Los ciudadanos incrementan su confianza en los Estados basándose en el funcionamiento eficaz de los servicios públicos, de sus instituciones y de la garantía de sus derechos democráticos. Si las instituciones no funcionan, los derechos merman y, especialmente, las capas sociales más desfavorecidas sufren dificultades mayores porque las políticas sociales a ellos dirigidas son ineficaces. Uno de los elementos necesarios e imprescindibles de este funcionamiento de los servicios públicos está constituido por los empleados públicos cuyo eficaz desempeño constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.

El proceso de profesionalización de los empleados públicos, tan necesario en los países iberoamericanos, dio un avance espectacular en Perú a partir de la constitución del organismo Servir en junio de 2008, generando expectativas, no sólo en Perú sino en numerosos países iberoamericanos que vieron en este organismo un ejemplo de comienzo y desarrollo de políticas de recursos humanos modernas y, sobre todo, profesionales de los empleados públicos. Se trataba no sólo de constituir un potente organismo público sino, especialmente, de desarrollar un camino de recursos humanos del ámbito público alejado del clientelismo, y, en definitiva, del sistema de botín (spoils System) que lamentablemente sigue estando muy extendido.

Su vivencia y desarrollo durante estos años transcurridos desde su fundación ha estado pleno de aciertos, avances y retrocesos. Entre los primeros, la constitución de la Escuela Nacional de Administración Pública y la selección y desarrollo del cuerpo de gerentes públicos. Entre los retrocesos, los demasiado frecuentes cambios en sus equipos directivos y, especialmente, los ataques sufridos desde el punto de vista político que con frecuencia han impedido la continuidad de una política eficaz de recursos humanos en el ámbito público.

Por ello, son bienvenidas las últimas decisiones adoptadas, que suponen un espaldarazo al organismo y un fortalecimiento de la política de función pública, que esperemos se mantenga en el tiempo y se desarrolle con éxito. En efecto, por Resolución del primer ministro se integran en el sistema de provisión de plazas los organismos públicos relacionados, que son la mayoría y que en definitiva supone la extensión del sistema de servicio civil, de ser algo esporádico a ser el procedimiento general que alcanza a todos los organismos fundamentales.

Hasta ahora, sólo 0,1% de los 1.560.000 empleados públicos estaban sometidos al régimen jurídico del servicio civil. Sus sistemas de contratación, muy variados y exentos de sistemas homologables en materia de selección, cuando no ausentes los referidos al mérito y la capacidad, pueden caminar hacia su extinción. Por ello, la nueva normativa dispone su transformación, mediante la realización de las pruebas selectivas correspondientes. Si el sistema logra éxito en proporciones relevantes supondrá un salto de gigante, que colocará a Perú entre los países más avanzados de América en el establecimiento de una función pública profesional.

Los más de veinte regímenes en la planilla estatal recogían a los trabajadores en una especie de selva jurídica que, de facto, impedía la realización de una política de recursos humanos en el ámbito público que pudiera denominarse como tal y que sirviese con objetividad los intereses generales.

Como se señala en el informe que justifica la Resolución, “para un mismo puesto se tienen salarios disímiles a pesar de que en la práctica los servidores públicos desempeñan similares funciones”. Además, se constata la existencia de empleo informal en el sector público que agrava a aún más la situación.

La OCDE desde 2016, como el CLAD, recomienda al país afianzar y aconseja en 2023 retomar la reforma del servicio civil, por el impacto que tiene sobre la confianza de los ciudadanos y por ende en el desarrollo económico y social del país. Por ello, se ha resuelto modificar la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, con la finalidad de fortalecer la gestión pública a través del tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil y promover el acceso meritocrático de los servidores civiles a dicho régimen. En definitiva, el paso realizado por las autoridades peruanas genera importantes expectativas para el desarrollo de una función pública profesional en el Estado.

Además, la norma que se comenta autoriza a Servir a diseñar e implementar el servicio de evaluación de competencias para puestos directivos, asunto que constituye en sí mismo un elemento relevante en el proceso de profesionalización. Ya no se trata sólo de generar un proceso de profesionalización extendido a los organismos públicos, sino que se instituye un sistema   orientado a los servidores civiles y profesionales interesados en vincularse al grupo de directivos públicos.

En suma, la norma comentada parece dejar atrás las reservas de los sucesivos ejecutivos peruanos hacia la profesionalización de los empleados públicos. Esperemos que tan ambicioso programa subsista en el tiempo y que los sucesivos gobiernos respeten las intenciones de profesionalización que Servir lidera en estos momentos.

@VelazquezFJ1

Fuente: El Nacional