Al analizar las características del empleo público, se tienen en cuenta diversos factores relacionados con los sistemas de selección, la composición por género, las retribuciones, su número en relación con la población activa. Una función pública profesional constituye un requisito para el funcionamiento eficaz de las administraciones, para el cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Por esta razón, servidores públicos competentes pueden contribuir de manera considerable a un funcionamiento eficaz de los servicios públicos. Sin embargo, también los miembros de la sociedad con grados de discapacidad que los haga idóneos para el desempeño de la función pública tienen derecho a que los concursos y pruebas de acceso consideren especialmente esta circunstancia.

En 1982, en el Programa de Acción Mundial sobre Personas con Discapacidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó el derecho de estas personas a la igualdad de oportunidades y a la participación plena en las actividades económicas y sociales. En su calidad de empleadores, con frecuencia los de mayor volumen, los Estados deben crear condiciones favorables para el empleo de personas con discapacidad en el sector público, se indica. Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad que fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante Resolución 48/96, de 20 de diciembre de 1993, reafirman este derecho.

La integración de las personas con discapacidad es responsabilidad del conjunto de la sociedad, no solo del Estado, y debe comprender otros aspectos como la atención médica, pero también la posibilidad de trabajar para el propio Estado, que tiene la obligación de establecer las pruebas de acceso adecuadas a la discapacidad registrada.

En la actualidad, cerca de 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe, lo que representa 14,7% de la población regional. Los datos indican que los hogares donde viven personas con discapacidad son más pobres y en 1 de cada 5 hogares en situación de pobreza extrema, vive una persona con discapacidad.

Solo 30% de las personas con discapacidad tiene acceso a un empleo, según consigna un informe elaborado por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Las dificultades de las personas con discapacidad se extienden también al acceso a la educación. En México, por ejemplo, solo 30,1% de los jóvenes con discapacidad se encuentra dentro del sistema educativo. Haber pasado por el sistema educativo es esencial para que posteriormente tengan acceso a un empleo digno. Puede afirmarse que las condiciones de trabajo de personas con discapacidad son peores que las de aquellos empleados sin discapacidad, con empleos muy precarios y sueldos notoriamente inferiores.

La situación de las personas con discapacidad se caracteriza por extrema pobreza, tasa elevada de desempleo, acceso limitado a los servicios públicos de educación, atención médica, vivienda, transporte, legales y otros; en general, su posición social y cultural es marginada y de aislamiento.

Cabe destacar el cambio paulatino de la terminología empleada en la legislación: desde términos como impedidos, disminuidos y minusválidos, hasta la incorporación y aceptación del término “discapacidad”, que es más respetuoso y específico. También se puede observar la evolución del papel del Estado, desde las posiciones asistencialistas y proteccionistas, hasta dar paso a la participación, la autogestión y la participación comunitaria.

Las personas con discapacidad son excluidas del mercado laboral de forma abrumadora. Uno de cada dos jefes de familia con discapacidad está inactivo, es decir, no trabaja ni busca trabajo. La inactividad tiene un impacto mayor en las mujeres con discapacidad: 57% de ellas están inactivas, en comparación con 40% de sus pares masculinos con discapacidad.

Las políticas de inclusión de las personas con discapacidad han producido resultados modestos. Un ejemplo es el sistema de cuotas para contratar a personas con discapacidad en el sector público (y cada vez más en el sector privado) que existe en 18 países. Sin embargo, estos programas han resultado insuficientes, en parte porque no están acompañados de esfuerzos paralelos para fortalecer la acumulación de capital humano de los beneficiarios potenciales mediante la educación inclusiva o la adecuación de sus capacidades. En ocasiones, además, el criterio igualitarista juega en contra de estas personas pues se exige la superación de pruebas de acceso de imposible cumplimiento o de dificultad extrema, como el dominio de idiomas a personas sordas.

Para que las cuotas funcionen debe haber una masa crítica de beneficiarios elegibles—con educación secundaria y terciaria—y campañas de concientización que disipen prejuicios sobre la productividad de las personas con discapacidad y los costos de su inclusión.

Las personas con discapacidad se ven afectadas de forma persistente por modelos mentales discriminatorios y estigmas. Los estudiantes con discapacidad, por ejemplo, son objeto de acoso escolar en niveles más altos que sus compañeros sin discapacidad.

¡Queda mucho por hacer!

Artículo disponible en El Nacional.