Colocar en la agenda política los temas de la administración pública, después de este período de pandemia, puede suponer un avance importante para la consolidación democrática de los países, así como para la recuperación de la confianza ciudadana. Todos los análisis señalan que tras la pandemia, a pesar del reconocimiento personal a los trabajadores públicos que han mostrado frecuentemente una dedicación completa y esfuerzo continuo, no están los ciudadanos satisfechos con los poderes públicos. Razones hay para ello, especialmente cuando la circunstancias y la situación son negativas.

En consecuencia, todos los caminos para lograr un mejor funcionamiento de las administraciones públicas son bienvenidos. Una de estas sendas es colocar a los más expertos en los lugares adecuados, para que los esfuerzos presupuestarios y humanos tengan mayores posibilidades de acierto y sus logros perduren en el tiempo. Por esta razón, ponerse de acuerdo por parte de los partidos políticos en los aspectos básicos de la vida social y política, constituye un avance democrático. No es tarea fácil, como nos revela la historia política de las democracias y, en particular, los últimos años del enfrentamiento entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, brillantemente  relatado por Levitsky y Ziblatt (Cómo mueren las democracias, 2018).

La alta dirección pública chilena, ejemplo para los países iberoamericanos, es el producto de un importante consenso entre los principales partidos políticos del país andino, que mejora la calidad de la democracia y puede generar una más eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos, pues incorpora el mérito y la evaluación como factores determinantes y merma en consecuencia la influencia política directa en la provisión de los puestos de trabajo directivos.

El actual sistema chileno fue creado en 2003 por ley en el marco de un acuerdo político- legislativo entre gobierno y oposición, posterior a los escándalos de corrupción. No es usual el acuerdo en estos temas, pero es conveniente, puesto que lo ideal es la permanencia de la estructura administrativa, incluyendo los recursos humanos, con independencia de las victorias electorales.

El sistema de servicio civil define reglas claras de ingreso, retribución y condiciones de desempeño de los directivos superiores, de primer y segundo nivel jerárquico de los servicios que implementan políticas públicas. Permite la selección por mérito, manteniendo el componente de confianza política, que no debe extenderse más allá de ciertos niveles cercanos a la máxima dirección.

El Sistema ADP se estructura como un modelo mixto que intenta conciliar la idoneidad, la confianza y la gobernabilidad democrática, en el cual el Consejo de Alta Dirección Pública o un Comité de Selección –según se trate de cargos de primer o de segundo nivel jerárquico– seleccionan, por concurso público, los postulantes más idóneos para el cargo, quienes son propuestos a la autoridad facultada para el nombramiento, que puede elegir entre los nominados e incluso desestimarlos, para luego solicitar un nuevo proceso de selección.

Hoy forman parte del Sistema de Alta Dirección Pública o se seleccionan por medio de su institucionalidad, 4.997 cargos, la mayor cifra histórica desde su creación el año 2003, de los cuales 1.295 son cargos “adscritos”, es decir, aquellos cargos de primer y segundo nivel jerárquico, sujetos a todas las reglas de ingreso, desempeño y remoción que establece el título VI de la ley N° 19.882 (directores de escuelas y liceos municipales, directores de departamentos municipales de educación y otros).

El gobierno actual acaba de proponer una modificación del sistema que insiste en el camino de inicio de 2003. Se incrementan los puestos de trabajo que se sacan a concurso público, se dificultan las posibilidades de remoción y se establece que los procesos de evaluación deben ser los elementos imprescindibles para proponer la remoción, que debe ser ratificada por órganos especializados. En fin, y por fin, un sistema que avanza en el proceso de considerar el mérito un factor determinante para el desempeño de los puestos públicos, en detrimento en este caso de la posibilidad de designación por razones políticas o de confianza personal.

Para avanzar en la profesionalización del Estado, es imprescindible que sea el desempeño, el motivo fundamental para la continuidad o egreso de quienes ocupan cargos gerenciales en el Estado, señalan los proponentes del proyecto de ley. La evaluación del desempeño, precisamente, se configura como uno de los métodos de gran desarrollo tras la pandemia, auspiciado por los adelantos tecnológicos y el teletrabajo.

No es Chile el único país que realiza avances en este terreno, pues otros miembros del CLAD, del que forman parte hoy 23 países, en los últimos años, han dado pasos adelante, como República Dominicana y Perú cuyo ente SERVIR se ha posicionado como una referencia continental. Otros países del área están dando pasos positivos en este sentido, como Colombia y Panamá.

La iniciativa chilena es bienvenida, pues permite avanzar hacia el mérito para determinar la continuidad de los directivos públicos de segundo nivel jerárquico y establece movilidad a los altos directivos públicos, gestionando y reteniendo talento en el Sistema de Alta Dirección Pública. El objetivo no puede ser otro que activar a la sociedad, como indicaban los teóricos de finales del siglo XIX.

@sgeneralClad

Artículo disponible en El Nacional.