En qué país están viviendo los jueces? Cuando se propone la cadena perpetua para someter a asesinos y violadores de menores, reaccionan diciendo que no se debe retroceder en materia de humanización de las penas y garantía de resocialización de las personas. Argumentan que es la tendencia mundial. Pues claro que lo es. Pero es en los países en los que se consolidan las instituciones, los ciudadanos respetan las leyes y donde los principios de acatamiento y adhesión son claves para explicar la solidez de las políticas, los partidos políticos o la justicia.

Pero ¿qué sucede en los países en donde las instituciones, lejos de consolidarse, se degradan? ¿Qué pasa en las sociedades en donde las leyes cada vez se respetan menos, y los principios de acatamiento y adhesión son sustituidos por la violencia y el atajo? ¿También opera la humanización de las penas o la garantía de socialización?
Que no estamos en Dinamarca. Y no ante cualquier problema. Se trata del homicidio y la violencia sexual contra menores. Solo el año pasado, 579 de ellos fueron asesinados: 56 tenían entre 0 y 4 años, 15 estaban entre 5 y 9 años y 73 pertenecían al rango entre 10 y 14 años. Y en los 435 restantes, entre 15 y 17 años, además de la violencia, estaban asociados “al reclutamiento forzado, pandillismo y microtráfico”.

Si se trata de la violencia sexual, el problema es todavía peor. Entre el 1.º de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, en promedio diario, 51.4 menores tuvieron que hacer fila en Medicina Legal, para ser examinados por un presunto delito de violencia sexual. Solo en 2020 esa entidad, por la misma razón, tuvo que atender, en promedio, a 5 menores de entre 0 y 4 años cada día, a 11 de entre 5 y 9 años y a 20 de entre 10 y 14 años. De estos menores atendidos, el 84 % eran niñas. Son datos que convierten al Estado social de derecho en una invocación francamente ridícula.

A los magistrados no les pareció que la magnitud del problema exigía, como mínimo, llamar al Gobierno y al Congreso para que buscaran alternativas a la también facilista solución de la prisión perpetua.

¿Para qué país se está legislando? ¿Hablamos de humanización de las penas, con un sistema carcelario como el que tenemos? ¿Hablamos de garantías de resocialización, con las cárceles que tenemos? ¿En serio, estamos en el mismo país?

Lo grave es que en Colombia la violencia contra los menores se ha convertido en un patrón de comportamiento cultural que se ha ido ‘normalizando’ como hecho cotidiano, frente al que se ha perdido la capacidad de sorprenderse o reaccionar. Se volvió parte del paisaje, de la realidad nacional.

Quizá eso haya sido lo que sucedió con la Corte Constitucional. Es tan normal la violencia contra los niños que, en el examen de un acto legislativo que (mal o bien) busca alternativas al problema, lo que más preocupó a los magistrados fue la afectación de la dignidad de “todas” las personas o el cambio en los “ejes axiales” de la Constitución que producía el que se pudiera “imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. ¿Y qué pasó con el principio de prevalencia de los derechos de los niños?

Se optó por el camino fácil: declarar inconstitucional el acto legislativo. A los magistrados no les pareció que la magnitud del problema exigía, como mínimo, llamar al Gobierno y al Congreso para que buscaran alternativas a la también facilista solución de la prisión perpetua.

Pareciera que hemos entrado en una polarización política más compleja y peligrosa: la polarización entre los poderes públicos. A sus altos dignatarios se les olvida que están actuando por y en nombre del Estado. Y que, además de hacer cumplir la ley, tienen la obligación de colaborar en la afirmación de los principios y valores que fundamentan el régimen constitucional.

Si la prisión perpetua no es la salida, pues hay que buscar otra. Y todos tienen el deber de hacerlo. El país no resiste tener un régimen constitucional inestable y descompensado. De lo que se trata no es de que se mantenga en el papel, sino de que opere en la realidad.

Artículo disponible en El Tiempo.