Áreas temáticas


El Congreso se organiza con base en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las ocho áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones al finalizar el Congreso.

Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI

Coordinador: Maximiliano Campos Ríos. Profesor-Investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina

Los desafíos del siglo XXI no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del siglo XIX. El papel de la administración pública debe estar enmarcada y preparada para enfrentar los retos de una sociedad del aprendizaje y sus modelos organizativos deberán ser mucho más contingentes, y por lo tanto, adaptables a los cambios. En ese marco, las políticas públicas pueden ser entendidas como instrumentos en donde interviene el Estado para crear valor público a través de combinaciones particulares de productos, decisiones vinculantes e ideas. La articulación de los elementos establece el perfil de intervención pública que puede conducir (o no) a la realización de marcos de prestación valiosos o que general valor público. En ese sentido, uno de los retos más importantes del siglo XXI sea el de la profesionalización, no sólo de las burocracias, los procedimientos y el Estado, sino también de la cultura, en el marco de los desafíos que nos impone la transformación digital.

La revolución tecnológica está facilitando un gran empoderamiento ciudadano que se manifiesta no sólo en demanda de participación en las decisiones (Estado abierto) y la economía colaborativa, sino también en otras dimensiones de carácter político, educativo y cultural. Las instituciones que ejercen de intermediarios sociales están en riesgo si no son capaces de generar un nuevo valor para sus contribuciones. Por ello, es importante el peso que juega la integridad y la sensibilidad social de los agentes públicos en todo el ciclo. Desde las políticas de prevención hasta los aspectos punitivos. Todo ello en el marco de una fuerte y consolidada cultura del compliance público. Las administraciones públicas no son una excepción a este cambio de paradigma, ya que fundamentalmente su papel es el de intermediación entre los intereses particulares y el interés general. En ese sentido, una administración pública profesionalizada y adaptada a la transformación digital, pero que al mismo tiempo sea ejemplar en su integridad y sensibilidad social, es el desafío de toda organización pública.

Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas

Coordinador: Juan Antonio Garde Roca. Director del curso (INAP-IEF) de evaluación de políticas públicas para órganos institucionales de Control Externo. España

De la burocracia al management, del management a la gobernanza título de un libro de PRATS CATALAN (2005) es sin duda un buen referente, casi eslogan, para enmarcar la transformación histórica registrada por los modelos de las administraciones públicas y su gestión a lo largo del siglo XX y las dos primeras décadas del actual. Es bien cierto que se trata de modelos de referencia en cierto modo ideales, a los que se tiende, como arquitecturas teóricas institucionales. Ni el modelo weberiano puede simplificarse señalándole solo como burocrático, ni los modelos de gestión pública o de buen gobierno, dejan de tener conexiones entre sí fundamentales. Los países tienden a incorporar un modelo mixto de los tres paradigmas enunciados y lo relevante son las dosis, en el que en cada caso se combinan e integran, así como la calidad de los resultados que en innovación producen.

El marco de la globalización y la reciente revolución tecnológica, de las comunicaciones, la información, la digitalización y la inteligencia artificial, entre otras referencias, están incidiendo en un profundo proceso de cambio acelerado social y económica. También en la transformación de paradigmas que se vienen señalando en los modelos de funcionamiento de lo público, en su evolución dentro de escenarios democráticos. Todo ello impulsa procesos que pueden llegar a ser disruptivos de cara a las instituciones públicas. La evaluación de políticas y programas públicos se vincula tanto con la eficiencia gerencialista como con la gobernanza, que ha incluido en los últimos años referencias esenciales a la calidad de las instituciones, la actividad regulatoria, la transparencia y rendición de cuentas, el buen gobierno corporativo y la noción de gobierno abierto, tal como ha sido contemplado por el CLAD a través del Consenso de Guatemala.

En este proceso, el diseño de control y la auditoría, la gestión por riesgos, los modelos de excelencia y de calidad, que se vienen desarrollando en las actividades públicas, están posibilitando una transformación de la mentalidad, en ocasiones propensa al proceso burocrática, hacia una cultura de mejora de gestión de resultados e impactos. Promoviendo un importante impulso positivo, de carácter político y técnico, en factores como el análisis y la autoevaluación de los gestores, la gestión estratégica, la participación del conjunto de actores y destinatarios de los servicios y programas públicos. La calidad institucional por otra parte, se configura como uno de los pilares más críticos para promover la competitividad de los países y su desarrollo económico y social. Ratificado en su incorporación en el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El seguimiento y la evaluación del cumplimiento y resultados de dicha agenda se ha convertido hoy en referencia y reto crucial, respecto de metas e indicadores, así como para la evaluación de políticas públicas en su conjunto. La experiencia en este ámbito de los distintos países, es hoy fundamental.

Este año 2020, además de mantener una cierta continuidad en el análisis y el seguimiento tanto de la teoría como de la práctica de los países, se considera la posibilidad de incorporar ciertos aspectos vinculados a la gestión de riesgos estratégicos o críticos, en terminología de la OCDE, en el seno de las políticas de gobierno y en las administraciones públicas, dadas las repercusiones en la gobernanza, de la pandemia y crisis derivada del COVID-19. En general se trata de propiciar modelos y estrategias novedosas que generen valor público y supongan un punto de inflexión para las instituciones. De compartir experiencias exitosas y fallidas que permitan establecer aprendizajes en la región en materia de evaluación, mejora continua, calidad de los servicios y nuevas aportaciones tecnológicas con bases éticas aplicables.

En este sentido, en el ámbito de evaluación se busca promover el debate sobre la perspectiva y práctica institucional de la evaluación. Las acciones de coordinación y colaboración entre Estados Nacionales e instituciones presupuestarias y fiscales; la utilidad del enfoque y la cultura de evaluación en entornos de control y auditoría, en órganos institucionales de Contraloría, Tribunales de Cuentas y Órganos reguladores; en entidades locales, territoriales y regionales. Profundizar en la diversidad de metodologías, técnicas y herramientas de evaluación y sus límites, así como en las evaluaciones de impacto y el alcance del análisis experimental en materia social; la experiencia en comunicación, uso e influencia; el uso de la metaevaluación; la participación de los ciudadanos y actores implicados. También profundizar en los nuevos instrumentos de calidad, gestión de riesgos y análisis de transparencia. Son importantes las aportaciones tecnológicas para potenciar experiencias positivas que favorezcan la innovación social y económica. No debe dejar de considerarse que el uso extendido de la inteligencia artificial y de la información a la que asistimos, precisan de un marco de referencia ciudadana y democrática, para su aplicabilidad desde lo público. Conviene   tener en cuenta los problemas emergentes del sesgo de los algoritmos y su fundamentación ética.

Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades

Coordinador: Rui Jacinto. Investigador. Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT). Universidade de Coimbra. Portugal

Os diferentes níveis da administração pública debateram-se, nas últimas décadas, com múltiplos desafios para responderem à panóplia de necessidades e expectativas das populações. A capacidade de enfrentar tais solicitações revelou-se variável consoante os contextos locais que mostram a importância da geografia e do ordenamento do território, da organização administrativa e do enquadramento regional dos Estados. A amplitude e acuidade de novos problemas, como os induzidos pela atual pandemia (COVID-19), experiência dolorosa que potencia fragilidades e acentua debilidades, faz adivinhar novos desafios que obrigam as administrações a uma cada vez maior cooperação e articulação e a tirar lições desta experiência para o reforço duma gestão local mais eficiente e estrategicamente focada. Parece adquirido que os novos problemas a enfrentar não se superam com velhas soluções, o que reclama práticas inovadoras e ferramentas inteligentes para enfrentar os tempos que se avizinham.

Esta complexidade é acentuada pela diversidade geográfica, pela desigual distribuição de recursos e por dinâmicas geradoras de impactes territorialmente assimétricos, bem expressos nos fluxos migratórios e na crescente polarização da população e das atividades. Metade do planeta vive, atualmente, em cidades, número que continuará a crescer e fará aumentar o número de pessoas a viver em habitações precárias, degradadas ou favelas. A rápida expansão urbana acentuará o impacto social e ambiental aumentando a pressão sobre a oferta de água potável, saneamento básico, transportes e saúde pública. O conjunto das áreas urbanas, embora ocupem apenas 2% da superfície terrestre, consomem entre 60 a 80% da energia e emitem 75% de carbono, evidenciando a importância critica e maior vulnerabilidade das cidades perante as alterações climáticas.

As respostas locais, neste como em outros domínios, carecem de referências e concertação global, como as plasmadas em alguns Objetivo da Agenda 2030 (10; 11; 13).  A gestão local assumiu o desenvolvimento sustentável das cidades quando começou a internalizar competências técnicas, reforçar a participação dos cidadãos na programação e implementar planos e ações que configuram abordagens urbanas integradas, políticas públicas com incidência territorial (centros históricos, áreas urbanas mais desfavorecidas, espaços públicos, etc.) ou setorial (transportes, mobilidade sustentável, cultura, economia local, habitação, combate à pobreza, exclusão social etc.). A premência da intervenção não se pode limitar à habitação e ao urbanístico, mas à promoção do direito a uma cidade inclusiva e não discriminatória, o que implica olhar para o campo económico, social e ambiental como domínios estratégicos para erradicar a pobreza, a fome e esbater as desigualdades a nível urbano.

Este pano de fundo suscita inevitáveis reflexões sobre a gestão local e o debate de vários modos de organização intraestadual e possibilidades de descentralizar. No limiar dum tempo novo, aportado pelo COVID-19, com consequências ainda incertas para a gestão local e imprevisíveis para a evolução das cidades, impõem-se debates que permitam encontrar novas referências teóricas, conhecer boas práticas e estudos de caso, partilhar experiências inovadoras promovidas a nível da gestão local e da descentralização orientadas para o desenvolvimento sustentável das cidades.

Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la discapacidad como base del desarrollo humano

Coordinadora: Cecilia María Klappenbach. Asesora en la Secretaría de Transformación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina

La diversidad es una realidad para todas las administraciones públicas. El género, los grupos etarios, los diferentes orígenes culturales, las situaciones de discapacidad, son solo algunas de las numerosas formas en que la diversidad atraviesa nuestras organizaciones. La mayoría de las administraciones ha definido en los últimos años políticas de inclusión, con mayor o menor grado de desarrollo e impacto, generalmente relacionado con cupos o con el porcentaje de población diversa empleado. Creemos que nuestras administraciones deben desafiarse aun más y, proponerse políticas públicas que además de igualdad de oportunidades, promuevan el desarrollo individual de quienes componen estos grupos poblacionales específicos, con foco en la persona: detectando sus posibilidades y resolviendo sus necesidades. El impulso a estos grupos elevará la calidad de la administración pública, la hará más innovadora, y será promotora de un desarrollo humano integral. El desafío de las políticas vinculadas al desarrollo de una administración pública inclusiva es integrarse con las políticas de empleo público y las de gestión de calidad e innovación.  Y en particular, el desafío de las políticas orientadas a los jóvenes, es lograr la retención de jóvenes talentosos, y el desarrollo de sus habilidades de liderazgo para prepararlos como futuros líderes de la administración.

Este cambio de paradigmas conlleva cambios en los estilos de liderazgo, surgiendo como indagación de interés ¿qué tipo de líderes requiere la administración pública? Y ¿cómo desarrollamos líderes inclusivos, que entiendan la diversidad como una riqueza de la organización y no cómo un problema a resolver? Si analizamos la inclusión desde los diferentes niveles de resistencia (organizacional, por grupos e individual), podemos preguntarnos sobre los sesgos inconscientes que subyacen a los comportamientos de resistencia. Se propone que los trabajos que se presenten, favorezcan el debate y la reflexión vinculados con el impacto real de las políticas públicas o programas internos implementados en los diferentes países, favoreciendo el desarrollo de las personas de diversos géneros, de las personas con discapacidad y de los jóvenes; y con la transformación de la organización, con impacto directo en la integración y equidad en relación a estos grupos.

Derecho público, derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración

Coordinador: Francisco José Silva Durán. Jefe de la División Jurídica y Asuntos Institucionales de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Chile

El derecho público juega un papel fundamental en la eficacia de la gestión pública, el respeto de las garantías fundamentales y el derecho a la buena administración que debe garantizar el Estado a los ciudadanos. En el actual contexto el rol del derecho público se vuelve central y se ve exigido al límite a partir de la crisis sanitaria que ha vivido el planeta en el último año, lo que incluso ha puesto a prueba a las más avanzadas democracias. Agregar, que fruto de una ciudadanía más exigente y con herramientas eficaces para exigir del Estado más y mejores respuestas, la administración debe propender a utilizar herramientas jurídicas que faciliten la innovación, el cambio, la reacción oportuna ante la crisis, dejando atrás los rudimentarios cuerpos normativos que han regido en etapas anteriores.

Es importante también señalar, que también durante el último año, se han sumado diversas crisis de carácter sociales en los países de nuestra región, lo que nuevamente nos ha mostrado el frágil equilibrio del Estado de Derecho y los límites que debe imponer al ciudadano como a la autoridad. En general, puede señalarse que los ODS impulsados por Naciones Unidas son una importante herramienta de orientación, que se suma a la ejecución de la Agenda 2030, y con ello entregan una guía clara al funcionamiento del ordenamiento jurídico público y de la administración en su conjunto.

Interesa en el presente Congreso conocer las experiencias exitosas, casos relevantes y buenas prácticas que han desplegado las administraciones públicas en materias como:

  • Respuestas de carácter jurídico institucional frente a contextos de grave crisis sanitaria y social: Responder al desafío de garantizar el Estado de Derecho y el funcionamiento democrático. El contenido jurídico de la fuerza mayor en la legislación vigente y su correcta utilización en situaciones de crisis. Rol de las instituciones públicas más allá de su función específica.
  • Garantías Fundamentales y derechos humanos en contextos de crisis sanitaria y social: Se refiere a cómo responder a sobredemandas de los servicios públicos en contexto de crisis sanitaria y cómo reaccionar a entornos de violencia en contextos de crisis social.
  • Obligaciones y derechos de los servidores públicos en contextos de crisis sanitarias u otras: Analizar cuáles son los supuestos básicos que debe considerar la administración para asegurar un correcto servicio público a la ciudadanía en contextos de crisis. Trabajo a distancia, salarios, condiciones para la estabilidad en el empleo, etc.
  • Derecho de acceso a la información pública: Se refiere a la articulación de las normas jurídicas en la implementación del Gobierno Abierto a nivel nacional y que contribuyan a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Experiencias normativas y buenas prácticas en temas estratégicos de Gobierno Abierto que redunden en una mayor transparencia, colaboración y participación ciudadana en su rol de contralor en la gestión administrativa del Estado.
  • Integridad pública desde la perspectiva jurídica: Se refiere a la articulación de las normas legales y administrativas, que faciliten la correcta implementación de Sistemas de Integridad en el empleo público y con ello la fijación de estándares exigentes y amparados por el ordenamiento jurídico.
  • Digitalización y simplificación de trámites frente a la Administración: Se refiere a los esfuerzos en materia de simplificación de trámites, reformas legales a partir del uso firma digital, documentos electrónicos y el Gobierno Electrónico, y otros.
  • Contratación Administrativa: Se refiere a la utilización de contratos públicos innovadores, mecanismos de contratación electrónica (E-Procurement), fraudes y riesgos de corrupción en compras públicas, publicidad y transparencia, nuevas formas de gestionar los servicios públicos, el rol del ciudadano en la gestión de contratos públicos.
  • Alianzas público-privadas (AAPP): Se refiere al marco legal mediante el cual se pueden promover las AAPP, experiencias innovadoras, logros y retos superados en la implementación de las mismas.
  • Judicialización de las decisiones administrativas: Se refiere a los desafíos que plantea la superposición del derecho privado sobre el público. Por ejemplo revisar las garantías y protecciones del empleo público v/s la flexibilidad que garantice el mérito necesario para el desempeño de las funciones, entre otros dilemas fundamentales.
  • Derecho administrativo sancionatorio: Equilibrio entre el derecho al debido proceso del funcionariado público y necesidad de un procedimiento administrativo sancionatorio expedito, delitos funcionales, faltas administrativas, reformas al ordenamiento jurídico interno a raíz de los instrumentos internacionales y casos de corrupción pública, régimen jurídico preventivo de la corrupción pública, entre otros.

Los paneles seleccionados deberán procurar analizar y promover el rol del derecho público en la gestión pública para garantizarle a la ciudadanía el derecho a la buena administración y el correcto funcionamiento del sistema democrático.

Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030

Coordinador: Manuel Arenilla Sáez. Profesor de Ciencia de la Administración. España

El mundo tiene diez años para cumplir con la Agenda 2030 y sus ODS. Los insuficientes avances alcanzados desde 2015, la constatación de la ralentización, cuando no retroceso, en algunos países de Iberoamérica y la situación de pandemia global por el COVID-19 y su ya constatable grave impacto en la economía y las finanzas públicas no mueven a la confianza de que se puedan conseguir las ambiciosas y necesarias metas de los ODS. Sin embargo, precisamente en la situación actual, la Agenda 2030 nos ofrece la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. La pandemia actual no puede concluir en el confinamiento permanente de los países, sino en lo contrario, en entender los problemas de manera global e integrada, en la idea de que poniendo el conocimiento y los recursos de todos en interrelación es la manera con la que podemos combatir ahora el virus y luego los grandes retos de la Humanidad. Lo que la pandemia nos enseña es que se trata de un problema colectivo que no se puede abordar en solitario. En fin, muchos han despertado súbitamente a una realidad en la que amplios colectivos se siguen quedando atrás.

Este Congreso del CLAD en Lisboa nos ofrece la oportunidad de compartir cómo la Agenda 2030 está ayudando a innovar la gestión pública y los procesos de las políticas públicas. En todas partes se constatan buenas prácticas, muchas de ellas recogidas y difundidas por el Sistema de Naciones Unidas y por el Pacto Global. En ellas se constata que el recuso a las alianzas con actores públicos, privados y sociales son una garantía para avanzar en la consecución de los ODS. Este es otro aprendizaje para los tiempos actuales.

En esta área temática interesa que se reflexione y se debata sobre: las buenas prácticas en Iberoamérica en materia de gestión pública vinculada al cumplimiento de los ODS, especialmente que impliquen a diversos actores; las políticas públicas innovadoras desarrolladas para implementar la Agenda 2030; el nuevo papel de lo público constatado por medio de las experiencias desarrolladas; y la gobernanza y la arquitectura institucional. Tiempos de incertidumbre y también de esperanza porque estamos redescubriendo la importancia de contar con un Estado y una administración fuertes y viendo la necesidad que tienen de actuar en compañía de todos, como proclama la Agenda 2030.

Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública

Coordinador: Bruno Monteiro. Coordenador do Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX). Portugal

Los diagnósticos de crisis siempre han acompañado la historia de la democracia. Surgen interpretaciones que relacionan esos crises con el surgimiento de retos de orden distinta, como hoy en día sucede cuando se discuten el impacto del cambio tecnológico o las expectativas de los ciudadanos sobre la confianza en las instituciones democráticas. La transformación tecnológica promete un potencial exponencial en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, garantizando un amplio acceso a la información y ampliando sus redes de comunicación a una escala sin precedente – en tanto que son cuestionados los riesgos de opacidad, control y incertidumbre. Ante las exigencias de los ciudadanos sobre la transparencia, equidad, integridad y legitimidad de las instituciones democráticos, los Estados han sido presionados para encontrar respuestas innovadoras y adecuadas. Precisamente de ahí surgirán las propuestas de Gobierno Abierto. Tanto en la modernización de la gestión administrativa y de los servicios públicos, como en la adopción de estrategias de desarrollo sostenible, estos retos trazan el horizonte futuro de las Administraciones Publicas al mismo tiempo que constituyen los impulsos que orientan las dichas instituciones en esa dirección. La naturaleza distintiva de la democracia es lo que le permite situar a esos retos en el centro del proprio debate democrático.

Esta área temática invita a todas y todos a la presentación de propuestas de paneles que promocionen la discusión teórico-metodológica y el intercambio de casos prácticos sobre temas relevantes para el Gobierno Abierto en el contexto iberoamericano:

  • Tecnologías emergentes en la innovación pública;
  • Espacio mediático y redes sociales;
  • Participación ciudadana y sociedad civil;
  • Dimensões éticas no uso de tecnologias e na interação entre humanos e tecnologia;
  • Metodologías para el desarrollo sostenible y el diseño de escenarios de futuro de la Administración Publica (experimentación, foresight, innovación anticipatoria, etc.)
  • Prácticas colaborativas del Estado y colaboración con el ecosistema de innovación;
  • Transparencia y datos abiertos;
  • Nuevos modelos de gobernanza e de prestación de servicios públicos.

En la presentación de sus propuestas de panelas, los proponentes pueden optar por destacar uno de estos temas o por abarcar las combinaciones y intersecciones entre ellos, sin que haya ninguna limitación previa sobre el enfoque metodológico adoptado.


Os diagnósticos de crise sempre acompanharam a história da democracia. Têm surgido interpretações que relacionam essas crises com o surgimento de desafios de distinta ordem, como sucede hoje em dia quando se discutem o impacto da mudança tecnológica ou as expetativas dos cidadãos a respeito da confiança nas instituições democráticas. A transformação tecnológica promete potencialidades exponenciais no exercício de direitos pelos cidadãos, garantindo-lhes um amplo acesso à informação e alargando as suas redes de comunicação a uma escala inédita – ao mesmo tempo que são questionados os riscos de opacidade, controlo e imprevisibilidade. Diante das exigências dos cidadãos a respeito da transparência, equidade, integridade e legitimidade das instituições democráticas, os Estados têm sido pressionados para encontrar respostas inovadoras e apropriadas. Precisamente daqui surgiram as propostas de Administração Aberta. Tanto na modernização da gestão administrativa e dos serviços públicos, como na adoção de estratégias de desenvolvimento sustentável, estes desafios delineiam o horizonte futuro das Administrações Públicas e, ao mesmo tempo, constituem impulsos que as orientam nessa direção. A natureza peculiar da democracia permite-lhe trazer estes desafios para o centro do próprio debate democrático.

Esta área temática convida à apresentação de propostas de painéis que promovam a discussão teórico-metodológica e a partilha de iniciativas práticas relativas a temas relevantes para a Administração Aberta em contexto ibero-americano:

  • Tecnologias emergentes na inovação pública;
  • Espaço mediático e redes sociais;
  • Participação cidadã e sociedade civil;
  • Dimensões éticas no uso de tecnologias e na interação entre humanos e tecnologia;
  • Metodologias para o desenvolvimento sustentável e a antevisão do futuro da Administração Pública (experimentação, foresight, inovação antecipatória, etc.)
  • Práticas colaborativas do Estado e parcerias com o ecossistema de inovação;
  • Transparência e dados abertos;
  • Novos modelos de governança e de disponibilização de serviços públicos.

Na apresentação das suas propostas de painéis, os proponentes podem optar por destacar um destes temas ou por abranger as combinações e interseções existentes entre eles, sem que haja à partida nenhuma limitação nas abordagens metodológicas sugeridas.

Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública

En esta área tendrán cabida aquellos paneles que se refieran a políticas públicas sectoriales de administración de salud, educación y seguridad, administración de justicia y reforma judicial, políticas públicas en turismo, desarrollo rural, metodología en gestión de proyectos, gestión parlamentaria, y en general todo aquello que se refiera a la administración y gestión de las políticas públicas sectoriales