Aunque no se reunían desde hace 7 años, los ministros de administración pública de los 27 países de la Unión Europea se han reunido en Lisboa, a iniciativa de la presidencia y en especial de Alexandra Leitao, la ministra portuguesa. Después de intensos debates, se ha aprobado un conjunto de principios relacionados con la administración pública, que por su profundidad y valía pueden ser de aplicación también a Latinoamérica.

Estos principios se inician con la llamada a la participación de los ciudadanos, en todas las fases del procedimiento, en particular de los grupos excluidos o más desfavorecidos. Esta preocupación por los derechos humanos alcanza a que los procedimientos y los servicios públicos se diseñen en particular para las comunidades en situación más vulnerable, garantizando la accesibilidad de todos.

Este es, sin lugar a duda, uno de los puntos débiles de las políticas públicas actuales, puesto que las posibilidades de acceso de todos los ciudadanos no son precisamente iguales: no es fácil el acceso para quienes no tienen medios o estos son muy escasos, o las facilidades de conexión no existen. Por ello, se insiste en que no sea necesaria cualquier intermediación ya sea por medio de funcionarios o familiares de las personas. Las intermediaciones, en definitiva, no garantizan que todos puedan alcanzar el servicio.

Estas programaciones relativas a los servicios deben complementarse, además, con un análisis sistemático de los riesgos en la disponibilidad del servicio, previendo medidas que mitiguen sus fallos, así como las alternativas posibles.

La preocupación por la calidad de los servicios suministrados está presente, por lo que señalan que no se debe enfocar solo en los resultados, que son obviamente importantes, sino también en su concepción y diseño. Por esta razón también, y en virtud de la legislación de protección de datos, especialmente garantista en Europa, se indica que solo se deben recoger los datos imprescindibles, garantizándose el consentimiento de los ciudadanos y que los datos recogidos son los estrictamente necesarios para el fin perseguido. Por esta razón se dispone igualmente que los ciudadanos deben tener la capacidad de revocar su consentimiento en relación con el suministro de los datos.

Igualmente, los reunidos en Lisboa, preocupados por los derechos fundamentales y por los fallos de seguridad que permiten los sistemas actuales, se muestran partidarios de analizar los fallos, aunque tengan una baja probabilidad, creando test y casos de evaluación. Para ello es necesario trabajar con directrices éticas, los ingenieros definen métricas para detectar posibles sesgos, prestan especial atención a los datos con los que sus productos son entrenados, eligen cuidadosamente el algoritmo más adecuado y validan su comportamiento tras el entrenamiento. (Lola Burgueño, 2021).

Esta evaluación permanente de los servicios permite, además, identificar precozmente los casos de uso indebido u otro tipo de situaciones, que puedan limitar los derechos de los ciudadanos y permite preparar respuestas y medidas correctivas para eliminar posibles errores.

Para que todo pueda funcionar, aparece como crucial asegurar que en las administraciones se tiene el conocimiento, los recursos y la voluntad de cumplir sus obligaciones. Además, los titulares de los derechos deben saber cómo reivindicarlos mediante el uso de los instrumentos de transparencia, rendición de cuentas y participación establecidos o que sea necesario establecer. 

Como se ha señalado en este aspecto, la gran tarea gira en torno a nociones que son más realistas que la transparencia, como la explicabilidad, la generación de confianza o la idea de que entender no es tanto un asunto subjetivo sino colectivo, que tiene que ser facilitado y regulado institucionalmente. (Daniel Innerarity, 2021)

El tema de la información cobra relevancia especial para que los ciudadanos conozcan sus derechos, incluyendo los costes, su vigencia y reclamaciones “en un lenguaje apropiado a todos los interesados”.

Este es el mensaje de los ministros de Administración Pública y Modernización en una reunión en la que también estuvo presente el CLAD, que mediante su secretario general tuvo la oportunidad de exponer la situación iberoamericana y apuntar la posibilidad de una mayor cooperación en materia de administración pública entre la Unión Europea y Latinoamérica. 

La realización de políticas públicas, rellenas de proyectos y rebosantes con frecuencia de petición de datos a los ciudadanos, debe ser compensada por la accesibilidad de los servicios, incluyendo los virtuales, así como con la protección de los derechos ciudadanos y la vigilancia a los resultados de las decisiones basadas en algoritmos, cuyos componentes deben ser tamizados con criterios éticos.

Artículo disponible en El Nacional.