Continuamente hablamos de inteligencia artificial. De forma insistente se refieren a ella los artículos científicos, la prensa y las redes sociales. Pocas veces de inteligencia gubernamental o de la administración. La necesidad de un gobierno inteligente es puesta de manifiesto con frecuencia refiriéndose a que son administraciones que hacen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de forma sofisticada (Campos Rios y Castro,2022). Al hacerlo, se destacan más que logros, que existen, carencias de todo tipo, relacionadas con la brecha digital o con la escasa voluntad de los gobiernos de llevar a cabo programas ambiciosos en la materia que sorteen las alternancias políticas en el gobierno.

Sin embargo, para superar las dificultades, solventar problemas y anticiparse al futuro, es necesario también que los empleados públicos sean inteligentes y utilicen la inteligencia fomentados por sus instituciones. Cada vez es menos real aquella consideración de los servidores públicos que ponía la honestidad como necesidad muy por encima de los conocimientos. Hoy los comportamientos ilícitos son sobre todo controlados por los sistemas de rendición de cuentas y transparencia, pero los conocimientos técnicos, como García Pelayo destacó, son determinantes para el éxito o el fracaso de un gobierno. No pueden abordarse las políticas públicas, los planes de contingencia, las regulaciones y procedimientos sin los conocimientos técnicos adecuados y sin el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las soluciones están por construirse, y el proceso de hacerlo está afectado por numerosas áreas de incertidumbre, dilemas, conflictos de interés, choques de tradiciones y controversias de valores. (Longo 2016).

La inteligencia procede del estudio y el conocimiento de los problemas a los que hay que añadir la experiencia, el trabajo en equipo y la mezcla de saberes sobre los diversos temas que vengan al caso. Pero en los últimos años, coincidiendo con la modificación de los comportamientos de la clase política, cada vez más sumisa a las necesidades de comunicación e imagen y más lejana al conocimiento profundo de cualquier tipo de especialización, el recurso a la inteligencia externa es común y continuo.

Con asiduidad, se recurre a una ayuda externa de cierto prestigio para la realización de un plan o proyecto. Nuestro proyecto cobra relieve y reconocimiento si viene avalado por una firma de consultoría de prestigio, especialmente si es internacional. Esta se encargará, además, de realizar la adecuada publicidad de la actividad para que sea reconocida como innovadora y transformadora.

No conviene al proyecto recordar los fracasos de estas firmas, pero también los ha habido y graves. Por no hablar de las fraudulentas auditorías avalados por multinacionales de la consultoría que han constituido fracasos mundiales y que han obligado incluso a su desaparición. (Arthur Andersen/Enron).
Este fenómeno, de proporciones mundiales, se denomina externalización y contiene múltiples variantes, siendo probablemente el Reino Unido el país donde mayor desarrollo ha tenido esta forma de hacer las cosas, que es en definitiva la mejor definición de cultura de las organizaciones. Un credo de la gestión pública que menosprecia la habilidad gubernamental para actuar con eficacia y promueve la privatización ha fomentado en gran medida la externalización de la capacidad del Gobierno al sector privado. (Mazzucato 2021)

Es inevitable y en la mayoría de los casos positivo, recurrir a las ayudas externas o la colaboración público/privada para la solución de los asuntos sobre los que la administración pública no tiene los conocimientos o elementos necesarios para su solución. Sin embargo, es necesario también contar con el talento interno con frecuencia desaprovechado. Hay gran cantidad de talento en la administración pública al que no se capacita suficientemente y al que se educa en todo caso en la cultura profunda de no riesgo o no innovación.

La necesidad de inteligencia y preparación suficiente en las administraciones públicas debe ser establecida como una necesidad por parte de los responsables políticos, pues no es superflua la existencia de colaboradores avezados, con experiencia y conocimientos para el éxito de las políticas públicas. El ministro era evidentemente el representante del poder político, tenía que defender sus criterios políticos guiándose por las propuestas de sus funcionarios especializados subordinados o dándoles las correspondientes directrices de naturaleza política (Weber 1919)

Para que las políticas públicas generen valor en la sociedad, se precisa la dirección de quienes han sido elegidos por los ciudadanos, pero procede igualmente tener en cuenta el conocimiento de los funcionarios especializados a los que hay que seleccionar por sus habilidades y experiencia, de forma que la alianza entre ambos genere inteligencia, que aliada con la procedente de ciudadanos y empresas, logre mayores cotas de eficacia en las políticas públicas y mejore la confianza ciudadana. También la inteligencia de los ciudadanos, de manera que la inteligencia sea colectiva. No debemos olvidar, en consecuencia, que la inteligencia se genera esencialmente en los seres humanos, aunque las máquinas aprenden cada vez más rápidamente.

Artículo disponible en El Nacional.