En La Habana (Cuba) se va a celebrar a partir de los próximos días el XXVIII Congreso del CLAD, que reunirá numerosos estudiosos de la administración pública, profesores, gestores y consultores de los asuntos públicos. Con seguridad, como suele ocurrir, se debatirán temas en los que las políticas públicas, la Administración y el quehacer de los funcionarios serán objeto de debate y no escasa controversia. ¿Pueden los funcionarios, inmiscuirse en la política o deben ser como señalaba Max Weber personas que desarrollen su labor sine ira et studio? Escribió Weber que el auténtico funcionario no debe hacer política, sino limitarse a “administrar”, sobre todo imparcialmente.

Para que esa labor funcionarial sea imparcial debe fundamentarse en algún sistema selectivo que tenga garantías de objetividad e igualdad de oportunidades. Por estas razones, uno de los temas centrales de la administración pública está constituido por la selección objetiva de los funcionarios, que deben servir adecuadamente a los responsables políticos que, elegidos de forma democrática, dirigen la administración pública.

Los procedimientos de selección pueden ser diferentes, atendiendo a las tradiciones de cada país, a la menor o mayor capacidad por parte de sus estructuras administrativas, que incluso pueden contar con personal especializado, o con la participación de empresas privadas especializadas.

En los últimos años, como corresponde al devenir tecnológico y científico de esta cuarta Revolución Industrial en la que nos encontramos, se alternan los países que realizan de forma directa el proceso selectivo con los que recurren  a empresas de headhunters u otros especialistas , las que han constituido estructuras de expertos en selección de personal y aquellas que, como en España, son los propios miembros de los cuerpos de funcionarios (agrupaciones de individuos que desempeñan puestos de trabajo similares) los que desarrollan tal cometido. En países como Costa Rica, todas las personas que laboran en forma permanente ingresaron por procedimientos de selección abierto, competitivo y público. Es un ejemplo positivo que con certeza mejora la efectividad de la administración costarricense.

La participación de empresas externas se realiza en Chile con la selección de la Alta Dirección Pública, que genera cuantiosos gastos a las administraciones, aunque puede afirmarse que en general el proceso selectivo es exitoso. Recientemente se han conmemorado los veinte años del comienzo del sistema y a juzgar por las declaraciones de sus responsables, ha de concluirse que están razonablemente satisfechos de los resultados. Francisco Longo, que participó de manera directa hace veinte años en el proceso de constitución de este sistema, señaló en la ocasión que el directivo está obligado a ser un interlocutor fiable de los políticos (Longo ,2023).

La única sugerencia al sistema chileno es precisamente que, tan costoso y sofisticado sistema de selección de los directivos, no garantiza su permanencia, que se calcula en poco más de tres años de media, aunque algunos directivos seleccionados están un tiempo considerablemente mayor.

Un sistema que ha obtenido cierto éxito es el establecido por Servir en Perú, con la extensión de los gerentes públicos que, a trancas y barrancas, se mantiene a pesar de los cambios tan drásticos y frecuentes en los gobiernos del Perú.

En algunos países iberoamericanos están estableciendo controles para los nombramientos de responsables políticos y directivos, exigiendo la posesión de títulos universitarios o de grado medio, para el desempeño de estos cargos. Algún avance es, puesto que se establecen barreras al nombramiento indiscriminado y al pago de favores electorales mediante cargos públicos, una vez obtenida la victoria electoral.

Otros sistemas, como el español, generan alta competencia técnica, pero perpetúan los sesgos de clase media-alta y alta, con el consiguiente bagaje ideológico conservador, que deja de forma evidente dificultades para ejercer la disrupción, tan necesaria en la burocracia en esta era de la innovación y la inteligencia artificial.

Sin embargo, ninguno de los sistemas está exento de politizarse. Esta situación puede derivarse de los propios sistemas selectivos, o de la participación activa en circunstancias políticas de las que no están exentos los propios funcionarios públicos. Por esta razón viene a cuento la polémica suscitada en España como consecuencia de los pactos políticos generados por el presidente español Pedro Sánchez, para lograr la investidura para un nuevo periodo de cuatro años. En Estados Unidos también grupos de funcionarios se han manifestado en términos políticos sobre la guerra entre Hamás e Israel, en este caso reclamando un alto el fuego inmediato. Sin embargo, la neutralidad política de los funcionarios se convierte en un principio fundamental que asegura y garantiza, de una parte, la fiel ejecución de las políticas diseñadas por los gobiernos emanados de la voluntad del pueblo y, de otra, la continuidad en la eficaz prestación de los servicios públicos (Julián Álvarez, 1987).

Varias asociaciones de altos funcionarios (no sindicatos) han emitido comunicados críticos con estos pactos en España, indicando en algún caso la hipotética inconstitucionalidad de aspectos de estos acuerdos, que contienen incluso un proyecto de ley de amnistía para los graves sucesos acaecidos en Cataluña entre los años 2012 y 2017, durante el mandato del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy.

En coherencia con lo anteriormente señalado, conviene poner de relieve que la posición más medida y acertada es la que ha puesto de manifiesto la Academia Española de Administración Pública, que ha destacado la estricta neutralidad política a la que están sujetos los funcionarios públicos. Por ello, han reiterado el papel que deben desempeñar como empleados públicos, profesionales, neutrales e imparciales, de una Administración que es dirigida por el Gobierno que resulte democráticamente elegido.

@VelazquezFJ1

Fuente: El Nacional