En Argentina, el rol de las organizaciones de la sociedad civil ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Las primeras nacieron a mitad del siglo XIX, siendo contemporáneas del proceso de constitución del Estado nacional. Cumplieron la función tanto de organizar la competencia de las élites por el poder como de la defensa de intereses sectoriales. Ya en el siglo XX, emergieron nuevas organizaciones con nuevos objetivos, como el de la producción de bienes colectivos.

En particular, con el advenimiento de la democracia, la sociedad civil ha adquirido creciente protagonismo a partir del despliegue de una serie de acciones en la arena pública: desde la prestación de servicios a poblaciones vulnerables hasta el enriquecimiento del debate con nuevas ideas, la movilización social, la implementación de programas gubernamentales, la promoción de nuevas leyes o el monitoreo de medidas de gobierno.

Entrado el siglo XXI, no caben dudas de que las organizaciones de la sociedad civil –sobre todo, aquellas que persiguen el fin de promover cambios sociales o “incidir”– están llamadas a cumplir, como mínimo, dos papeles fundamentales. El primero, en relación con el Estado: acompañar a la gestión pública, aportando conocimiento, buenas prácticas y diálogo con el resto de los actores sociales. El segundo, en relación con el mercado: oficiar de aliados, no solo para la adopción de un enfoque socialmente responsable, sino también para la medición de los impactos éticos, económicos, sociales y ambientales de las acciones y decisiones de una empresa.

En el futuro, la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado probablemente experimentará transformaciones significativas. Los desafíos globales obligan a trabajar de manera interdependiente a los tres sectores, generando fuertes sinergias. El Estado desempeñará un papel crucial en la regulación y equilibrio de las fuerzas del mercado para garantizar el crecimiento, la equidad y la sostenibilidad. La sociedad, a través de sus organizaciones y potenciada por los avances tecnológicos y la creciente conectividad, exigirá una mayor transparencia, inclusión y participación en los procesos de toma de decisiones. El mercado, impulsado por la innovación y la competencia, seguirá siendo un motor poderoso del crecimiento económico y la creación de riqueza. Sin embargo, también se esperará que adopte prácticas éticas y responsables que se alineen con los objetivos sociales y ambientales más amplios. Esta relación requerirá una colaboración activa, una gobernanza adaptable y un diálogo continuo entre el Estado, la sociedad y el mercado para abordar de manera efectiva los desafíos complejos del mundo moderno.

Ese diálogo continuo es parte esencial del concepto de responsabilidad social empresaria, el cual ha ido evolucionado en los últimos años hacia un enfoque que propone que las organizaciones integren en su gestión la medición de dichos impactos (ASG o ESG, por sus siglas en inglés). Esta perspectiva es cada vez más relevante para dimensionar el valor de las empresas: se considera que los riesgos y oportunidades derivados de los factores ASG pueden afectar los flujos de efectivo y la estabilidad financiera de las empresas y, por ende, su sustentabilidad.

Producto de este nuevo enfoque, los estándares globales se han complejizado, impactando a su vez en las demandas de los mercados, los que interpelan tanto a empresas del sector privado como del sector público. Estas últimas son altamente relevantes para el desarrollo sostenible dada su alta participación en sectores estratégicos de la economía. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una de cada cinco de las empresas más grandes a nivel mundial es una empresa estatal, y su papel como competidores globales continúa creciendo.

Tanto las empresas del sector público como del sector privado son fundamentales para el desarrollo económico y social sostenible. En vistas de ese objetivo, desde Cippec buscamos promover la gestión de factores ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas, a partir de la construcción de una agenda común entre el sector público y el privado, entendiendo que encontrar coincidencias resulta esencial para el presente y futuro de nuestro país.

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