En Sevilla (España) durante dos días, hemos tenido la oportunidad de participar en el III Congreso de Organización y Gestión de las Personas al Servicio de las Administraciones Públicas y de Dirección Pública, que organiza el Instituto Andaluz de Administración Pública y ha reunido decenas de expertos, debatiendo sobre aspectos relacionados con la dirección pública y los componentes éticos del trabajo directivo. A propósito del nombramiento de miles de cargos en los diversos países, tanto en el ámbito nacional como regional o local, para el desarrollo de las políticas públicas, se concluye la necesidad de formar adecuadamente a los directivos públicos, que deben añadir a su profesionalidad y dedicación, la inexcusable lealtad a la dirección política emanada de la decisión ciudadana mediante las urnas.

El nombramiento, después de elecciones, de los altos cargos connotados políticamente, miembros del partido o de proximidad ideológica intensa, en ejercicio legitimo del resultado electoral y en el marco de las normas fundamentales de cada Estado, suele venir aparejado con un sismo, que produce alteraciones de profundidad excesiva en las administraciones públicas. Con excesiva frecuencia, los cambios alcanzan a niveles medios o subordinados de la administración. En sectores de la dirección de los partidos políticos en el sistema democrático, resiste una percepción de distancia y oposición virtual entre el ámbito directamente político y el directivo.

Personalmente, fui protagonista de las palabras de agradecimiento de un alto cargo por las gestiones realizadas al comienzo de su mandato y al que hubo que explicar que la alta dirección pública profesional está para servir al poder político, en el marco de las leyes vigentes, aunque su color o matiz no sea de especial sintonía para el directivo público.

Esta situación, en los países más desarrollados, especialmente en Reino Unido desde principios del siglo XX y en los demás algunos años más tarde, no produce merma de la actuación política de los ganadores de los procesos electorales, sino un incremento de la eficacia en las políticas públicas al combinar la legitimidad democrática con el conocimiento experto.

Recientemente, numerosos autores recuerdan la necesidad de hacer cumplir en el consenso de Cornwall (Cornualles), que ojalá tenga la extensión y profundidad en su cumplimiento del Consenso de Washington, que después de la pandemia parece definitivamente enterrado. El de Washington minimizó el papel del Estado en la economía y presionó a favor de una agresiva agenda de libre mercado, desregulación, privatización y liberalización comercial; el Consenso de Cornwall invertiría esos mandatos. La revitalización del papel económico del Estado, nos permitiría dedicarnos a implementar metas sociales, crear solidaridad a escala internacional y reformar la gobernanza mundial en pos del bien común. (Mariana Mazzucato ,18/10/21)

Aunque la función de administrar en las administraciones públicas es similar en todas las organizaciones, al ser los temas de recursos humanos, planificación, presupuesto, comunicaciones y capacidad de negociación y relación los aspectos más relevantes, conviene estar específicamente formados y desarrollar estas materias para opciones diferentes en materia política.

En definitiva, se trata de ser competente como administrador, o administradora, como están demostrando las mujeres en todos los países latinoamericanos, tal como se ha señalado en el II Simposio de Igualdad de Género en los niveles directivos de las administraciones públicas celebrado en Lisboa organizado por el CLAD. La Declaración de Lisboa señala que a pesar de que las mujeres son más numerosas en las administraciones públicas, la mayoría de los cargos superiores siguen ocupados por hombres.

En numerosos países, en una tendencia desde comienzos del siglo, se acercan ya a 40% en los niveles directivos y superan este porcentaje en los niveles medios de las administraciones. En el ámbito directamente político, la aparición de ministras y secretarias de Estado en la mayoría de los países es una tendencia poderosa que deseamos que contribuya a la mejora de la prestación del servicio y al fortalecimiento de la dirección pública.

Esta combinación entre la competencia y la dirección política que pueden conformar la pareja de políticos y administradores no exime de errores a las administraciones públicas. Dice el refrán que “hasta el mejor escribano echa un borrón” y la historia nos lo demuestra. Unas veces será el cortoplacismo al que de forma inevitable parece abocado el político, otras la demanda de seguridad que siempre procura el administrador. De su buena relación seguramente se deriven éxitos que mejoren la prestación de los servicios a los ciudadanos y la eficacia de las políticas públicas.

@sgeneralClad

Artículo disponible en El Nacional.