Áreas temáticas XXVI Colombia


El Congreso se organiza con base en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las ocho áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI

Coordinador: Maximiliano Campos Ríos. Profesor-Investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina.
El siglo XXI se caracteriza por la velocidad de los cambios que operan en todos los aspectos y la administración pública no está exenta de ello. Por el contrario, se vuelve cada vez más imperiosa la necesidad de comprender las dinámicas que se desarrollan tanto en su interior como en su exterior para generar y aplicar políticas públicas a la altura de las circunstancias. El desafío que se nos plantea es desarrollar modelos conceptuales que nos permitan abordar la actualidad en toda su complejidad y cuyas políticas públicas sean entendidas como instrumentos en donde interviene el Estado para crear valor público a través de combinaciones originales de productos, decisiones vinculantes e ideas. En este sentido, la profesionalización de la función pública es un factor clave para alcanzar los objetivos propuestos, pero esto debe hacerse desde una base ética, de integridad y de sensibilidad social de los agentes públicos.
Gestionar en el siglo XXI implica tener en cuenta la transformación digital como variable permanente, con el consecuente aporte que hace a la construcción de una ciudadanía con mayor participación en las decisiones, como en las experiencias de Estado abierto. Por ello, es importante el peso que juega la integridad y la sensibilidad social de los agentes públicos en todo el ciclo, desde las políticas de prevención hasta los aspectos punitivos.
Entre los retos contemporáneos se encuentra lo que se conoce como sociedad del aprendizaje, para cuyo abordaje es necesario pensar en modelos organizativos adaptables a los cambios permanentes y al ritmo en el que se suceden. En este sentido, la función pública se convierte en un actor central del proceso, ya que la capacitación, actualización y profesionalización redundan en un Estado más eficiente y cuyas prestaciones de servicios sean capaces de crear valor público.

Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas

Coordinador: Juan Antonio Garde Roca. Director del curso (INAP-IEF) de evaluación de políticas públicas para órganos institucionales de Control Externo. España
El marco de la globalización, la reciente revolución tecnológica, de las comunicaciones, la información, la digitalización y la inteligencia artificial, entre otras referencias, están incidiendo en un proceso de cambios profundos. También la transformación de los paradigmas que inciden en los modelos de funcionamiento de lo público, en su evolución dentro de escenarios democráticos. Tanto, que algunos procesos, pueden llegar en su transformación a ser disruptivos en relación con las actuales instituciones públicas. El COVID-19 por ejemplo, plantea la necesidad de resituar el papel del Estado en la sociedad y el de las políticas públicas en su interacción con el mercado.
A partir del desarrollo de un enfoque innovador, más transversal para las políticas y proyectos públicos, la planificación, la gestión, la evaluación y el control, pueden llegar a adquirir referencias y perspectivas prácticas que permitan alcanzar resultados e impactos de más eficiencia.
Por otra parte, el desarrollo institucional, el impulso de las capacidades nacionales, y la visualización social del papel de la evaluación, puede hacerse más efectivo, a partir de proyectos de colaboración entre países y con las redes de la diversidad de actores presentes. Los grandes retos de la Agenda 2030, y la forma en que las agendas nacionales de evaluación, den respuesta a los desafíos que supone el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), deben también servir, de forma destacada, al desarrollo de estos cambios.
Las posibilidades de la innovación pública y social a raíz del COVID-19, deberá estar presentes en este Congreso, así como la necesidad de los gobiernos de generar respuestas oportunas, en su papel acelerador de innovación y en la necesaria colaboración a desplegar con otros sectores de la sociedad para dar respuestas en tiempo real a los graves problemas presentes y procurar evitar algunas de las graves carencias detectadas.
Las reflexiones pueden vincularse a dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Cuáles han sido las innovaciones desarrolladas por el sector público y la sociedad civil para hacer frente a la pandemia?, ¿cómo contribuir a la toma de decisiones en contextos de urgencia e incertidumbre?, ¿cuáles han sido las asociaciones entre gobierno, sociedad civil y empresas que han resultado exitosas y qué podemos aprender de ellas?, ¿cómo responder al nuevo rebrote de la pobreza y la mayor desigualdad? y ¿qué relaciones guardan los distintos programas públicos entre sí, para alcanzar respuestas eficaces?
En otro orden de cosas, la evaluación de políticas y programas públicos se vincula hoy tanto con la eficiencia gerencialista como con la gobernanza, que ha incluido en los últimos años referencias esenciales a la calidad de las instituciones, la actividad regulatoria, la transparencia y rendición de cuentas, el buen gobierno corporativo y la noción de gobierno abierto, tal como ha sido contemplado por el CLAD a través del “Consenso de Guatemala”.
Hoy la cultura de evaluación es amplía, se incorpora como un factor fundamental que impregna las instituciones y las funciones operativas de la actividad pública, más allá de modelos académicos y dogmas metodológicos, convirtiéndose en una referencia de cambio y mejora de los diseños y prácticas de gobiernos y organizaciones públicas.
En este proceso, el diseño de control y la auditoría, la gestión por riesgos, los modelos de excelencia y de calidad, que se vienen desarrollando en las actividades públicas, están posibilitando una transformación de la mentalidad en ocasiones tan propensas aún, al proceso burocrática, hacia adicionalmente una cultura de mejora de gestión de resultados e impactos impulsados también por la evaluación.
La calidad institucional es uno de los pilares más críticos para promover la competitividad de los países y su desarrollo económico y social. Ratificado en su incorporación en el objetivo 16 de la Agenda 20/30 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. El seguimiento y la evaluación del cumplimiento y resultados de dicha agenda, han convertido en la actualidad, en referencia y reto crucial, el cumplimiento de sus metas e indicadores. La experiencia en este ámbito de los planes en los distintos países, es hoy fundamental.
Dentro del área de “evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas de efectividad de las políticas públicas”, en este año 2021 se trata de mantener una cierta continuidad, con su trayectoria en los congresos del CLAD, adaptada a las nuevas situaciones y retos críticos que incluyen, como se ha señalado, también factores disruptivos nada desdeñables en las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto.
En general se trata de propiciar modelos y estrategias novedosas que generen valor público y posibiliten procesos de cambio en las instituciones. De compartir experiencias exitosas y fallidas de los países, que permitan establecer aprendizajes en la región en materia de evaluación, mejora continua, calidad de los servicios y nuevas aportaciones tecnológicas con bases éticas aplicables.
En este sentido, en el ámbito de la evaluación, se busca promover el debate acerca de la perspectiva y práctica institucional; las acciones de coordinación y colaboración entre estados nacionales, instituciones presupuestarias y fiscales; la utilidad del enfoque y la cultura de evaluación en entornos de control y auditoría, en los órganos institucionales de Contraloría, Tribunales de Cuentas y Órganos reguladores; en entidades locales, territoriales y regionales.
Profundizar en la diversidad de metodologías, técnicas y herramientas de evaluación de políticas y programas públicos y sus límites, así como en las evaluaciones de impacto y el alcance del análisis experimental en materia social; la experiencia en comunicación, uso e influencia de estas prácticas; el uso de la metaevaluación, el metaanálisis y la literatura en base a evidencias, la participación de los ciudadanos y actores implicados. También considerar su papel en los nuevos instrumentos de calidad, la gestión de riesgos críticos y el desarrollo de la transparencia y la rendición de cuentas.
Considerar las aportaciones tecnológicas y favorecer las experiencias positivas de estas, que favorezcan la innovación social y económica. No debe dejar de considerarse que el uso extendido de la inteligencia artificial y de la información a la que asistimos, precisan de un marco de referencia ciudadana y democrática, para su aplicabilidad desde lo público. Conviene tener en cuenta los problemas emergentes del sesgo de los algoritmos y la necesidad de fundamentación ética.
Se espera, que las propuestas de paneles reflexionen y reflejen en su contenido, algunas de las dimensiones señaladas.

Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades

Coordinador: Rui Jacinto. Investigador. Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT). Universidade de Coimbra. Portugal
O rápido crescimento das cidades, onde já vive mais de metade da população mundial, é proporcional à concentração de problemas sociais, económicos e ambientais que continuam a acumular. A definição do que é urbano e do que é rural, como dos contornos das áreas metropolitanas, é indissociável das especificidades socioeconómica e da organização administrativa de cada país. As dinâmicas e as desigualdades socio-territoriais inerentes aos processos de urbanização, à medida que se tornaram mais complexos, não só reconfiguraram as cidades como revelaram as limitações das interpretações assentes na estrita dicotomia urbano-rural. A transição entre a cidade e o rural, encarada cada vez mais como um verdadeiro continuum, conhece mutações que acompanham a densificação e a expansão das áreas urbanas. Além de mudar a face da cidade e alterar a sua relação com a região envolvente, esta tendência não só afeta a qualidade de vida das populações como interfere no próprio desenvolvimento sustentável.
As preocupações que daqui emanam animaram múltiplos debates, realizados tanto à escala global como regional e nacional, que estiveram na base de estudos, relatórios e várias recomendações, como a “Nova Agenda Urbana”, assumida no âmbito do Habitat III (Quito, 2016) ou, mais recentemente, a que foi lançada pela Comissão Europeia . A preocupação central de todas estas iniciativas está na necessidade de responder à crise urbana e de enfrentar, mais recentemente, o premente desafio de prospetivar a cidade pós-covid. Importa encontrar novos paradigmas de ação, baseados em princípios e normas inovadoras para o planeamento, a construção, a gestão, o desenvolvimento e a melhoria de áreas urbanas, sobretudo num contexto dominado pela incerteza e pela mutação acelerada destas realidades.
A discussão de tais matérias obriga a fazer apelo à investigação e partilha de conhecimento, à troca de experiências e à divulgação de iniciativas que representem boas práticas, suscetíveis de serem replicadas em cidades de diferentes países. Tais informações são contributos pertinentes para fundamentar as políticas de desenvolvimento das cidades, bases estratégias para o desenho de Novas Agendas Urbanas nacionais e locais, entendidas como um acelerador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o que visa “tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ODS 11).
No limiar duma nova era, quando se colocam desafios ainda mais exigentes impostos pelas circunstâncias que estamos a viver, as administrações públicas não podem ficar indiferentes nem deixar de se empenharem num novo ciclo de políticas urbanas. Perante a emergência de novos problemas, que não se combatem (apenas) com velhas soluções, importa socializar conhecimento sobre a governação e o desenvolvimento sustentável das cidades através dum debate aberto, abrangente e transversal, que não se esgota nas coordenadas que se adiantam como indicativas:
Cidades, metrópoles e coesão urbana: sustentabilidade e requalificação dos espaços públicos. A análise das assimetrias e desigualdades territoriais, económicas e sociais passa por identificar espaços com problemas recorrentes (p. ex.: bairros e periferias mais degradas), estrangulamentos nas ligações entre o urbano e o rural, níveis de cobertura em infraestruturas, equipamentos e funções que são incompatíveis com níveis mínimos de qualidade de vida. Promover o desenvolvimento urbano holístico, territorial e integrado, obriga a conhecer as respostas locais aos problemas das cidades, aspetos críticos para a definição e implementação dum desenvolvimento urbano sustentável .
Políticas públicas e governança multinível: das agendas globais e nacionais às atuações locais. Importa conhecer e avaliar a multiplicidade de programas, planos estratégicos e outros mecanismos de intervenção que foram implementados cujas recomendações ajudam a conceber uma geração mais qualificada de políticas de desenvolvimento territorial e urbano. Importa ainda apreciar a resposta dada pelos governos locais, sobretudo as mais relacionadas com a requalificação dos espaços públicos, a habitação, a reestruturação económica, a segurança ou a inclusão social, sem esquecer as infraestrutura e serviços (transporte e mobilidade; energia; resíduos sólidos, água e saneamento, etc.).
Fortalecer a participação, descentralização e gestão dos governos locais: inovar, modernizar, capacitar, melhorar o desempenho. A diferença na organização administrativa dos diferentes países aconselha a disponibilidade de informação mínima sobre a dimensão, as atribuições e as competências dos diversos níveis da administração de cada Estado. Acontece que a pandemia está a transformar os debates das políticas públicas e a influenciar tanto a teoria como a prática do governo das cidades. Por outro lado, não é despiciendo a coordenação das políticas e dos programas quando as fronteiras administrativas (locais) não correspondem, como acontece tantas vezes, com as realidades funcionais das áreas urbanas, conferindo maior centralidade à questão da governança do desenvolvimento urbano sustentável. Sem esquecer a importância das finanças municipais nem a mobilização doutros recursos, importa ainda levar em consideração: os instrumentos disponíveis para a participação dos governos locais nas políticas nacionais; monitorizar, acompanhar e avaliar a gestão pública, a partir de ferramentas como, por exemplo, a Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework – CAF); melhorar a capacidade de gestão e de articulação dos governos locais (interterritorialidade, intersectorialidade e multiatores).

Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la discapacidad como base del desarrollo humano

Coordinadora: Cecilia María Klappenbach. Directora General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina
El año 2020 interpeló a todos los sectores de la sociedad, en particular nuestros valores personales y sociales. La pandemia mostró con mucha claridad las desigualdades estructurales de la sociedad, especialmente en materia de género y discapacidad, y las organizaciones evidenciaron sus capacidades, problemas y desafíos.
El sector público fue fuertemente interpelado por su capacidad de respuesta. Se hicieron evidentes los estadíos de desarrollo y madurez organizacional, su agilidad, su capacidad de priorización y cuidado de la ciudanía.
En este contexto, en el 2020, la inclusión no fue prioridad de agenda pública. Se priorizaron las políticas sanitarias, la innovación y transformación de las administraciones, con foco en la gestión pública digitalizada. No obstante, el dilema es que la diversidad y la inclusión son requisitos para el desarrollo de una cultura innovadora sustentable. Los gobiernos que mejor parecieran haber atravesado la crisis 2020 – 2021, son aquellos con diseños estructurales flexibles, y con una conducción diversa en cuanto género, edad, y origen cultural.
El principal dilema a debatir será qué políticas públicas ofrecen igualdad de oportunidades y promueven un desarrollo inclusivo. Los gobiernos deben reconocer la diversidad que los habita para que ésta se transforme en el activo más importante de la organización pública.
El segundo dilema es ampliar el abordaje de género al colectivo LGBTIQ+, consolidar la participación del género femenino y ampliar la participación igualitaria en cargos de conducción pública. Asimismo, reflexionaremos sobre acoso laboral y violencia institucional basada en la diferencia de género.
El tercer tema es juventud: como convocamos talento joven al sector público y nos transformamos en un aspiracional de desarrollo profesional. Incluiremos la retención de talento: sin jóvenes la organización se marchita, y pierde capacidad disruptiva, agilidad y fuerza transformadora.
Otro dilema es cómo construir culturas igualitarias, en las que el talento no dependa del género, la edad, ni la discapacidad. ¿Cómo desarrollamos líderes inclusivos, que entiendan la diversidad como riqueza y no cómo problema?
Se propone que las presentaciones favorezcan el debate y la reflexión, con eje en el desarrollo inclusivo y equitativo en género, juventud y discapacidad.

Derecho público, derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración

Coordinador: Francisco José Silva Durán. Jefe de la División Jurídica y Asuntos Institucionales de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Chile
El derecho público juega un papel fundamental en la eficacia de la gestión pública, el respeto de las garantías fundamentales y el derecho a la buena administración que debe garantizar el Estado a los ciudadanos. En el actual contexto el rol del derecho público se vuelve central y se ve exigido al límite a partir de la crisis sanitaria que ha vivido el planeta en el último año, lo que incluso ha puesto a prueba a las más avanzadas democracias. Agregar, que fruto de una ciudadanía más exigente y con herramientas eficaces para exigir del Estado más y mejores respuestas, la administración debe propender a utilizar herramientas jurídicas que faciliten la innovación, el cambio, la reacción oportuna ante la crisis, dejando atrás los rudimentarios cuerpos normativos que han regido en etapas anteriores.
Es importante también señalar, que también durante el último tiempo, se han sumado diversas crisis de carácter sociales en los países de nuestra región, lo que nuevamente nos ha mostrado el frágil equilibrio del Estado de Derecho y los límites que debe imponer al ciudadano como a la autoridad.
Por otra parte, una de las debilidades observadas en diversos países de la región es la baja adhesión al cumplimiento normativo. En el ranking respecto del Estado de Derecho elaborado por el Banco Mundial, los países latinoamericanos no presentan buenos resultados en este tema: Salvo Chile, Uruguay y Costa Rica, que se encuentran en los puestos 28, 47 y 55, respectivamente, el resto de países están en posiciones bajo la media. Argentina (101), Brasil (105), Colombia (116), Perú (128), Paraguay (129), Ecuador (136), México (138) El Salvador (153), Honduras (161), Nicaragua (165), Guatemala (167), Bolivia (174) y Venezuela (193), de un total de 193 países.
También, puede señalarse que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas son una importante herramienta de orientación, que se suma a la ejecución de la Agenda 2030, y con ello entregan una guía clara al funcionamiento del ordenamiento jurídico público y de la administración en su conjunto.
Interesa en el presente Congreso conocer las experiencias exitosas, casos relevantes y buenas prácticas que han desplegado las administraciones públicas en materias como:
• Respuestas de carácter jurídico institucional frente a contextos de grave crisis sanitaria y social: Responder al desafío de garantizar el Estado de Derecho y el funcionamiento democrático. El contenido jurídico de la fuerza mayor en la legislación vigente y su correcta utilización en situaciones de crisis. Rol de las instituciones públicas más allá de su función específica.
• Garantías Fundamentales y derechos humanos en contextos de crisis sanitaria y social: Se refiere a cómo responder a sobredemandas de los servicios públicos en contexto de crisis sanitaria y cómo reaccionar a entornos de violencia en contextos de crisis social.
• Obligaciones y derechos de los servidores públicos en contextos de crisis sanitarias u otras: Analizar cuáles son los supuestos básicos que debe considerar la administración para asegurar un correcto servicio público a la ciudadanía en contextos de crisis. Trabajo a distancia, salarios, condiciones para la estabilidad en el empleo, etc.
• Derecho de acceso a la información pública: Se refiere a la articulación de las normas jurídicas en la implementación del Gobierno Abierto a nivel nacional y que contribuyan a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Experiencias normativas y buenas prácticas en temas estratégicos de Gobierno Abierto que redunden en una mayor transparencia, colaboración y participación ciudadana en su rol de contralor en la gestión administrativa del Estado.
• Integridad pública desde la perspectiva jurídica: Se refiere a la articulación de las normas legales y administrativas, que faciliten la correcta implementación de Sistemas de Integridad en el empleo público y con ello la fijación de estándares exigentes y amparados por el ordenamiento jurídico.
• Digitalización y simplificación de trámites frente a la Administración: Se refiere a los esfuerzos en materia de simplificación de trámites, reformas legales a partir del uso firma digital, documentos electrónicos y el Gobierno Electrónico, y otros.
• Contratación Administrativa: Se refiere a la utilización de contratos públicos innovadores, mecanismos de contratación electrónica (E-Procurement), fraudes y riesgos de corrupción en compras públicas, publicidad y transparencia, nuevas formas de gestionar los servicios públicos, el rol del ciudadano en la gestión de contratos públicos.
• Alianzas público-privadas (AAPP): Se refiere al marco legal mediante el cual se pueden promover las AAPP, experiencias innovadoras, logros y retos superados en la implementación de las mismas.
• Judicialización de las decisiones administrativas: Se refiere a los desafíos que plantea la superposición del derecho privado sobre el público. Por ejemplo revisar las garantías y protecciones del empleo público v/s la flexibilidad que garantice el mérito necesario para el desempeño de las funciones, entre otros dilemas fundamentales.
• Derecho administrativo sancionatorio: Equilibrio entre el derecho al debido proceso del funcionariado público y necesidad de un procedimiento administrativo sancionatorio expedito, delitos funcionales, faltas administrativas, reformas al ordenamiento jurídico interno a raíz de los instrumentos internacionales y casos de corrupción pública, régimen jurídico preventivo de la corrupción pública, entre otros.
Los paneles seleccionados deberán procurar analizar y promover el rol del derecho público en la gestión pública para garantizarle a la ciudadanía el derecho a la buena administración y el correcto funcionamiento del sistema democrático

Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030

Coordinador: Manuel Arenilla Sáez. Profesor de Ciencia de la Administración. España
De todos era conocido que la Agenda 2030 se enfrentaba a grandes dificultades para cumplir a tiempo con los objetivos que los países del mundo se habían fijado en 2015. Estas dificultades se han convertido en prácticamente una imposibilidad con la COVID-19. Ya se puede afirmar que su impacto en los ODS va a suponer en muchos casos el retraso de décadas en su consecución. Esto puede llevar a la desesperanza y a la tentación de dar por finalizado el gran acuerdo alcanzado en las Naciones Unidas. Nada más lejos de lo que necesita ahora el mundo. Es preciso reforzar el compromiso acordado porque la pandemia afecta en términos graves a las personas, la prosperidad, el planeta, la paz y las alianzas. Desgraciadamente, muchas personas se están quedando atrás en la actualidad.
Es el momento de ratificar los compromisos sobre la base de alianzas más fuertes y de claros compromisos de cooperación con los países y sociedades que más están sufriendo. Es necesario detectar e implementar lo antes posible los aceleradores que se habían señalado para alcanzar los ODS. Entre estos hay que destacar la gobernanza y las tecnologías y herramientas digitales.
En una organización como el CLAD, a punto de cumplir medio siglo dedicada a promover la fortaleza institucional de los países que la componen, resulta de lo más pertinente hacer incidencia en los elementos que influyen en la gobernanza y en la capacidad institucional, tan cuestionadas durante la pandemia en muchos los países. Es necesario potenciar la Administración pública en los elementos que tienen que ver con su papel en el fortalecimiento democrático y en el rendimiento de los servicios públicos, especialmente en los servicios críticos como la salud y la educación, tan golpeados en la actualidad.
Se hace un llamamiento en esta área para que se hagan propuestas de paneles que muestren cómo se está abordando en las instituciones públicas iberoamericanas la pandemia, qué estrategias y actuaciones se están empleando para que nadie quede atrás. Interesa que se concreten los ODS afectados, los actores intervinientes y las redes de alianzas públicas, privadas y sociales creadas para superar el gran reto que la humanidad, en todas partes, está afrontando. Necesitamos aprender unos con otros y el XXVI Congreso del CLAD en Colombia nos ofrece una gran oportunidad para hacerlo.

Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública

Coordinador: Colombia

Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública

En esta área tendrán cabida aquellos paneles que se refieran a políticas públicas sectoriales de administración de salud, educación y seguridad, administración de justicia y reforma judicial, políticas públicas en turismo, desarrollo rural, metodología en gestión de proyectos, gestión parlamentaria, y en general todo aquello que se refiera a la administración y gestión de las políticas públicas sectoriales.