Desde tiempo inmemorial, la búsqueda de un lenguaje específico de las profesiones ha sido una reserva propiedad de los miembros de la corporación, que no se han preocupado grandemente en lograr que el resto de los humanos tuviese poco más que algunas nociones de ese lenguaje. Los brujos y los sumos sacerdotes no se han distinguido por la claridad de la exposición de su pensamiento, sino por todo lo contrario. Por tanto, la comprensión constituía un ascenso en la conformación del estrato social de pertenencia, en este caso desde el punto de vista profesional y no específicamente con repercusiones económicas.
Esta distinción, que a lo largo de la historia puede ser identificada en la mayoría de las profesiones y que probablemente es necesaria para la inteligibilidad en profundidad de la materia de estudio, choca hoy con dos aspectos muy relevantes de la vida social. En primer lugar, el mensaje político que a causa de la extensión de la democracia y especialmente la electoral, precisa alcanzar a todos los individuos, pues los derechos electorales universales exigen que todos comprendan el mensaje. Cuanto más sencilla es la forma de expresión, se argumenta, más ciudadanos lo comprenderán y por tanto serán susceptibles de convencerse por los argumentos expuestos que, en todo caso, deben apelar al sentimiento.
En segundo lugar, nos interesa especialmente poner de manifiesto que, en el ámbito de las administraciones públicas, la transparencia exige la emisión de un lenguaje no vulgar, pero sí comprensible por todos los ciudadanos. Afortunadamente en la mayoría de los países de renta media o alta y en particular en Iberoamérica, el conocimiento del lenguaje por parte de la población, merced a la educación generalizada, es una realidad. Y ello facilita las cosas.
Sin embargo, la extensión del lenguaje predominantemente jurídico y a veces por imperativo de las normas regulatorias, donde la exhaustividad de la argumentación es marca de la casa, oscurece el mensaje emitido por las administraciones. Es también una crítica que se traslada a organizaciones de todo tipo y , en especial, a las instituciones supranacionales como se ha señalado insistentemente: La UE no puede ser una organización dedicada a dictar normas que los ciudadanos no comprenden (Maria Filomena Mónica,2021).
La introducción en la comunicación realizada al ciudadano de la legislación aplicable en términos minuciosos, amenaza con frecuencia generar más desazón que consuelo en la comunicación administrativa que, por ejemplo, concede una ayuda, subvención u otorga una pensión.
Nos encontramos en este caso en un nudo gordiano como en Frigia, que quizás haya que resolver como Alejandro, cortando la cuerda. Viene a cuento las palabras atribuidas a Alejandro Magno: Es lo mismo cortarlo que desatarlo. Por eso en numerosas ocasiones, en los trámites administrativos puede ser más resolutivo, eficaz y germen de innovación y mejora, comenzar desde cero. Las administraciones deberían esforzarse más en que sus resoluciones, probablemente basadas con certeza en normas democráticas y justas, sean claramente comprendidas por los ciudadanos.
Tiene que existir un lenguaje culto y científico que sólo será accesible para una minoría, pero ello no debe ser la escusa para expresiones farragosas y sólo comprensibles para los iniciados. La experiencia de esta pandemia, que se acerca peligrosamente a los dos años, es singularmente positiva pues en todos los países, los epidemiólogos han logrado trasladar conceptos científicos complejos, pero que han sido asimilados por la mayoría de los ciudadanos.
En este sentido, las administraciones deberían aprender de los medios de comunicación que cada día se esfuerzan en utilizar términos comprensibles y construcciones semánticas que lleguen a la mayoría. En consecuencia, el esfuerzo debe dirigirse a que el mensaje sea recibido y comprendido, no a citar todas las normas aplicables, incluyendo las sentencias interpretativas.
Ha de huirse de la opacidad en el lenguaje administrativo y caminar por la senda de la transparencia, porque es la base de la oposición a la corrupción y al crear respeto y cercanía, ayuda a la recuperación de la confianza en las instituciones públicas.
Artículo disponible en El Nacional.