa oferta de bienes y servicios públicos no necesariamente genera valor per se, sino que ese valor se produce cuando la ciudadanía reconoce que los bienes y servicios son de calidad y se convierte en socio del desarrollo.

El desafío que tenemos por delante no es fácil, no se logra de un día para otro y no tiene fórmulas mágicas, no es trabajo sólo del gobierno, sino del gobierno y la oposición, tampoco es una empresa de 4 años, sino de varios más. Lo importante es que sabemos por dónde empezar: la cadena de valor público es una herramienta importante para lograr una gestión eficiente de política pública. Para ello, es necesario que la nueva gestión que asuma en diciembre reconozca su nivel estratégico y aumente su apertura, transparencia y eficiencia, de manera que ofrezca beneficios para todas las partes involucradas en la prestación de sus servicios.