Demasiados equívocos. Un gobierno no puede desperdiciar de esa manera su capital político. El Presidente anuncia un acuerdo de cese del fuego bilateral con cada una de las organizaciones armadas y cuando todos aplauden, el Eln dice que no había acordado nada con el Gobierno. Pareciera que ni el jefe de la negociación ni los militares estaban informados. Nada estaba listo. Lo mismo había sucedido antes con la compra de los aviones de combate; y antes, con la suspensión de las exploraciones petroleras; y antes, con una larga lista de anuncios y proclamas políticas que tuvieron que ser reversados. No eran viables o no estaban preparados.

Petro tuvo razón cuando dijo que “el primer obstáculo de un gobierno está en su propio interior: sus normativas, los procedimientos construidos y escritos a través de normas”. Allí están las fuerzas que amenazan cualquier proyecto político. A través de ellas se expiden las normas e imparten las instrucciones que terminan bloqueando los gobiernos.

Pero se equivoca en los responsables del problema. Se comprende que diga a los indígenas que las “normas hechas por terratenientes desde hace siglos y por los privilegiados del Estado a los que ha enriquecido de manera enorme” no lo dejan gobernar. Sirve para la tribuna, pero no explica lo que está sucediendo: son sus coequiperos quienes le tienen bloqueado al Gobierno. En su intención de agradar al Presidente, lo llevan a hacer anuncios y declaraciones, o lo ponen a publicar decisiones por Twitter, que luego tiene que reversar. Están más preocupados por atenderlo y aplaudirlo que por asegurar la calidad de sus decisiones y resultados.

El mejor ejemplo está en la circular emitida por el director de la Función Pública y el director (e) de la Esap, dirigida a las entidades nacionales y territoriales del Ejecutivo. El documento contiene los lineamientos del Plan Nacional de Formalización del Empleo Público, que buscan cumplir la promesa de acabar los contratos de prestación de servicios profesionales. Sin tener competencia para hacerlo, la directiva señala, ordena y regula mecanismos, procedimientos, condiciones y tiempos de vinculación y permanencia contractual con el Estado que, además de estar regulados por ley, resulta imposible hacerlos porque no hay plata prevista o tiempo disponible. Resultado: 970.000 contratistas en el aire. Alcaldes y gobernadores quedan ante una circular que interfiere su gestión y bloquea las contrataciones que tienen listas para su último año de gobierno.

La circular quedó tan mal que la propia ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, no solo tuvo que salir a aclarar que esos “lineamientos” hacen parte de un proceso de ajuste gradual y sistemático con las entidades que ya se venía adelantando de manera coordinada con los responsables de la política de empleo público en el país. También hizo pública su extrañeza por la emisión de la circular “no solo sin atender nuestras recomendaciones y los principios legales, sino omitiendo algunas de sus funciones que debe adelantar en coordinación con el Ministerio del Trabajo”.

Si se venía trabajando coordinadamente, ¿por qué se expide la circular? ¿No se dan cuenta de que con semejante texto se paraliza la administración pública? ¿No hay en Presidencia quien ‘ataje’ o, por lo menos, ‘controle’ a estos funcionarios con iniciativa? Lo cierto es que nadie se responsabiliza por los equívocos y las explicaciones del vocero oficial no dejan claridad alguna.

Un presidente no puede exponerse al ridículo de que lo contradigan o desmientan. Su equipo le debe procesar la información para evitar que eso pase. Quisiera pensar que fue una falla de su equipo la que lo llevó a publicar su “acuerdo del cese bilateral”. Pero si fue el Presidente el que quiso forzar una situación que no era, ni iba a ser real, antes de arrancar a expedir decretos, alguien debió alertar al mandatario, porque el costo era muy alto. El capital político no se puede desperdiciar así. El enemigo está en casa.