A la rotación que, de forma cíclica, se produce entre los servidores públicos debido a los cambios políticos y que hace decenas de años que desapareció en los países más desarrollados, se une la considerable media de edad que se registra entre los servidores de las administraciones públicas. La mayor edad viene asociada habitualmente a cierto conservadurismo en el quehacer administrativo y al mayor peso de la tradición. Las franjas de edad menores se asocian con la asunción y asimilación de nuevas tendencias y de la innovación, que tiene mayor incidencia en la la juventud. Aunque la generalización puede no ser exacta, ha de reconocerse entre la juventud una mayor cercanía, como ya era recordado hace muchos siglos: Hemos dicho que se llame a todos a consejo porque con frecuencia el Señor revela lo mejor al más joven. (Benito de Nursia, siglo VI)

En muchos países la edad media de los funcionarios es alta. En algunos, la media de edad es superior a los 55 años, como en Italia (48%) y España (46%) y en menor medida Portugal (38%), según datos de la OCDE. Esta circunstancia obliga a los gobiernos a lanzar ofertas de empleo público especialmente numerosas para los próximos años, como es el caso de España.

Aunque el descenso de la media de edad constituye una obligación, ha de considerarse que el rejuvenecimiento no es garantía de nada, pero es necesario igualmente valorar que la cercanía con los aspectos de la digitalización constituye una ventaja de difícil acceso para los mayores. Los trabajos sobre las competencias en las organizaciones públicas insisten en exigir capacidad de innovación para que las organizaciones públicas puedan afrontar sus retos, contenidos esencialmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reclamando para la gestión pública del futuro habilidades como la creatividad, la curiosidad, la anticipación, la iniciativa, la orientación al ciudadano.

La razón que explica esta situación parece tener que ver con el largo periodo que en el mundo hemos transitado sobre la creencia de que cuanto menos Estado mejor y que la iniciativa privada por sí sola nos iba a salvar de nuestras dificultades. La máxima unánimemente adoptada,el dogma comúnmente aceptado, ha sido disminuir el gasto público y, entre los componentes de este, no cabe duda de que el que tiene un peso constante y rígido es el gasto de personal o Capítulo I de los presupuestos. Los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en América Latina y el Caribe (29%) que en la media de la  OCDE (poco más del 24%).

La consecuencia inmediata fue la congelación de plantillas o plantas de personal al servicio de las administraciones públicas. Y la consiguiente deriva que motivó dos actuaciones generalizadas en todos los países, ancladas en la necesidad de continuar prestando los servicios públicos: la cesión de algunos de ellos a empresas privadas y la contratación de personal de forma temporal o interina.

Esta situación ha generado consecuencias no buscadas. La cesión de determinados servicios públicos a empresas privadas ha generalizado la ampliación de su coste de forma inevitable. La electricidad y el agua son ejemplos palmarios. También ha habido mejoras en el suministro, pero con frecuencia relacionados con la posibilidad de financiarlos por parte de los usuarios ya sea por su número (caso de las grandes ciudades) o por su posición económica.

Otra derivada, no buscada pero sobrevenida, es la necesidad de regularizar la situación del personal contratado pues su número ha alcanzado a millares de personas que, a pesar de realizar el mismo trabajo que los funcionarios de empleo fijo carecen de algunos de sus derechos, especialmente la fijeza en el empleo. Por otra parte, su sistema de selección es puesto en duda por los colectivos funcionariales.

En fin, esta situación que se repite de forma cíclica coincidiendo con los períodos de crisis económica o por la presencia de gobiernos conservadores o progresistas, debe ser aprovechada para modificar en profundidad los sistemas selectivos de acceso a la función pública, pues la tardanza en resolver las ofertas de empleo (en ocasiones más de tres años) las convierte en promesas de cumplimiento muy a largo plazo, en todo caso fuera de las legislaturas o períodos presidenciales. No es una ayuda para la profesionalización de la administración, sino que se convierte en un nuevo impulso para el fortalecimiento del spoils system tan extendido en Latinoamérica.

Con la IA se automatizará el trabajo rutinario y repetitivo de la administración pública en áreas operativas tales como gestión de recursos humanos, las compras públicas, los subsidios. Ello liberará a los funcionarios del papeleo que todavía consume enormes esfuerzos y les permitirá́ dedicarse a tareas de mayor cualificación. El personal más joven podrá realizar estas tareas con mayor preparación, pero los de mayor edad también podrán aportar su conocimiento y experiencia.

Artículo disponible en El Nacional.