El prestigio de la función publica en los países europeos se muestra en la crisis del coronavirus. El sistema, el Estado, sometido a una tensión altísima, aguanta.

En los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) el empleo público supone 21,1% del empleo total, en América Latina el 11,9%. Uno de los aspectos más relevantes de este empleo se refiere a la temporalidad de los oficios públicos, que en muchos países americanos asciende a un porcentaje alarmante: no es posible aconsejar o elaborar informes para la realización de políticas públicas que contengan altos grados de sinceridad técnica, si el asesor está más preocupado por su supervivencia en la organización que por proponer las medidas adecuadas.

Hay una tendencia universal a que edulcoremos nuestras opiniones siempre que hablamos con una persona poderosa, que además tiene la posibilidad de «matar al mensajero”, y por tanto, el resultado de la información suministrada no podrá más que conducir al fracaso. Cuando la situación de los países es tan grave como la actual, la confianza ciudadana es fundamental. Por eso en Europa se recurre a las instituciones más prestigiosas, entre ellas la administración pública y la fuerzas de seguridad.

En España, el presidente y los ministros informan casi diariamente, pero la atención de los ciudadanos está puesta en otro plano de la información, más allá del análisis político. Cinco funcionarios profesionales dan confianza a los ciudadanos dirigiendo los operativos correspondientes: un médico especialista en crisis sanitarias, Fernando Simón, que se ha convertido en uno de los personajes públicos más populares; un teniente general del ejercito del aire, una funcionaria del cuerpo de ingenieros de caminos, un comisario de policía, además de un teniente general de la guardia civil (infectado con el covid-19).

Ninguno de ellos es político. Todos son altos profesionales de la función pública en diversos campos. Todos ellos han sido seleccionados por mérito y capacidad, todos son permanentes. Esta no es, sin embargo, la situación que podemos predicar de los países de América Latina.

En Chile, donde los sistemas de selección por ejemplo de los altos directivos alcanzan un alto grado de reconocimiento, 57% de los funcionarios no es permanente y en Colombia, buena parte de las personas que desempeñan oficios públicos son «contratistas» temporales en proceso de consolidación. Otros ejemplos podrían mostrarse para asegurar la escasez de profesionales y, lamentablemente, en ocasiones, su ausencia.

El primer ministro Benjamín Disraeli (el padre del actual Partido Conservador británico) escribió refiriéndose a la relación y comunicación entre los políticos y los altos funcionarios: «Salvo en el matrimonio, no hay otra relación que implique mayor confianza, en la que se despliegue mayor contención y paciencia, o en la que exista mayor complicidad.

Recientemente, en el Reino Unido dimitió el secretario permanente del Ministerio del Interior, Philip Putnam, por medio de una carta pública en la que anuncia su intención de demandar al gobierno por su despido improcedente, después de 35 años de servicio público.

El Civil Service (Servicio Civil) del Reino Unido es un cuerpo de altos funcionarios del Estado que  asegura, consolida y mantiene la estabilidad del gobierno y las instituciones. Estos altos funcionarios, paradigma de la buena administración, como preconiza el CLAD, combinan la difícil tarea de desplegar lealtad absoluta a ministros que ocuparán su puesto de modo temporal, y a la vez dotar de argumentos las propuestas y de lógica jurídica y administrativa las políticas públicas.

Boris Johnson, el premier británico, que sigue en este punto a Margaret Thatcher, que convirtió en su batalla personal el objetivo de reducir el poder del Civil Service, goza en estos momentos de una popularidad y de un poder parlamentario que le hacen inmune a los escándalos. Pero comienzan a acumularse episodios que generan preocupación, como la errática actuación con la crisis del coronavirus, de la minimización del problema al confinamiento de la población, incluyendo que el primer ministro está contagiado.

El objetivo de restar poder a las élites burocráticas en los países desarrollados es legítimo, pero  no debe despreciarse la experiencia, el conocimiento y la inteligencia de quienes durante muchos años conocen profundamente los problemas y las políticas públicas. La crisis del coronavirus también nos va dejar enseñanzas positivas, como la extensión del teletrabajo que debería ser igualmente un punto de arranque para el fortalecimiento de las instituciones, generando una mayor colaboración entre los profesionales y los políticos encargados de dirigir la administración pública para el eficaz cumplimiento de las decisiones tomadas por los ciudadanos en las elecciones.

Artículo disponible en el diario El Nacional