Hace no muchos años los gobiernos funcionaban como la televisión tradicional. Es decir, una programación general en horarios determinados, con una variedad acotada y muy poca información sobre si lo que se emitía realmente era lo demandado por la gente. La idea de “audiencia universal” no solo era una realidad televisiva, sino que los gobiernos a la hora de diseñar las políticas públicas funcionaban con la misma lógica. Los canales de aire empezaban su programación a las 10 de la mañana, mismo horario en el que abrían los bancos y las oficinas públicas. Es decir, la vida estaba organizada en función de la oferta y no de la demanda.

Con la revolución tecnológica y las sociedades basadas en datos, es impresionante la cantidad y calidad de información que se posee. Como toda interacción humana queda registrada, los algoritmos pueden perfilar preferencias y ofrecer opciones en función de las elecciones personales. De esta manera, si Netflix registra que mis contenidos audiovisuales son “acción” y “terror”, difícilmente me recomiende ver “El diario de Bridget Jones”. Del mismo modo, Spotify tampoco me recomendará escuchar al Chaqueño Palavecino si mi playlist está plagada de Calvin Harris y Dua Lipa.

Ahora bien, imagínense por un segundo si el Estado funcionara con la misma idea. Es decir, con una lógica algorítmica, inteligente y personalizada. Las tarifas de servicios públicos podrían ser segmentadas en función de diferentes variables y de manera automatizada sin necesidad de rellenar fomularios. La renovación de documentación personal podría ser directa ante la caducidad de plazos sin necesidad de turnos y miles de trámites desparecerían por completo. Porque el Estado no le daría a todos lo mismo, sino a cada uno lo específico, de manera personalizada, automatizada y eliminando costos y tiempos de transacción.

En este sentido, la evidencia hace un aporte innegable a las decisiones políticas y a las políticas públicas. En 1999, el gobierno del Reino Unido introdujo una novedad para desarrollar políticas a partir de contar con información de alta calidad y conformó una red de organismos con instituciones públicas y privadas coordinadas por el gabinete ministerial. Son los What Works Centers, que realizan investigaciones y difunden los resultados para que la evidencia sobre “lo que funciona” esté disponible para los decisores públicos.

Entre las 288 revisiones de evidencia realizadas en los últimos cinco años, en materia de seguridad se evaluó la instalación de puertas con cerradura en callejones para evitar el acceso de delincuentes, lo que redujo las tasas de robo sin que el crimen se desplazara a otras áreas. También se evaluó la utilización de cámaras corporales por parte de la policía y los resultados mostraron que redujeron las denuncias por comportamiento opresivo en un 33%, que las pruebas de los videos respaldan el 28% de los juicios por delitos violentos y que las cámaras no bajaron las tasas de detención y registro. Estos resultados influyeron en la decisión de entregar cámaras corporales a 22.000 oficiales la policía de Londres.

El caso de Estados Unidos es distinto, ya que trabaja en base a datos y microdatos reportados por el Sistema Federal de Estadística, compuesto por 130 agencias, y utiliza avances tecnológicos como el big data, la internet de las cosas, los microchips, la robotización y la transformación digital, que implican una nueva lógica para la toma de decisiones públicas. La iniciativa What Works Cities permite a las ciudades probar qué recursos locales utilizar para promover la movilidad económica y construir la infraestructura de datos que se necesita. Son nueve ciudades que identifican, prueban, adaptan y difunden estrategias locales, cada una con un financiamiento inicial de innovación y asistencia técnica de expertos para desarrollar sus programas, probarlos y fortalecer su capacidad de usar datos para la toma de decisiones basadas en evidencias que afectan la vida de sus residentes.

El Estado del siglo XXI está surcado por los datos y no puede depender de políticas públicas intuitivas, universales y del lado de la oferta, sino que deben estar acompañadas por una nueva cultura de toma de decisiones e implementación basadas en evidencias acordes a los nuevos avances tecnológicos. Así, la evidencia se transforma en la mejor asesora y arma fundamental para dotar de racionalidad a las acciones de gobierno.

(*) Especialista en Administración y Políticas Públicas (UBA – Georgetown).

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