Áreas temáticas


El Congreso se organiza con base en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las diez áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

 
Profesionalización como pilar de la administración pública del siglo XXI

Coordinador: Maximiliano Campos Ríos. Profesor-Investigador. Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina

La celeridad de los cambios que experimentan las sociedades contemporáneas a raíz de las innovaciones en los diferentes ámbitos organizacionales pone de manifiesto la necesidad de contar con una administración pública que acompañe y posibilite la creación de valor público.

Los desafíos que el siglo XXI presenta necesitan ser abordados desde modelos conceptuales que contemplen la actualidad en toda su complejidad y que sean contingentes, en pos de que la intervención pública tenga como resultado la generación de valor público. En ese sentido, uno de los retos más importantes es el de su profesionalización, entendida en términos de desarrollo de capacidades estatales que contribuyan a mejorar la entrega de servicios y a reforzar la relación entre la ciudadanía y el Estado, elevando, así, la confianza en los gobiernos. Por ello, además de la profesionalización de las burocracias, se vuelve ineludible avanzar en el abordaje de la mejora de los procedimientos y de la cultura organizacional, de cara a las transformaciones digitales que trae consigo la irrupción de la sociedad del conocimiento.

La revolución tecnológica favorece una mayor participación ciudadana y la experimentación de nuevas formas de relaciones sociales como la democracia participativa, que se manifiesta tanto en la demanda de participación en las decisiones estatales, como en otras dimensiones de carácter político, educativo y cultural. Para efectivizar los principios plasmados en las Cartas Iberoamericanas del CLAD rubricadas por los Estados miembros, las instituciones que fungen de intermediarias entre los intereses particulares y el interés general deben ser capaces de generar nuevos valores para sus contribuciones.

Es por este motivo que la administración pública se convierte en un actor central del proceso, ya que su capacitación, actualización y profesionalización redundan en un Estado más eficiente y cuyas prestaciones de servicios sean capaces de crear cadenas de valor público. Profesionalizarla y adaptarla conlleva la imperiosa necesidad de pensar en nuevos modelos organizativos modulables a las modificaciones permanentes y al ritmo en el que se suceden los cambios sociales que trae consigo la cuarta revolución industrial.


Innovación, inteligencia artificial y su aplicación a las políticas públicas

Fernando Filgueiras. Profesor. Universidad Federal de Goiás. Brasil

La innovación es un término amplio que se ha aplicado al campo de la administración pública como una etiqueta para la novedad y las transformaciones en prácticas, ideas e instituciones. Lo que caracteriza a la innovación en el sector público son los procesos de cambio guiados por ideas, novedades, nuevos enfoques de servicios y políticas públicas, nuevas prácticas que orientan nuevos procesos. La amplitud del concepto de innovación se configura en el uso de nuevas ideas para nuevas prácticas, creando un nuevo sentido de misión para las organizaciones del sector público. Así se expresa, entre los países iberoamericanos, en términos de la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública del CLAD.

Las nuevas ideas y prácticas implican muchas veces un cambio con tonos disruptivos en el comportamiento de los directivos, corroborando una perspectiva transformadora del sector público, especialmente orientada a los siguientes temas:

  • Adopción de herramientas digitales, especialmente inteligencia artificial, internet de las cosas y blockchain, cambiando las interfaces del sector público mediante la creación de plataformas.
  • Adopción de prácticas de cocreación y coproducción de servicios públicos, ampliando el abanico de cambios desde una perspectiva centrada en la participación ciudadana.
  • Reintegración de la estructura de los servicios públicos para combatir la agencia y la carga administrativa resultante de la fragmentación del servicio público.
  • Estrategias para construir la efectividad del servicio público y diseñar políticas públicas más sólidas y resilientes para mantener la confianza de los ciudadanos a través de cambios guiados por la economía del comportamiento.
  • Creación de nuevas estrategias de coordinación con el objetivo de facilitar la gobernanza e implementación de políticas y servicios.
  • Construir nuevas agendas para abordar los desafíos emergentes en el sector público, como la gobernanza de datos, estrategias para cambiar la infraestructura tecnológica, regulación de inteligencia artificial, educación ciudadana, flexibilidad administrativa, inclusión y nuevas capacidades que se requieren de los servidores públicos.

Todos estos temas orientan una visión sobre la innovación que la convierte en un reto para la administración pública en el umbral de la segunda década del siglo XXI.

La adopción de herramientas digitales implica para el sector público inversión en infraestructura tecnológica, construcción de alianzas estratégicas, fomento de estructuras govtech y nuevos modelos de contratación de tecnologías, creación de estructuras adecuadas de gobernanza de datos, formación de nuevas capacidades, plataformización y algoritmización de la administración pública. Los desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial en los gobiernos son variados y han confluido en diferentes estrategias nacionales que orientan las políticas emergentes en este campo en los países de América Latina. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, España, Portugal, Costa Rica, México están construyendo sus estrategias nacionales para facilitar la expansión de esta tecnología fomentando la investigación, construyendo centros de excelencia, alianzas estratégicas, creando una IA ética y mecanismos regulatorios que facilitan la transición laboral. Asociado a esto, los cambios introducidos con el uso de la IA en los gobiernos requieren nuevos enfoques y mecanismos de gobernanza para el tema de los datos, atendiendo los problemas de las injusticias algorítmicas, creación de zonas de exclusión, abordando temas relacionados con la vigilancia y crecientes problemas relacionados con la privacidad de los ciudadanos.

Las prácticas de cocreación y coproducción de servicios y políticas públicas se han llevado a cabo de diferentes formas: utilizando valoraciones de los ciudadanos sobre su experiencia en el uso de estos servicios, creación de laboratorios gubernamentales de innovación guiados por nuevas ideas, creación de foros que fortalecen la participación ciudadana en el proceso de construcción de servicios y políticas públicas. Asociado a esto, surgen nuevas ideas para la reincorporación del servicio público de manera que se evite la agencialización y la necesidad de que un ciudadano vaya de agencia en agencia para que su demanda sea atendida. Las estrategias de cambio en la administración pública se enfocan en la reducción de la burocracia, la revisión de trámites y procedimientos con el fin de garantizar una mayor eficiencia en el sector público.

Finalmente, una amplia agenda de innovación plantea nuevos retos para las administraciones públicas. ¿Cómo las inversiones en infraestructura tecnológica, el desarrollo de soluciones utilizando IA, el desarrollo de plataformas y la resolución de problemas basados en la cocreación, así como las nuevas ideas, demandan del servicio público nuevas capacidades y situaciones de actuación? Los dilemas planteados en esta pregunta requieren la cristalización de nuevas prácticas de manera institucionalizada y segura, para que podamos hablar de una administración pública 4.0, sostenida en nuevos marcos institucionales que rompan con el pasado, consoliden el presente y orienten el futuro.

Esta área temática está dedicada a los desafíos de la innovación para la administración pública, que surgen con la gobernanza digital, la algoritmización de la administración pública, las ideas y prácticas de innovación que consolidan la cocreación y coproducción de servicios públicos, crean nuevos instrumentos marcos normativos para lidiar con esta frontera del conocimiento. Dentro de su espectro más amplio, esta área temática trata los siguientes temas generales: ideas y prácticas de innovación en el sector público; la gobernanza digital y la adopción y uso de inteligencia artificial; algoritmización y plataformización del servicio público; cocreación y coproducción de servicios públicos; laboratorios de innovación; desafíos emergentes en relación a los procesos disruptivos de la gestión pública.


Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la participación ciudadana, la comunicación y las redes sociales en la gestión pública

Fernando Augusto Segura Restrepo. Director Técnico. Programa Juntos por la Transparencia de USAID. Colombia

Las últimas décadas han representado para Iberoamérica una transformación en la forma de relacionamiento de las autoridades públicas con la población; el desarrollo veloz de las TIC, la participación ciudadana como eje central de las Constituciones, la legislación masiva en favor de la transparencia y el acceso a la información, y los esfuerzos por conseguir gobiernos y Estados más abiertos, han permitido el empoderamiento ciudadano y el uso de nuevos canales, como las redes sociales, que se han convertido en medios para que los ciudadanos den a conocer su satisfacción o insatisfacción con las decisiones de los agentes públicos, y en esa línea en múltiples ocasiones han permitido movilizar a la ciudadanía y opinión pública para posicionar temas en la agenda política, modificar normas o incluso movilizar la protesta social.

En sentido de lo anterior, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia y el uso eficiente de tecnología para acercar a los ciudadanos a sus gobiernos ha sido una constante preocupación del CLAD, en algunos casos por solicitud directa de los países miembros, en otros con el fin de alentar a los mismos a avanzar en estas materias. De lo anterior, se derivan desarrollos tan importantes como las Cartas Iberoamericanas de Buen Gobierno, de Gobierno Electrónico, de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, de Gobierno Abierto y de Ética e integridad en la función pública, entre otras. Todas compartiendo un propósito común: dotar de herramientas a los Estados iberoamericanos para continuar consolidando sus democracias, avanzar en la garantía de derechos de los ciudadanos en su relación con lo público, e incrementar la confianza en las instituciones.

Ante las múltiples experiencias y avances de la región, la versión XXVII del Congreso Internacional del CLAD, abre un espacio en el cual se busca desarrollar paneles y ponencias que permitan conocer los problemas más significativos que enfrentan la teoría y la practica en relación con el desarrollo de la temática e implantación de los cambios correspondientes en los países iberoamericanos, tanto desde la experiencia de los gobiernos nacionales y locales, como de la sociedad civil, la academia y demás actores relevantes en el ecosistema de la gestión de lo público.


Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la discapacidad como base del desarrollo humano

Coordinadora: Cecilia María Klappenbach. Directora General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina

La agenda actual de las administraciones públicas prioriza la innovación, la integridad, la cercanía, y la calidad de servicio. Todos ellos requieren de desarrollo tecnológico y el desarrollo de los servidores públicos. El desafío al que nos enfrentamos es la transformación cultural de las administraciones públicas para hacer de ellas organizaciones ágiles, disruptivas, sustentables, innovadoras y cercanas al ciudadano. Contar con el talento humano adecuado se ha convertido en un recurso indispensable, al que debemos convocar y retener.

En paralelo, la realidad nos indica que para lograr una cultura innovadora se requiere diversidad. Si bien la diversidad suele enfocarse en género, juventud y discapacidad, ampliaremos el enfoque a prácticas de inclusión como ser origen cultural, religión, grupo etario, etc. Los ODS 2030 convocan a desarrollar sociedades inclusivas con foco específico en género y juventud, y ponen de manifiesto que el desarrollo humano se logrará a partir del desarrollo inclusivo de las organizaciones que conforman la sociedad, en particular el sector público.

Este eje temático, tiene un abordaje amplio al destacar la agenda pública de la diversidad, la inclusión, y la transformación cultural de los organismos públicos. Se valorarán positivamente la presentación de políticas públicas y prácticas de gobierno que favorezcan estos ejes de desarrollo, políticas de equidad de género, de estímulo a los jóvenes y a las personas con discapacidad. Asimismo, ponderaremos positivamente trabajos de investigación y análisis de impacto en estas temáticas, y trabajos de investigación empírica basados en las gestiones de gobierno.

Durante el Congreso proponemos debatir sobre qué políticas públicas ofrecen igualdad de oportunidades y promueven un desarrollo inclusivo, sus impactos y resultados. Profundizaremos en el debate sobre la equidad de género, cómo consolidar la participación del género femenino y ampliar la participación igualitaria en cargos de conducción pública. Asimismo, reflexionaremos sobre acoso laboral y violencia institucional basados en género.

En referencia a los jóvenes debatiremos como convocamos talento joven al sector público, cómo lo retemos y políticas de desarrollo profesional.

Por último, proponemos reflexionar sobre el desarrollo de líderes aspiracionales e inclusivos, que entiendan la diversidad como riqueza de una organización.


Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030

Liliana Caballero Durán. Directora. Instituto de Liderazgo Público. Universidad Nacional de Colombia. Colombia

En 2015 los Estados Miembros de la ONU aprobaron los 17 ODS de la Agenda 2030. Con un plazo de 15 años para lograrlos, los ODS buscan mejorar la calidad de vida de todos, especialmente de los más pobres y vulnerables para “que nadie se quede atrás” y para que todos nos involucremos.

En mayor o menor medida, las particularidades políticas, sociales y económicas, los efectos de la pandemia y las priorizaciones que ella exigió, han dificultado o atrasado el cumplimiento de los ODS.

Con todo, en varios países de Iberoamérica se han presentado transformaciones admirables inspiradas en los ODS: formulación de políticas públicas, institucionalización efectiva, sistemas de evaluación y seguimiento basados en información e indicadores, sólida coordinación interinstitucional, alianzas y participación de la sociedad civil, compromiso de los servidores públicos, modelos de gestión, etc.

Por supuesto los 17 objetivos, buscan que las administraciones garanticen los derechos de los ciudadanos, atiendan sus necesidades y resuelvan sus problemas. En pocas palabras, sociedades más justas e incluyentes, con mayor gobernabilidad, participación y confianza ciudadana.

Sin duda alguna, el cumplimento de los ODS depende de una gestión pública eficiente, transparente y con valores.

El XXVII Congreso del CLAD 2022 en Bolivia permitirá a los países miembros, como siempre, aprender de las buenas prácticas y compartir las propias. Es un excelente escenario para que las administraciones públicas iberoamericanas analicen los desafíos, retos y oportunidades de los ODS y, así pues, acordar el diseño de estrategias que permitan el fortalecimiento de la gestión pública para la implementación exitosa de la Agenda 2030.

Los diálogos técnicos que se desarrollen en el marco de esta área temática fortalecerán el equipo de emisarios de la Agenda 2030 y permitirán acordar el diseño de estrategias de fortalecimiento de la gestión pública con miras a la implementación exitosa de la Agenda 2030.

¡Es posible avanzar en los 8 años restantes, no nos demos por vencidos!


Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades

Coordinador: Gerardo Montenegro Morán. Director Nacional de Preparación y Superación de Cuadros. Cuba

Cumple esta área temática el propósito de desarrollar las múltiples aristas de desarrollo local, es tendencia en la literatura universal recocer la trascendencia del municipio, como espacio de lo cotidiano del ciudadano y primera demanda de gestión de las condiciones de vida de la comunidad.

Las potencialidades de los municipios, para examinar el contexto de su desarrollo, evaluar vías para dinamizar su gestión sin confundir autonomía con anarquía, permite hacer miradas desde la creación de capacidades, definir estrategias que contemplen el arsenal cultural, las dinámicas demográficas, la sostenibilidad económica, el uso de tecnologías y la transformación de la gestión que coadyuven al éxito de las políticas públicas.

El desarrollo local como soporte estratégico del bienestar ciudadano no se reduce a un sistema de indicadores económicos, sino a mayor justicia y equidad, multiplicar la iniciativa creadora de las comunidades, aumento de la participación individual en la vida colectiva. En este contexto alcanza condición de necesidad inaplazable la creación de un sistema de gestión de gobierno basado en la ciencia y la innovación.

Es imprescindible el uso de la ciencia y la tecnología para diagnosticar y proponer soluciones a las problemáticas sociales y su relación con el desarrollo; el impacto en términos de prosperidad social y efectividad de las políticas económicas, la reconversión tecnológica, acorde a las necesidades de las localidades.

La mejoría de las condiciones del hábitat de las ciudades, debe ir indisolublemente unida a una reactivación económica local, que posibilite a los vecinos incrementar sus ingresos y disponibilidad de recursos, como base fundamental para su participación. Se basa entonces, en crear una base económica- social local autosustentable en el tiempo, vinculada al carácter cultural del territorio, al rescate de sus tradiciones y el proceso de recuperación de sus valores (E. Leal)

La interrelación de cinco pilares principales debe contribuir a la gobernabilidad, todos integrados en estrategias que reflejen la sostenibilidad institucional (continuidad), la sostenibilidad cultural (autenticidad), la sostenibilidad económica (racionalidad), la sostenibilidad social (justicia) y la sostenibilidad ambiental (equilibrio).

El desarrollo de las ciudades inobjetablemente tendrá que sustentarse en investigaciones y el uso de capacidades que permitan ponderar el peso específico del comercio, del medio ambiente, espacios públicos, transporte y movilidad, turismo, producción, industrias, redes de infraestructura, residencial, deporte y cultura física, religión, educación, proyectos urbanos y otros. Por tanto, la selección de acciones a implementar, sean estas del ámbito institucional, ciudadano o territorial, deben tener en cuenta exigencias que respondan a los potenciales identificados que puedan aprovecharse, eliminar barreras que puedan condicionar al desarrollo de dichos potenciales, satisfacer demandas sociales prioritarias, salvaguardar el patrimonio cultural y natural, provocar sinergias positivas, movilizadoras y multiplicadoras de recursos y garantizar un balance entre las acciones para dinamizar la economía con las de contenido social que permita crear un clima de confianza en el sector público.


Evaluación, calidad y otras técnicas de gestión como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas

Christian Miguel Sánchez Jáuregui. Encargado de Despacho. Instituto del Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Universidad de Guadalajara. México

En el siglo XXI, la legitimidad de los gobiernos transita principalmente hacia la efectividad de sus instituciones. La aparición de la COVID-19 a nivel global, su impacto negativo en el comercio, la inversión, el crecimiento y el empleo no fueron percibidos con la misma intensidad en los distintos países, regiones y localidades. Sin duda, su variación dependió, en gran medida, de la eficiencia de las instituciones públicas de cada Estado-Nación.

En la actualidad, nos encontramos ante un evidente resurgimiento de la necesidad de contar con instituciones públicas efectivas. Para Luis F. Aguilar, la efectividad de las instituciones pasa tanto por la eficiencia económica, como por la eficacia social empírica, a lo que agregamos y la necesidad de contar con políticas públicas eficaces y eficientes.

En este sentido, resulta indispensable que las instituciones públicas desarrollen sus actividades bajo el uso de prácticas gerenciales que orienten al manejo responsable de las finanzas públicas, estimación, asignación y control de los recursos para cumplir con sus obligaciones constitucionales, así como la necesidad de contar con el desarrollo de sistemas de información que mejoren el diseño e implementación de políticas y programas públicos.

Informes históricos y recientes de Latinobarómetro identifican la pobre evaluación que se realiza hacia la efectividad de los gobiernos de la región y sus instituciones, por lo que hoy más que nunca, resulta clave tanto la incorporación de nuevas tecnologías del conocimiento e información que provean de información de calidad, como el uso de indicadores que ayuden a medir el grado del desempeño de la gestión pública y de las políticas de las instituciones en todos sus niveles.

En la presente área temática, se abre un espacio para desarrollar paneles y ponencias que aborden trabajos teórico-metodológicos, propuestas de políticas, y prácticas de gobierno que tengan por objeto fortalecer y aumentar la efectividad de las instituciones públicas en los distintos países, regiones y localidades de Iberoamérica.


Ética, integridad y lucha contra la corrupción

Juan Carlos Cortés Carcelén. Profesor. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Perú

Los tres temas, de manera individual o asociados, han sido materia de reflexión en los Congresos del CLAD, así como en la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública (2018), en los que se abarcado desde una mirada conceptual hasta la presentación de herramientas que contribuyan a la evaluación de los comportamientos éticos del servidor público, a la promoción de la integridad y a la lucha contra la corrupción.
Esta reflexión sigue siendo urgente. Nos lo demuestra nuestra realidad. Continuamos con la necesidad de seguir tratando de asfixiar la corrupción que envenena nuestras sociedades, de lograr el desarrollo de los servidores civiles a través de los comportamientos íntegros y del planteamiento individual o institucional de los dilemas éticos.
En consecuencia, nuevamente se genera espacios en este nuevo Congreso del CLAD de debate que contribuyan a generar en la esencia del servicio público la reflexión de los aspectos planteados como parte de esta temática.
Podrán entonces, desarrollarse temas vinculados a los mecanismos y herramientas para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción en cualquier ámbito de la administración pública, debatir sobre los actores de la promoción de la integridad incluyendo la participación de la ciudadanía y los efectos en ella, el debate sobre la ética en las nuevas tecnologías (sesgos y prevención de la discriminación, por ejemplo), y un conjunto de temas que refuercen la institucionalidad de la integridad en nuestros países.
En suma, deben ser parte de esta área temática, las propuestas conceptuales o de implementación que aporten a la construcción de la legitimidad de un servicio público íntegro en beneficio de los ciudadanos.


Derecho público, Derecho parlamentario y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración

Félix Muriel Rodríguez. Vicepresidente. Academia de la Administración Pública Española. España

De las dos funciones básicas que desempeña el Derecho: de conservación del ordenamiento vigente o de impulso del cambio, el Derecho público, es donde más se manifiesta la acción socialmente progresista o revolucionaria del mismo.
Según la clásica definición ulpiniana, el derecho público es el que regula las relaciones políticas, los fines que el Estado debe alcanzar; hoy añadimos las normas que interesan a la sociedad o comunidad humana, las que regulan las relaciones sociales en su vertiente pública.
En la relación dialogal entre derecho y sociedad, el Parlamento, sede de la soberanía popular, adquiere esencial importancia como ariete de la legislación transformadora. Y, por ende, el derecho parlamentario regula tanto relaciones jurídicas internas, que afectan sólo a los distintos actores de la Asamblea (los «interna corporis acta»), como relaciones jurídicas que trascienden al exterior y afectan a otros órganos constitucionales o a personas privadas.
En contextos como el actual, los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) deben actuar de forma colaborativa y sin escatimar esfuerzos orientados hacia la superación de la crisis, con el objetivo de recuperar una gobernanza democrática socialmente plena y una administración que profundice, actualice y desarrolle el derecho de los ciudadanos a una buena administración, de conformidad con los establecido tanto en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, el Código de Buena Conducta Administrativa de la UE.
Este principio de buena administración se configura no solo como derecho de los ciudadanos, derecho fundamental, sino también como deber de las administraciones públicas: centradas en las personas, abiertas al entorno y a la realidad, al entendimiento y al dialogo, a la participación, a la satisfacción del interés general, con una gran sensibilidad social y vinculación ética.
En ese contexto, es importante presentar análisis, experiencias concretas, estudios de casos, sobre el reconocimiento, alcance y contenido del derecho a la buena administración en Iberoamérica. Especialmente cómo se recoge ese derecho-obligación en el ordenamiento jurídico, su vinculación con la gobernanza democrática, la relación con los servicios públicos, con la corrupción, la transparencia y el acceso a la información pública así como con los fundamentos de las contrataciones del sector público.


Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública

En esta área tendrán cabida aquellos paneles que se refieran a políticas públicas sectoriales de administración de salud, educación y seguridad, administración de justicia y reforma judicial, políticas públicas en turismo, desarrollo rural, metodología en gestión de proyectos, gestión parlamentaria, y en general todo aquello que se refiera a la administración y gestión de las políticas públicas sectoriales.