Del 20 al 21 de mayo el Secretario General del CLAD, Dr. Conrado Ramos Larraburu, participa en este encuentro que busca promover, en el Estado y sus instituciones, el lenguaje claro, comprensible y accesible para los ciudadanos.

El Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Dr. Conrado Ramos Larraburu, participa en la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, organizada por la Real Academia Española (RAE).

El evento, que se celebra en la sede de la institución, en la ciudad de Madrid, desde el 20 hasta el 21 de mayo, cuenta con la presencia de Su Majestad Felipe VI, Rey de España, quien se encargará de realizar el acto de clausura junto al Secretario General Iberoamericano (SEGIB), Dr. Andrés Allamand.

El CLAD apuesta por el lenguaje claro en la administración pública

Durante el primer día del evento, el Secretario General del CLAD destacó la ponencia de la Dra. Sara Sieira Mucientes, Secretaria General del Senado de España.

En su intervención, la Dra. Sieira planteó la pregunta: “¿Puede el lenguaje jurídico ser claro y a la vez no sexista e inclusivo?” y recomendó utilizar palabras invariables y recurrir al desdoblamiento de género solo cuando sea necesario.

El Dr. Conrado Ramos, por su parte, enfatizó la necesidad de trabajar en el lenguaje claro, evitando sustitutivos, modificativos y normas que dificulten la comprensión ciudadana. Además, señaló que el CLAD promoverá esta discusión en su Consejo Directivo y Secretaría General, adhiriéndose a la postura de la Real Academia Española en la promoción del lenguaje claro en la administración pública.

Un marco para el lenguaje claro y accesible

En la primera reunión de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro se sentarán las bases para su funcionamiento y se abordarán temas cruciales como:

Definición de la estructura organizativa y las normas de funcionamiento: se establecerá el marco legal y operativo que regirá la Red, incluyendo la composición de sus órganos, las responsabilidades de cada miembro y los procedimientos de toma de decisiones.

Criterios de claridad lingüística y su certificación: se establecerán los parámetros que definirán qué se considera un lenguaje claro y accesible, así como los mecanismos para certificar que las instituciones y entidades cumplen con estos estándares.

Acciones de vigilancia y verificación: se definirán las estrategias para monitorear el uso del lenguaje claro en la región y para evaluar la calidad del español utilizado en la comunicación pública y privada.

Mecanismos de auditoría lingüística: se establecerán los procedimientos para realizar auditorías lingüísticas a las instituciones y entidades que lo soliciten, con el fin de identificar áreas de mejora y ofrecer recomendaciones para optimizar su comunicación.

Aplicación del lenguaje claro y accesible: se discutirán y propondrán medidas para promover la implementación del lenguaje claro en todos los ámbitos de la vida hispanohablante, incluyendo la administración pública, el sector privado, la educación, los medios de comunicación y la sociedad civil.

¿Qué es la Red Panhispánica de Lenguaje Claro?

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro, impulsada por la Real Academia Española (RAE), se fundó el 9 de junio de 2022 en Santiago de Chile y se constituye como un foro de reflexión y debate con carácter multidisciplinario, naturaleza abierta e integradora y dimensión universal.

A través de la Red, las instituciones trabajarán en iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro y accesible en los organismos del Estado, las instituciones públicas, las entidades privadas que prestan servicios de interés general, así como en todos los ámbitos de la comunidad hispanohablante.

El objetivo principal de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible es promover un consenso sobre los estándares de lenguaje claro, comprensible y accesible en español, que propondrán la RAE y las Academias de la Lengua Española, con el fin de que puedan ser adoptados por los distintos organismos del Estado en la redacción de normas y documentos públicos, así como por las instituciones y entidades privadas en sus comunicaciones con los ciudadanos.