La información no deja dudas. En edición del 4 de marzo de 2014, EL TIEMPO reportó que: “Una inesperada salida de Ovidio Claros, uno de los magistrados más polémicos de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, impidió que la votación de esa Corte que tumbaba las tutelas en favor del Alcalde Petro fuera oficial desde ese martes. Cuando ya cuatro magistrados habían anunciado su voto en favor de la ponencia de Pedro Sanabria, que negaba la ‘tutelaton’ promovida por los seguidores del Alcalde, Claros pidió más tiempo para estudiar el proceso” … “Aunque se trata de un trámite usual, en este caso había acuerdo para proceder a la votación, que de hecho ya estaba definida (la Sala tiene siete miembros, con lo cual 4 hacen la mayoría).
El efecto de esa maniobra fue dejar en suspenso la votación, que no se ha cerrado y que debe seguir una vez el magistrado considere que tiene suficiente ilustración”.
Ovidio Claros, es el abogado que el presidente Petro ha candidatizado para presidir la Cámara de Comercio de Bogotá. Una organización con un presupuesto de $500 mil millones y una nómina cercana a los mil cargos para “administrar”.
El hecho de que haya sido juez de Petro invalida éticamente a Claros como candidato a la Cámara o a cualquier cargo público que dependa de la decisión del hoy Presidente de la república. La razón es simple: gracias a su intervención la votación negativa no se produjo y eso, de una u otra manera, benefició a Petro. Además, si se tiene en cuenta que la esposa de Claros hace parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara (que investiga las denuncias contra el Presidente y demás aforados), es evidente que Petro debió abstenerse de presentar a Claros como candidato. Peor aún, Claros tenía la obligación ética y moral de no aceptar esa nominación. Un juez de verdad se hace respetar.
Pero si la falta de ética es grave, la falta de competencias para desempeñar el cargo es peor. Claros se ha destacado más por las sanciones y los problemas judiciales, que por sus aportes a la administración pública o al bienestar de los ciudadanos, en su paso como gerente del seguro social en Bogotá, representante a la cámara, magistrado del Consejo de la Judicatura, o Contralor de Bogotá.
Hasta hace una semana su nombramiento estaba bloqueado. Cinco empresarios de los doce que conforman la junta directiva de la Cámara, se negaban a votar por el candidato de Petro. A Claros le faltaba un voto para salir electo. Una gestión de “altísimo nivel” hizo que uno de los grandes grupos económicos cambiara de opinión y apoyara al candidato del presidente. Un grupo de ese tamaño no va a pelear por quien está al frente de una organización como la Cámara de Comercio, cuando están en juego otros asuntos de mayor valor para sus empresas. En un país con reglas de juego tan volátiles, más vale ser amigo del gobierno de turno que su contradictor. No importa lo que el presidente diga o el color ideológico que tenga. Todos saben que los presidentes pasan, los capitales quedan. Como decía Ulises Rinaudo «hay momentos en que la ideología es soluble en el dinero…. hasta que se acaba el dinero».
Pero no estamos ante una maniobra exclusiva de Petro. La intromisión presidencial en la elección del timonel de la Cámara de Comercio ha sido histórica. El presidente de turno ha aprovechado la ventaja que le da tener cuatro cupos en la Junta y su poder presidencial, para poner allí a sus amigos o beneficiarios. Algunos de ellos no han sido más competentes que Claros, aunque (eso sí) no han tenido el manejo ni la experiencia política que éste ha demostrado en sus cargos.
No es hora para pedir a Petro o Claros lecciones de ética a las nuevas generaciones. Y tampoco la situación está para rasgarse las vestiduras. Pero nadie imaginaba que la elección de Claros terminaría avalada por los grandes grupos económicos y no por los medianos y pequeños. Ni siquiera por los tenderos a quienes Petro prometió que llevaría a la Cámara.
PEDRO MEDELLÍN
Profesor titular Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional