Uno de los axiomas más generalizados derivados de la pandemia es la necesidad del fortalecimiento del Estado para hacer frente a desastres de esta naturaleza, así como de otras calamidades que puedan acontecer. Bienvenida sea esta nueva tendencia, que parece tener su correlato político en el nuevo ascenso de la socialdemocracia, liderado por su más antigua formación política, la socialdemocracia alemana. Los ciudadanos exigen poderes públicos más fortalecidos y capaces de hacer frente a dificultades: en términos políticos este planteamiento corresponde históricamente, con excepciones, a la socialdemocracia.

Sin embargo, es necesario recordar que, si en los años cuarenta del pasado siglo la tendencia general de los países desarrollados consistía en cargar al Estado de nuevos servicios y empleados, hoy la dirección parece haber cambiado. Se ha ido transformando la senda hacia la prestación indirecta de los servicios y la privatización de algunos de ellos.

Los servicios públicos no necesariamente tienen que ser prestados por funcionarios  para ser efectivos. Ejemplos hay en el mundo de un tipo y otro, pero lo que se nota es la ausencia o la debilidad de los servicios de inspección y control, confundidos con la proliferación burocrática de impresos, autorizaciones y presentación de documentos de todo tipo, necesarios para la prestación del servicio por la entidad concesionaria. Es esta precisamente la crítica más habitual hacia la burocracia al servicio de la Unión Europea.

La realización de los trabajos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas, que en el siglo XX correspondía a empleados públicos, dando origen incluso a cuerpos de funcionarios como los ingenieros de caminos, se vio progresivamente sustituido por la contratación directa primero y por la licitación pública después.

La mayoría de los países cumple con creces los requisitos formales necesarios para la adjudicación de los contratos de servicios públicos, pero en todos ellos existe una falla evidente y de alto calado, que se vuelve de difícil solución: el control de quienes ejercen en realidad la función, en este caso de realización del servicio público para los ciudadanos.

Disponen las leyes de referencia, pormenorizados requisitos para los contratistas, que incluyen que han de cumplirse ad litteram, su solvencia económica y fiscal y el respeto a todo tipo de normas, incluso medioambientales que, bienvenidas sean, se preocupan del mantenimiento verde del planeta, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde hace tiempo los académicos e investigadores han teorizado sobre el asunto: las relaciones del principal y el agente, en el marco de la nueva gestión pública de raíz profundamente neoliberal y que ahora parece más olvidada. Después de la pandemia que tantos muertos ha generado, especialmente en aquellos países donde la debilidad del Estado ha sido palmaria, la cuestión viene a ser una sima en la que hay que profundizar y construir escalas para salir de ella.

Quien escribe estas líneas ha sido testigo de la multitud de dificultades que alcanzan al principal, cuando decide controlar de verdad un contrato o concesión administrativa. Existen las dificultades técnicas para lograr hacer realmente labores de inspección. En los tiempos actuales, donde la innovación es una palmaria necesidad, este camino de lograr una solvente inspección y control de los servicios públicos prestados por terceros, puede abrir avenidas de prosperidad y bienestar inimaginables hasta hace bien poco. Para los sistemas públicos de este tiempo, liderar la innovación necesaria para recorrerlas es una tarea irrenunciable. (Longo, 2021)

Las políticas públicas tienen que ejecutarse con el concurso de las empresas y organizaciones no gubernamentales, pero también es necesario ejercer el control para el que la administración pública hoy no está suficientemente preparada.

El fortalecimiento de las administraciones públicas se logra con el concurso de empresas y organizaciones no gubernamentales, pero también con recursos y personal especializado, que controle realmente la prestación del servicio. Conviene igualmente elegir para desarrollar la dirección pública a personal competente que goce de prestigio profesional y que su currículo pueda ser auditado por los ciudadanos.

Los ciudadanos en la actualidad desconfían de que la elección partidaria sea requisito suficiente para el desempeño de los puestos de dirección pública. Desean personas comprometidas con la innovación y de comportamiento honesto para que sea realidad que la política no tiene como fin fomentar la felicidad de algunos, sino evitar lo más posible el sufrimiento de la mayoría (Helmut Schmidt)-

Artículo disponible en El Nacional.