La crisis generada por la COVID-19 ha acelerado los procesos de digitalización en todo el mundo, poniendo de relieve las carencias y vacíos, no solo de los Estados, sino también de las empresas y las sociedades. Sin duda, estamos frente a un enorme desafío en el marco del avance indetenible de la cuarta revolución industrial y la era digital.
A lo largo de los ocho meses de restricción de la movilidad como medida necesaria para contener el virus, se han incrementado, como nunca, el teletrabajo y la digitalización, poniendo a prueba la capacidad de las redes de telecomunicaciones para cubrir situaciones extremas de híper-conectividad en todos los campos.
Esto exige a gobiernos y empresas un gran esfuerzo en los próximos años para elevar la conectividad digital a lo largo y ancho de nuestros territorios, de manera que se logren reducir las grandes brechas que actualmente existen.
En América Latina, de acuerdo a la CEPAL, tenemos 40 millones de hogares sin conectividad a internet que no pueden participar en teletrabajo o teleducación. Y unos 32 millones de menores están excluidos de la educación telemática. Sin duda, la brecha de acceso a las tecnologías digitales se está convirtiendo en un nuevo rostro de la desigualdad.
Pero la disminución de la brecha digital no es suficiente. Simultáneamente, deberán elevarse la disponibilidad de herramientas y equipos adecuados para todas las poblaciones y el impulso sostenido de capacitación digital, no solo de servidores públicos, sino también de trabajadores, empresarios y toda la comunidad educativa.
Esos esfuerzos deberán acompañarse con el apoyo a la digitalización de las empresas y la reorientación del modelo productivo hacia economías más sostenibles, que aumenten la productividad, reduzcan la desigualdad y mejoren el bienestar de la gente.
Ante esos retos de unas tecnologías que durante la pandemia han sido fundamentales en el campo de la salud, el aprendizaje y el comercio electrónico, es imprescindible que los gobiernos de nuestros países desarrollen capacidades digitales propias con el fin de contribuir al desarrollo de soluciones adecuadas, justas y sostenibles.
En este contexto, la propuesta de Afán es apostar al impulso de gobiernos digitales con estrategias y agendas digitales audaces, que aprovechen todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y estén orientadas a producir la transformación digital que necesitan nuestros países para caminar hacia economías dinámicas y sostenibles y sociedades del conocimiento abiertas, justas y democráticas.
Dichas agendas deberán, en consecuencia, apuntar a reformas e inversiones que aseguren al menos:
En esta perspectiva, gobierno digital no es solo un gobierno que usa computadoras y facilita algunos trámites en línea. Y la agenda digital no apunta solo a asegurar internet para todas y todos, aumentar el número de computadoras o llenar las calles de video cámaras.
Gobierno y agenda digital suponen una profunda transformación estructural y cultural en el Estado y en la sociedad, que solo se pueden lograr sobre la base de una amplia participación, tanto de las administraciones públicas como del sector empresarial, la academia y la sociedad civil.
Ese es el verdadero reto al que se enfrentan nuestros gobiernos. Y deben asumirlo sin demora. Solo con gobiernos digitales que contribuyan a la transformación digital de nuestras empresas y sociedades, nuestros países podrán dibujarse como protagonistas en la era digital y asegurar su entrada definitiva al mundo de la inteligencia y el conocimiento.
Artículo disponible en Afán.