El reciente Congreso del CLAD, que hace el número XXVIII y que se ha celebrado de forma ininterrumpida desde el primero, que tuvo lugar en Río de Janeiro, ha servido también para realizar un recuento de las actividades llevadas a cabo en los últimos años. Se ha aprobado una Declaración de La Habana, que contiene los aspectos en los que, a juicio de los congresistas, debe acentuarse la actividad de esta organización internacional que ha cumplido ya 51 años y cuya sede se encuentra en Caracas.

Las administraciones públicas deben ponerse en la vanguardia de las innovaciones, especialmente las de raíz tecnológica, con el fin de lograr prestar los servicios a los ciudadanos con el máximo de diligencia y eficacia. Este axioma contiene en buena medida el planteamiento general de los cientos de paneles y presentaciones especiales del Congreso de La Habana.

Los adelantos tecnológicos y las innovaciones constituyen resortes poderosos de la relación entre administración y ciudadanos, y pueden lograr una prestación más eficaz de los servicios públicos. En consecuencia, el incremento de la colaboración entre las administraciones públicas, las empresas, las universidades y la sociedad civil debe incrementarse. En esta línea de actuación se incluye la aprobación mediante unanimidad de la Carta de Inteligencia Artificial en la Administración Pública que supone un salto cualitativo, en el camino de utilizar las tecnologías en beneficio de la mejora en la prestación de los servicios públicos y la atención a los ciudadanos de forma más veloz y eficaz.

La Carta promueve un marco común en todos los países miembros del CLAD, con principios compartidos y pautas prácticas de gobernanza de los sistemas algorítmicos directamente aplicables en el sector público. Precisamente, la utilización de algoritmos para la solución de problemas y prestación de servicios en las administraciones públicas, debe ser objeto de experiencias previas, control en su desarrollo y evaluación de resultados, con el fin de asegurar los beneficios de su utilización y corregir los sesgos negativos de su uso. Las primeras investigaciones en esta materia en Estados Unidos y Europa revelan cabalmente la generación de algunas discriminaciones en materia de raza, lengua o procedencia social, incluso de género, que obviamente han de modificarse estableciendo planes piloto y programas de seguimiento continuo, que en lugar de sancionar los resultados, obliguen a modificar los parámetros originales. Cuando pensamos en la regulación de la inteligencia artificial, las plataformas o la remuneración del periodismo, debemos colocar la raza y el género en el centro del debate. (Fernanda Martins, 2023)

La promoción de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública se ha convertido en una necesidad de todos los gobiernos, que deben realizar en las administraciones públicas cambios en sus estructuras y personal, primando especialmente la capacitación en estas materias, imprescindibles para la gestión de las organizaciones en la actualidad. Además, los gobiernos deben acometer ambiciosos programas de extensión de estas tecnologías, de forma que no sólo la prestación de servicios sino buena parte de las actividades aproveche sus beneficios.

Además, la ciudadanía debe constituir el centro del enfoque en la utilización de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública, protegiendo los derechos humanos, facilitando nuevas capacidades en las personas e impidiendo tratos desiguales. Programas de esta naturaleza son imprescindibles, puesto que después de la pandemia se registra el mantenimiento de la pobreza en el continente latinoamericano, como se puede comprobar en el gráfico adjunto suministrado por la Comisión Económica de América Latina (Cepal).

En el aspecto anexo al de las tecnologías y la Inteligencia Artificial se encuentra el aprovechamiento de los datos en las administraciones públicas que debe priorizarse, de modo que las unidades de modernización e innovación señalen su utilización en beneficio de los ciudadanos. En definitiva, se trata de auspiciar la disrupción en el ámbito de las administraciones, convirtiendo a la burocracia de una organización lenta y plena de procedimientos farragosos en una organización dinámica impulsada por la creatividad y la experimentación.

La neutralidad de los funcionarios y su imparcialidad componen elementos necesarios e imprescindibles para la gobernanza de los países. En consecuencia, resulta imprescindible que los Estados cuenten con sistemas de función pública profesional. La selección objetiva de los empleados o servidores públicos constituye una garantía imprescindible del acierto en las políticas públicas y del buen hacer en beneficio ciudadano de las decisiones públicas y, en definitiva, de la efectividad de la gobernanza. Resultará cada vez más difícil gerenciar los asuntos públicos seleccionando al personal de las administraciones por métodos clientelistas o partidarios, en lugar de utilizar a los más capaces de la sociedad.

La adecuada formación y capacitación de los directivos públicos debe formar parte de la agenda prioritaria de los gobiernos de forma que se garantice la destreza en las decisiones y su adecuación a las normas vigentes en cada país. La capacitación y la formación en materias tecnológicas, puesta en marcha por numerosos Estados es un buen comienzo.

En definitiva, la Inteligencia Artificial es una nueva herramienta tecnológica muy avanzada, capaz incluso de aprender por sí misma, que, utilizada adecuadamente en la Administración Pública, puede cambiar los modos de actuación de la burocracia, eliminando en buena medida la discrecionalidad, por la proliferación de los procedimientos automatizados. Es un buen instrumento para luchar contra la corrupción y en particular contra la discriminación ciudadana.

@VelazquezFJ1

Fuente: El Nacional