Algunas señales anuncian nubarrones con amenaza de tormentas que generarán fuertes descargas a las administraciones públicas. Las redes sociales de, por ahora, imposible fiscalización pública, están siendo controladas por intereses privados, como acaba de demostrar Elon Musk tras la compra de Twitter y sus continuos anuncios sobre los contenidos y el futuro desarrollo de esta red social.

La inteligencia artificial, especialmente mediante sus algoritmos, amenaza igualmente horadar los tradicionales puestos de trabajo de la primera organización empleadora en la mayoría de los países, pues en América Latina supone alrededor de 12% y en los países OCDE 22%. La razón es clara: si podemos automatizar millares de procesos administrativos mediante la inserción de nuevos procedimientos digitalizados y la introducción de robots, es evidente que algoritmos automatizados resolverán las peticiones ciudadanas más comunes que resuelven ahora la mayoría de los empleados públicos.

Este análisis no estaría completo sin citar la externalización existente de la resolución de expedientes, que por su complejidad o número necesitan, siquiera sea temporalmente, la participación de empresas privadas de consultoría, como parece demostrar la gestión de los fondos comunitarios pospandemia en algunos países europeos.

Todos estos hechos presentes en nuestra vida diaria obligan a replantearse incluso la composición interna de los recursos humanos de las administraciones, que ya no pueden seguir siendo igual que hace unos pocos años. Las tecnologías omnipresentes y, sobre todo, su capacidad de relacionarlas con las necesidades organizativas es imprescindible para una prestación eficaz de los servicios. No se trata solo de tener en las administraciones funcionarios capacitados, sino también personal que sea capaz de innovar apoyado en las tecnologías para que las administraciones no pierdan la senda del progreso. En este sentido, se augura que el reparto del trabajo para 2025 será de 50% entre humanos y robots (Campos Ríos, 2022).

Las administraciones públicas de los países deben hacer frente a importantes desafíos para que las amenazas sean convenientemente paliadas. Deben afrontar el desafío de la innovación acelerada, poniéndose al frente de los cambios no solo tecnológicos. Como ha sucedido en otras épocas, las administraciones están obligadas a estar en la vanguardia, no ser una rémora y apoyarse en los institutos de investigación públicos y en las universidades.

Uno de los asuntos en que las administraciones públicas deben manejar el timón con firmeza es todo lo relacionado con el cambio climático, que no es ya un proyecto sino una realidad con especial repercusión en los países menos desarrollados. La cumbre de Egipto COP27, celebrada recientemente, hace en sus conclusiones especial hincapié en este tema.

Es  una sociedad y una administración pública que están transformándose velozmente en virtud de algoritmos, inteligencia artificial, robots. En países no desarrollados vemos la introducción de vectores y actuaciones de las administraciones basadas en estos avances tecnológicos. En consecuencia, no parece desmesurado adelantar que en buena medida la administración del futuro tendrá más actuaciones automatizadas que desarrolladas por los funcionarios de forma rutinaria.

Sin embargo, no será posible la sustitución de todos los procedimientos y actuaciones de las administraciones públicas, que seguirán siendo liderados por los servidores públicos, que deberán encargarse entre otros asuntos del control de las actuaciones y de la evaluación de los resultados de los procedimientos administrativos resueltos de forma automatizada. Los problemas éticos existentes ya en los procedimientos realizados mediante algoritmos no han hecho más que empezar y de sus resultados habría que reflexionar como Rafael Cadenas en 1963, cuando escribió «me arrimo a las paredes para no caer del todo».

Uno de los grandes desafíos de América Latina y de muchos países en el mundo es la profesionalización de la administración, que en lo referente a la permanencia y métodos de selección de los recursos humanos debe no solo extenderse sino erradicar la convivencia con otros sistemas clientelistas, tan lamentablemente extendidos.

El desarrollo actual de los países genera preocupación entre los servidores públicos y sus organizaciones representativas en lo referente al empleo en las administraciones públicas. La reflexión es obvia. Si automatizamos los procedimientos e introducimos digitalización y robots, podría resentirse el empleo de las administraciones públicas. Sin embargo, las referencias históricas de las revoluciones industriales contestaron a este interrogante creando más empleo, aunque diferente.

Los esfuerzos no deben dirigirse a oponerse a la IV revolución industrial, sino a cambiar el tipo de trabajo administrativo existente y en su caso, como han comenzado a hacer ya algunas grandes empresas multinacionales, a desarrollar el teletrabajo o a combinarlo con la reducción de la jornada laboral, cuya duración, de ocho horas diarias y cinco días a la semana, ya supuso un gran salto adelante en las reivindicaciones de los trabajadores a principios del siglo XX (1917/1919). Hoy puede que su reducción, combinada con salarios dignos, sea también una solución.

Artículo disponible en El Nacional.