Ayer 31 de octubre, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumplía 18 años alcanzando su mayoría de edad legal. Tal y como establece nuestro ordenamiento constitucional, la heredera de la Jefatura del Estado debía jurar la Constitución española. El acto, que se celebró en el Congreso de los Diputados, confirma y simboliza la primacía de la Constitución sobre la Corona. Por eso resulta paradójica y en cierta medida contradictoria la ausencia de los diputados de Esquerra, Bildu, BNG, PNV, Junts y la mayoría de los de Sumar. Aún más llamativa resulta la ausencia de Irene Montero, Ministra de Igualdad, Alberto Garzón, Ministro de Consumo y Ione Belarra, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta última quiso dejar negro sobre blanco -en un tweet –  que “trabajaré para que Leonor no sea nunca reina”; siendo la ministra de asuntos sociales cabe preguntarse si no tiene tareas más urgentes e importantes a las que dedicar sus esfuerzos, que dicho sea de paso, le retribuimos todos los españoles. Estos tres miembros del Gobierno de España guardarán, seguramente en lugar secreto, el decreto de su nombramiento firmado por el Rey Felipe VI. Reconocer la rúbrica del Rey para ser ministros no parece que les haya causado ningún trauma. Tampoco han rechazado ser diputados los que ayer se conjuraron a acabar con la monarquía y la Constitución, la misma Constitución que hace posible que ellos sean diputados. Es decir, para ser cargos públicos y electos «sí a la Constitución y a la Monarquía”. Pero para acompañar el compromiso solemne de la Corona con la Carta Magna, ante los representantes de la soberanía nacional “estoy en contra”, boicoteo la misma Norma que me otorga mi condición de diputado/a y ministro/a. Es la manifestación más evidente del “no saber estar”, de confundir la ideología con el respeto a las instituciones y de pretender ser por la mañana activista revolucionario y por la tarde “Señoría”.

Nuestros representantes ofendidos por el acto de jura de la Constitución de la heredera a la Jefatura del Estado parecen ignorar algunas valoraciones de la opinión pública a las que deberían prestar mayor atención. Según los últimos datos demoscópicos de la consultora GAD3 -el CIS no incluye esta pregunta en sus encuestas desde 2015 – el 75% de los españoles aprueba la gestión del Rey Felipe VI. Desde 2014, tras la abdicación de su padre, el actual Rey ha logrado mejorar notablemente la valoración de la Corona y ello en circunstancias políticas y personales enormemente difíciles.

Podemos comparar este dato con el de la confianza de los españoles en los partidos políticos que en el estudio «Cultura Política en España 2023» de la Fundación BBVA,  arroja el lamentable dato de un 4%, tan solo empeorado por la confianza en las redes sociales y los bancos. La misma encuesta afirma que el vínculo entre los ciudadanos y los partidos políticos es, desgraciadamente, más débil que nunca. Puede que en vez de trabajar para acabar con la Corona y con la Constitución los líderes políticos de las formaciones que ayer boicotearon el juramento de Leonor de Borbón, deberían preguntarse porqué la ciudadanía se aleja progresivamente de ellos.

Tan constitucionales (e importantes) son los partidos políticos como la Corona. Los ampara y defiende la misma Carta Magna que todos ellos tienen la obligación de “cumplir y hacer cumplir”. Y la Constitución no se puede trocear para aprovechar de ella lo que nos conviene y rechazar lo que no se ajusta a nuestras ideas. La Constitución es un todo y toda ella debe cumplirse y respetarse.

Muchos pensamos que es hora de reformar la Constitución del 78. Según la encuesta de la Fundación del BBVA, 38% de los españoles creen que debe modificarse parcialmente y el 31% prefiere una reforma profunda.

Se trata de reforzarla, de adaptarla a una España que se parece poco o nada a la de 1978; reformarla para que siga siendo la guía del nuestro ordenamiento jurídico y de la buena convivencia entre todos. Pero la Constitución contiene las reglas para su modificación y sólo puede hacerse a través de las normas que en ella se fijan. Las reglas del juego están establecidas y fueron votadas por la inmensa mayoría de los españoles; no se cambian las reglas a mitad del partido ni por la impugnación de una de las (pequeñas) partes.

Las señorías que ayer decidieron comportarse con esa falta de respeto hacia las instituciones que ellos mismos representan se equivocan gravemente al despreciar lo difícil que ha sido construir una institucionalidad democrática en España. Una impresionante tarea que han realizado el conjunto de  los españoles y que merece ser reconocida con todos los honores.

Fuente: https://www.republica.com/opinion/cronicas-libres/leonor-y-la-constitucion-20231101-13441979246/amp/