Políticas de Estado para los ciudadanos


 

Ahora que se producen alteraciones políticas en Guatemala, Ecuador, Argentina y otros países de la región, conviene recordar que no todas las políticas públicas tienen un cariz partidario, que impida el voto favorable de los partidos adversarios. Algunos de los proyectos culturales, de infraestructuras o ecológicos, comenzados por opciones políticas derrotadas se destinan a envejecer, por parte de los nuevos responsables gubernamentales, sin haber terminado su primitivo desarrollo y finalidad. La ciudadanía, sin embargo, piensa que eran buenos para la vida en sociedad.

¿Cuántas vías de ferrocarril, puertos, aeropuertos, carreteras, programas sociales o culturales, ecológicos, agrícolas o tecnológicos, han sido abandonados, o con suerte cambiados los nombres, por el mero hecho de que habían sido comenzados por la administración anterior?

Los asuntos internacionales y la defensa nacional suelen ser objeto de acuerdo en la mayoría de los países, pero ello no nos debe hacer olvidar que en ciertas ocasiones las diferencias se extienden a aspectos tan cercanos, como la política migratoria o la mayor o menor cooperación con otros países de ideologías distintas.

Los asuntos territoriales y fronterizos en general, después del siglo XIX, cuando las fronteras se extendían o reducían al compás de los procesos bélicos, al modo y manera de siglos anteriores en Europa, suele conllevar un alto grado de acuerdo entre las grandes fuerzas políticas nacionales.

El asunto tiene que ver con las profundas alteraciones políticas que tienen lugar en la mayoría de los países del área. En los últimos años, ha habido cambios importantes de las tendencias políticas en numerosos países que han hecho bascular las opciones ideológicas de forma acusada, sin que se haya puesto en peligro en general el funcionamiento de las instituciones esenciales de la democracia. Un repaso por los países nos revela que incluso en aquellos en los que se han producido cambios importantes las instituciones del poder legislativo, la justicia y la mecánica electoral han funcionado, a pesar en algunos casos de lamentables actos de violencia como en Ecuador.

La fortaleza de la democracia se comprueba precisamente en el mantenimiento de las instituciones y, dentro de estas, en la secuencia de las políticas esenciales que desarrollan: las políticas públicas de Estado. La política exterior suele ser uno de los aspectos de mayor consenso, pero incluso en este tema podemos encontrar reflejos de la confrontación partidaria. Un aspecto no menor es el que hace referencia al nombramiento de profesionales diplomáticos o personas de declarada lealtad partidaria. La primera de las opciones probablemente defiende mejor los intereses de los ciudadanos a causa de su profesionalidad y conocimiento de los temas.

En numerosos países desarrollados, por otra parte, la política institucional de la administración y en particular la conformación de la función pública está gerenciada por profesionales seleccionados por mérito y capacidad. En Iberoamérica continúa vigente en la mayoría de los países un sistema que, aun utilizando sistemas selectivos, exige una declarada prima para elementos partidarios. Tenemos ya aquí dos políticas de Estado que deben ser dos temas importantes de reflexión de nuestros responsables políticos.

Algunos organismos internacionales han propuesto listas de políticas públicas, pero parece que algunas de ellas como la conservación de los bienes culturales o la pervivencia y protección de espacios naturales con grados de protección altos, con frecuencia son admitidos por las diversas opciones políticas y no suelen ser objeto de modificaciones relevantes cuando hay cambios gubernamentales. Los matices en el grado de observancia o los recursos económicos disponibles para su cumplimiento si sufren alteraciones, pero se respetan los aspectos esenciales.

Como se ha señalado, lo mejor que pueden hacer los gobiernos es buscar esos puntos de contacto y cultivarlos, en vez de dedicarse a explotar las divisiones políticas y sociales para obtener ventajas a corto plazo. (Michael Spence, 2023)

Cuando se estudia la legislación aprobada por las Asambleas o Congresos Nacionales, se observa, con frecuencia, que el grado de acuerdo de los principales partidos es considerable llegando en muchos casos a la votación conjunta en más de la mitad de los instrumentos legislativos aprobados. Ello no significa que no haya existido negociación o que la fase de enmiendas haya sido estéril: expresa que muchos de los aspectos de la actividad legislativa tienen que ver con aspectos técnicos y administrativos alejados de cuestiones ideológicas partidarias.

La Defensa nacional en Estados Unidos puede ser un ejemplo paradigmático. Es habitual que en los casos de intervención en conflictos por parte de este país se mantenga, aunque con matices, la actuación de los predecesores en la Presidencia, aunque suelen registrarse aumento o disminución de recursos, o acelerones o frenazos que no alteran la finalidad última de la política iniciada.

Finalmente, incluso en los regímenes presidenciales, la cultura de la negociación y de la coalición se impone por cuanto la sociedad plural reúne numerosos puntos de vista que es necesario conciliar. Las políticas de Estado pueden facilitar estos procesos de coalición futuros.

Artículo disponible en El Nacional.