La respuesta es que aún son demasiado escasas, a juicio de las personas participantes en el III Simposio Iberoamericano sobre la igualdad de género en los niveles directivos de las administraciones públicas, celebrado el 23 y 24 de febrero de 2023 en Lima, que contó con la presencia de dos ministros del gobierno de Perú. Organizado por el CLAD, participaron delegados de países miembros de este organismo internacional: Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Ya en la Plataforma de Acción de Beijing del año 1995, los Estados participantes se comprometieron a promover medidas para conseguir la igualdad de hombres y mujeres en el acceso al empleo público, y en todos los espacios de responsabilidad. Y este ha sido precisamente la voluntad de las personas reunidas, en su gran mayoría mujeres. Todos los delegados y delegadas compartían el compromiso de garantizar la plena participación de mujeres en las estructuras de poder y en la toma de decisiones, que en Iberoamérica especialmente es una necesidad apremiante.

La situación, sin embargo, comienza a ser más positiva, pues año a año, el número de mujeres que desempeñan cargos de dirección, incluyendo ministerios u otros puestos de alta responsabilidad, es mayor, siguiendo las directrices que se deducen del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5.

Se avanza, pero no lo suficiente. Resulta necesario impulsar cambios en las culturas de los países para eliminar las barreras estructurales existentes, a pesar de las modificaciones normativas realizadas. La desigualdad continúa existiendo y se manifiesta por ejemplo en los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. En particular, a pesar del alto número de mujeres que desarrollan su labor profesional en las administraciones públicas, subsiste la brecha de género, pues su presencia no está uniformemente repartida. En los puestos de mayor responsabilidad su presencia es mucho más reducida que en los empleos técnicos medios o subordinados.

No obstante, en todos los Estados iberoamericanos se ha incrementado la presencia de mujeres en el empleo público y se han implementado estrategias comunicacionales y acciones afirmativas para avanzar hacia la paridad entre hombres y mujeres. Pero estos innegables avances siguen evidenciando que en las áreas asociadas a “roles tradicionalmente femeninos”, menos remunerados y reconocidos, como educación, salud y protección social, hay más mujeres que en los vinculados a “roles tradicionalmente masculinos” como seguridad, defensa, infraestructuras.

Es por eso que resulta clave generar las condiciones necesarias para que todos los espacios resulten accesibles y sean percibidos como atractivos, para animar a las mujeres a ocupar cargos directivos rompiendo las murallas de cristal.

Los estudios científicos, felizmente desarrollados de forma abundante en los últimos años, ponen de manifiesto que existen brechas salariales entre hombres y mujeres en los Estados iberoamericanos. Se trata de crear líderes femeninos que a su vez dejarán escuela y crearán otros líderes, que pensarán en quién los puede sustituir y lo verán como parte de su legado (Marcet, 2022).

La discapacidad o la pertenencia a etnias históricamente vulneradas profundizan la condición de desigualdad de las mujeres. Por ello se amerita abordar los temas de género desde un enfoque interseccional, como está empezando a ocurrir en algunos países iberoamericanos, en los que se detecta la presencia cada vez menos testimonial de mujeres procedentes de colectivos y etnias tradicionalmente infrarrepresentadas.

Existe evidencia empírica que indica una correlación positiva entre un mayor número de mujeres en puestos de liderazgo público y un mayor crecimiento económico, mejora de entrega de servicios públicos, igualdad de género y un mayor gasto social en educación, salud y protección ambiental. Se detecta asimismo un impacto positivo de la presencia de mujeres en el desempeño de las organizaciones públicas y, en ocasiones, en la disminución de los actos de corrupción.

Persisten “techos de cristal” en los altos mandos técnicos y en el segmento directivo, así como el síndrome de la impostora o de falta de confianza (Cadoce y Montarlot,2022), por lo que los derechos de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones, dentro de los espacios donde se elaboran y ejecutan las políticas públicas, siguen limitados.

Es igualmente necesario disminuir radicalmente las brechas en formación de las mujeres, en los temas relacionados a los sectores en los que hay menor presencia femenina. Parece necesario que más mujeres se involucren en carreras vinculadas a las ciencias y tecnologías.

Una reciente decisión del gobierno español establecerá, si el proyecto de ley es aprobado, la obligatoriedad de las listas cremallera (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de todo tipo, así como el principio de representación equilibrada para el Consejo de Ministros, y en los órganos superiores y directivos del Estado, de manera que ningún sexo tenga una presencia inferior al 40% de los puestos. Además, en las sociedades mercantiles de más de 250 trabajadores, siguiendo la Directiva 2381 de la Unión Europea, el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo de administración.

Un último apunte: la participación de las mujeres en deportes tradicionalmente masculinos como el fútbol, con gran éxito, puede ser un símbolo que refleje que los tradicionales roles masculinos y femeninos están en proceso de transformación. Lograr la paridad es la meta.

Artículo disponible en El Nacional.