La centralización acusada de los Estados modernos tiene su origen en la necesidad de hacer cumplir las normas en todo el territorio, como vía de extensión de las leyes y de eficaz control estatal. De hecho, desde el imperio romano, la construcción de calzadas tenía precisamente el sentido de aprovechar los recursos de la totalidad del territorio y ser senda transitable para la imposición del poder imperial. Algunas de estas subsisten bajo varias capas de asfalto moderno. En Italia, Francia España o Alemania, hay importantes calzadas romanas perfectamente accesibles y que aun tienen una función económica o turística.

De hecho, solo en el mundo actual puede decirse que los Estados controlan su territorio, aunque sea con dificultades por la gran extensión de algunos o por las condiciones orográficas especialmente inaccesibles. Se cuenta la anécdota atribuida a Juan Álvarez Mendizábal, el ministro español responsable de la Desamortización del siglo XIX,que hallándose en las murallas del Palacio Real, alguien le habló del territorio donde alcanzaban sus medidas y respondió que probablemente no más allá del horizonte que conseguía vislumbrar en ese momento.

Pero hay aspectos que conforman la tradicional distancia entre el centro y la periferia, entre las grandes ciudades y las pequeñas poblaciones alejadas de las grandes urbes.

Los recursos se destinan en mucha mayor cuantía a las grandes ciudades bajo la justificación de que hay más habitantes y además participan más asiduamente en las decisiones fundamentales que interesan al poder político.

En algunos países (España, 2022) los gobiernos han adoptado iniciativas tendentes a desconcentrar de la capital del país, organismos y empresas públicos con el propósito de acercarlos a los ciudadanos y lograr una mejoría en la confianza, lo que ha sido bien recibido por la población, especialmente en aquellas zonas cuyos habitantes disminuyen tradicionalmente y se trasladan a las grandes urbes o a las ciudades costeras, como ocurre en España desde mediados del siglo XIX. Más de 40 millones de habitantes residen en Madrid y la costa, mientras que solo poco más de 6 habitan en el 70% del territorio. Se pretende luchar contra el desempleo y mejorar la cohesión social mediante un mejor funcionamiento de los servicios públicos.

Sin embargo, intentos anteriores se han encontrado con dificultades de doble tipo. Por una parte, las autoridades regionales cuando son de color político diferente al gobierno central, han protagonizado desplantes protocolarios o ausencias sistemáticas que en nada han contribuido a la colaboración interinstitucional. Por otra parte, las capitales de los Estados son la tradicional cantera de los funcionarios que, al proceder y residir en ellas, se resisten a trasladar su lugar de residencia. Los sistemas selectivos más accesibles en las grandes ciudades o las afinidades partidarias, habitualmente más extendidas, hacen el resto.

La centralización permite aspectos positivos como la extensión de la decisión a todo el territorio y si hay funcionarios que puedan ejecutar las instrucciones consiguen o se aproximan a la igualdad en la efectividad de las políticas. Pero debe preocuparnos si no llegan los funcionarios, si no hay recursos, si la dispersión de la población es tan grande que impide incluso el funcionamiento de la política educativa, porque no hay maestros o recursos suficientes para realizar la política pública educativa en condiciones de igualdad. Como se ha señalado insistentemente no es desde el pasado, sino del presente y mirando hacia el futuro como construimos la virtud y las instituciones necesarias para el bienestar (Prats, 2006).

La descentralización y desconcentración conviene a los ciudadanos porque pueden pasar de una situación de abandono a disfrutar en condiciones de igualdad de algunas políticas públicas básicas como la educación, la sanidad o la construcción de infraestructuras que les faciliten el acceso a otras necesidades.

La digitalización de procedimientos y la extensión de las coberturas de Internet por todo el territorio puede contribuir a paliar algunas carencias y a generar posibilidades de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con los habitantes de las grandes urbes.

La doctrina de la subsidiariedad, tan proclamada como inédita en muchos países, proporciona un importante marco conceptual para la provisión de bienes públicos: la provisión de bienes y servicios públicos debería ser gestionada en la escala más baja de la gobernanza viable para los bienes y servicios en cuestión. (Sachs, 2021)

Todo se trastoca, sin embargo, con la guerra de Ucrania. Numerosos gobiernos están variando el destino de sus políticas públicas incrementando sustancialmente los gastos de Defensa. En Alemania, país que desde 1945 había tenido como norma la contención de este tipo de gastos, ha emprendido una nueva senda, la Zeitenwende, (cambio de era) que consiste en aumentar la dimensión de su Ejército, participar más en las contiendas internacionales e incrementar los gastos en armamento. Estamos seguros de que otros muchos países van a emprender lamentablemente ese camino, en detrimento de otras políticas como por ejemplo cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Artículo disponible en El Nacional.