La pospandemia va a aflorar otras dificultades de las políticas públicas y de la administración. Hay que destacar la falta de confianza de los ciudadanos en la política y en la administración, asunto que tiene mucho que ver con la ineficaz prestación de los servicios públicos. Este hecho, aunque generalizado en la mayoría de los países no debe ser olvidado. Cuando la prestación de un servicio se realiza eficazmente, la sensación del ciudadano tiene más que ver con el asombro (en cuyo caso no faltan explicaciones esotéricas, ¿por qué habrá sido? ¿He tenido suerte?) o la incredulidad alegre con la constatación de que los esfuerzos de la administración y de los servidores púbicos han sido un éxito. Es probable, además, que detrás del servicio bien prestado haya mucho trabajo y dedicación para solucionar el asunto, siempre lleno de aristas.

Los estudios que comienzan a aparecer en las universidades y centros de investigación relacionan la eficacia en la lucha contra la pandemia con la confianza de los ciudadanos, sea este interpersonal o con el gobierno: “Si todos los países tuvieran tanta confianza interpersonal como Corea o confianza en el gobierno como Dinamarca, las tasas de infección podrían ser hasta 40% más bajas” (Joseph Dieleman, 2022).

Para intentar remediar esta distancia entre ciudadanos y los poderes públicos se realizan habitualmente iniciativas loables, desde las jornadas de puertas abiertas hasta las páginas web, en las que los portales de transparencia, tan útiles e imprescindibles para la lucha contra la corrupción, tratan de poner a disposición de los ciudadanos la información demandada. No toda, dirán los más críticos y sobre todo no demasiado accesible, pero sin duda es un gran paso adelante en el conocimiento de las actividades públicas.

Precisamente, algunos de los aspectos positivos que durante la etapa de pandemia se habían recibido con complacencia de ciudadanos y gestores, como la proliferación de contratos de emergencia que soslayaban plazos, cantidades y fiscalizaciones previas, con el fin de hacer frente a la urgencia demandada por la epidemia, que diariamente segaba vidas a millares, han generado en muchos países escándalos que la ciudadanía y los jueces no están dispuestos a tolerar.

Una cosa es reducir los plazos y otra es ser objeto de estafa: cuando mascarillas, test y guantes son vendidos a las administraciones públicas por cantidades que multiplican su valor. Con nitidez, esta situación ha servido de caladero a estafadores bien relacionados con las esferas políticas. El caso del Ayuntamiento de Madrid, donde dos de los proveedores han conseguido una comisión de 6 millones de euros, que han gastado en la compra de varios coches de lujo y otros bienes suntuarios, ha conmocionado a los ciudadanos.

La necesidad era evidente. Pero esas condiciones de urgencia en las licitaciones públicas, muchas veces a empresas fantasma, deberían haber puesto en guardia a los poderes públicos ante los buitres habituales que siempre merodean cada vez que se baja la guardia. (Vallespín, 2022)

Hemos de aprender que, ante la urgencia, deben ser reducidos los plazos y los controles, pero no el sentido común: no era imposible darse cuenta de que los precios estaban hinchados y quizás las administraciones deberían haber establecido una coordinación mayor para hacer más difícil el engaño a los suministradores, ya acusados por la Fiscalía. En tiempos de turbulencia, decía san Ignacio, no se debe hacer mudanza, pero la necesidad era grande. La decisión de alterar las condiciones de contratación no fue errónea, pero sí la ausencia de control.

Buscar nuevos caminos es una necesidad. De la pandemia podemos aprender a reducir plazos, pero también a idear otros controles que no son necesariamente políticos sino administrativos, que impidan o al menos dificulten que determinados estafadores pesquen en río revuelto. Generalmente los controles políticos son ex post, es decir, posteriores a la operación, cuando ya se ha resuelto el asunto. Los controles administrativos pueden ser previos e impedirían la estafa.

Numerosos países han tenido iniciativas en este terreno, como Bolivia, que acaba de aprobar el Decreto supremo Nº 181 que establece mecanismos orientados a fomentar la transparencia en las contrataciones públicas. Esta norma, como otras de los países iberoamericanos, fomenta los principios de transparencia, publicidad, control social, libre participación y equidad.

En circunstancias especiales como la pandemia, se justifica la aceleración de los procedimientos de manera que permitan atender de la forma más eficaz posible las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, ello no justifica en absoluto levantar los controles para que, aprovechando la situación, algunos individuos, utilicen en beneficio propio los caudales públicos. Está fuera de duda la responsabilidad de quienes han realizado o permitido tales hechos.