El Gobierno no mide las decisiones que toma. Convoca asambleas populares para “organizar la sociedad en el debate de las reformas sociales que propone y para impulsar los acuerdos de la paz”, sin valorar que se trata de un país en el que más de la mitad de su territorio está sometido por organizaciones armadas ilegales. Es decir que manejan la economía, cobran impuestos, administran justicia, deciden quién entra y quién sale, o quién se puede quedar o se tiene que ir. 

En 24 de 32 departamentos de Colombia se está dejando el dominio de las discusiones a quienes tienen el control de las armas (¿o hay alguien que pueda deliberar libremente cuando le apunta un arma?). La institucionalidad que sostiene la función legislativa en el país (Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales) va a volar en pedazos.

Es comprensible que un presidente, forzado por la negativa de los congresistas a aprobar sus proyectos de ley sin modificar una coma y descompuesto por ver que el tiempo pasa y su gobierno no logra obtener un resultado que pueda mostrar como propio, busque medidas de fondo para sacar adelante sus reformas. Lo que no es comprensible es que sea a cualquier costo. En el marco de un desafío al poder de la prensa, a la que culpa de buena parte de sus estropicios, Petro opta por dar forma concreta a la modalidad con la que espera sacar la gente a las calles a defender las reformas del cambio con las llamadas “asambleas populares”.

Nada más atractivo, para alguien que se proclama agente del cambio en Colombia, que sustituir a unos congresistas, diputados y concejales que viven del clientelismo y la corrupción por una asamblea del pueblo reunida en los parques de todos los municipios, para “tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad para movilizarse”. Y todavía más si en ese cambio está decidido que los gabinetes de ministros “estén al servicio de la voluntad popular”, pues el compañero-Presidente (al paso que vamos, así habrá que llamarlo) ya dijo que “ministro o ministra que no haga caso al mandato del pueblo se va”.

Pero nada más peligroso que apostar al “parlamentarismo popular” en el que, por el carácter plebiscitario de las asambleas populares, las decisiones que se toman no se atienen a la legalidad de los procesos gubernamentales ni a las reglas del juego político e institucional. Mucho más cuando los que las controlan son los que tienen las armas. Van a terminar definiendo las reformas y el curso de la paz.

¿Quién conducirá las asambleas populares en que los pequeños y medianos mineros se reúnan localmente “para estudiar los resultados de la convención minera”? ¿Quién va a “configurar las asambleas de usuarios para impulsar las comunidades de prestación de servicios y las nuevas normas que revaliden los derechos de los usuarios de los servicios públicos”? ¿Cómo se van a desarrollar las asambleas estudiantiles por universidad y barrio que “impulsen la gran reforma de la educación, la cultura y el deporte”?

Forzar el paso de una democracia representativa a una democracia de las calles, sin unas reglas de juego definidas, cierra los espacios de la expresión política de los debates en el Congreso, las asambleas y los concejos, para llevarlas a formas de expresión callejera de la insatisfacción o indignación ciudadana que no se sabe cómo funcionarán ni dónde terminarán. Y, sobre todo, desplaza los patrones de la intermediación política de los partidos para entregarla a los que controlen la vida en el barrio o en la ciudad. Serán los nuevos tenedores “legítimos” del poder en el territorio.

El problema está en que, como en todas las propuestas, Petro llega tarde. Así como en su momento los grupos ilegales hicieron que, a través de lo que ahora se llama “guardias campesinas”, el Estado no pudiera combatir a los delincuentes, ahora con las asambleas populares podrán decidir con fuerza de ley si los militares y policías deben seguir en su territorio o si lo deben abandonar, como ya sucedió en el Cauca o el Catatumbo.

Artículo publicado en El Tiempo.