Los acontecimientos ocurridos en América Latina y Europa en las últimas semanas nos inducen a la reflexión sobre la pervivencia de las instituciones democráticas y el comportamiento de la clase política. El estupor recorre nuestra geografía, aunque se trate de países desarrollados con instituciones políticas centenarias o simplemente jóvenes democracias en tránsito hacia la madurez.

La parálisis institucional peruana, que ha supuesto la ingobernabilidad del país durante el año y medio de presidencia de Pedro Castillo, ha terminado con un intento de golpe de Estado, imitación del de Fujimori, que triunfó temporalmente y que ahora purga sus culpas en prisión. Esta prisión es la misma por cierto que la de Castillo, que intentó disolver el Congreso y gobernar cual dictador, con la oposición de sus ministros, que renunciaron. En palabras de un politólogo peruano da “un golpe de Estado para tapar sus problemas criminales” (Alberto Vergara, 2022). Pocas horas más tarde, ese mismo Congreso lo destituyó y nombró a su vicepresidenta Dina Boluarte para la Presidencia de la República.

De la secuencia del golpe, abortado en pocos minutos por el Congreso, que conserva su poder a pesar de su acusada fragmentación, se deduce que la fortaleza institucional no es pequeña, aunque según el Latinobarómetro solo 11% de la población en 2020 parece satisfecha con la democracia. El país desde el punto de vista económico marcha velozmente, conservando índices de crecimiento considerables y de forma sostenida. En 2021, según datos del Banco Mundial, el crecimiento del producto interno de Perú fue de 13,3%.

El nuevo gobierno de la presidenta es débil, pero en su composición parecen mayoría los funcionarios, como la canciller. Deberá ser un gobierno de gestión a la espera de la celebración de elecciones, cuando la fecha sea pactada en el Congreso.

Como se establece en el Consenso de Sucre, el Estado debe ser fortalecido en sus capacidades de intervención y dotado de instituciones sólidas. La sorprendente, y pacífica, transición simboliza dos características aparentemente opuestas que definen a la joven democracia de Perú: su fragilidad, pero también su resiliencia. (Turkewitz, Glatsky y Taj, 2022). La presidenta Boluarte no tiene mayoría en el Congreso pero, a pesar de las revueltas, las instituciones continúan funcionando.

En Argentina, los jueces encontraron a Cristina Kirchner responsable de defraudar al Estado por unos 1.000 millones de dólares, mediante el desvío de contratos de obras públicas a empresarios amigos. La actual vicepresidenta y anteriormente presidenta en dos periodos ha anunciado que no será “candidata a nada”, pero el efecto negativo de la condena, que aún no es firme, ha recorrido el mundo.

Los acontecimientos sucedidos en el Parlamento Europeo, que han supuesto la destitución de la vicepresidenta de nacionalidad griega, acusada de realizar actividades prohibidas en beneficio de Qatar, con acusaciones de «corrupción, malversación e integración en una organización criminal», no ayudan nada a la recuperación de la confianza en las instituciones. Sorprende esta nueva situación hasta ahora prácticamente inexistente en las instituciones europeas, que en general son especialmente cuidadosas en el respeto de las normas, incluyendo aquellas que tienen que ver con el tráfico de influencias, lavado de dinero o cualquier tipo de episodio de corrupción. La imagen internacional de Qatar, que ha mejorado con este campeonato mundial de fútbol, nos refleja de nuevo la realidad de un Estado alejado de los parámetros democráticos.

Corren tiempos de desprestigio institucional, de ahí que debamos fortalecer la ética del comportamiento de los responsables y del funcionamiento de las instituciones públicas incluyendo a los funcionarios que tampoco están libres de todo mal. En todo caso, la democracia tiene reglas jurídicas y de comportamiento que han de cumplirse, incluso por aquellos que tienen posiciones relevantes en las instituciones. Por ello, las conductas transgresoras deben ser sancionadas. Si es necesario, las instituciones deben reforzar los sistemas de alerta y persecución de estos delitos que atañen directamente a los representantes del pueblo.

También deben ser modificadas las reglas y con frecuencia los sistemas de control, que han sido especialmente débiles en el caso del Parlamento Europeo, pues ha sido la policía de un Estado miembro quien ha descubierto el Qatargate y no los servicios internos del propio Parlamento.

La difusión de noticias de esta naturaleza puede resultar incómoda para las instituciones, pero la transparencia de las actuaciones es un requisito del buen gobierno que en la actualidad pasa por el control y la rendición de cuentas. Estas noticias negativas generan aún más desconfianza ciudadana, y las instituciones las deben combatir con ejemplares sanciones y extremado rigor en el cumplimiento de las normas.

Artículo disponible en El Nacional.