Transitamos la tercera (y según algunos autores, cuarta o incluso quinta) revolución industrial, cuyo rasgo distintivo es la velocidad del cambio: transcurrieron cien años entre las primeras, mientras que asistimos a cambios cada vez más rápidos y sorprendentes en esta Era Digital.   

El desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), está cambiando radicalmente la forma en que trabajamos y vivimos, y no quedan dudas que esto presenta enormes oportunidades, pero a la vez desafíos que deben ser atendidos a tiempo para asegurar que se puedan aprovechar sus ventajas para mejorar la calidad de vida de la población, evitando profundizar las desigualdades sociales y mejorando la equidad. 

Allí es donde el tema cobra especial relevancia para la administración pública, y cómo el Estado puede sacar provecho de estas tecnologías para potenciar sus políticas y mejorar la provisión de bienes y servicios. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el papel indelegable que tiene el Estado en la sociedad lo obliga a no quedar a la zaga de los avances que, en este campo, se están dando en el mercado y la sociedad, sin que ello implique el fetichismo de la tecnología o su incorporación acrítica, perdiendo de vista las características del entorno y el punto de partida. 

La IA ofrece oportunidades para la provisión de servicios públicos de manera más eficiente y efectiva. Por ejemplo, en el sector de salud, la IA puede utilizarse para mejorar el diagnóstico, optimizar la gestión de los escasos recursos humanos y de infraestructura con que cuenta el sistema. En el ámbito de la educación puede ayudar a reducir las brechas de aprendizaje y mejorar la calidad de la enseñanza. 

Herramientas específicas, como ChatGPT, que en los últimos meses han acaparado el interés de tantas personas, tienen el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología. Se trata de modelos de lenguaje basados en IA que utilizan la generación de texto para responder preguntas y mantener conversaciones con los usuarios. En Argentina, el uso de chatbots basados en IA se ha extendido en diversos sectores, incluida la administración pública, en la que se utilizan, por ejemplo, para proporcionar información sobre trámites y servicios, responder preguntas frecuentes y ayudar en la navegación de los sitios web gubernamentales (como Boti del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Tina del Gobierno Nacional o el chatbot del Instituto Nacional de la Administración Pública). Esto permite una atención más eficiente y alivia la carga de trabajo de muchos agentes públicos, liberándolos para tareas más complejas y especializadas. 

Si bien presenta un enorme potencial, la adopción de la IA en la administración pública también enfrenta desafíos significativos, especialmente en los países en desarrollo, y uno de los principales es la brecha digital. Aunque el acceso a Internet ha mejorado, alcanzando al 87% de la población que refiere haber usado Internet en los últimos tres meses (según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones), es importante tener en cuenta que aún existen disparidades regionales, de edad, género y nivel socioeconómico en el acceso a la red y habilidades digitales, lo que puede profundizar las desigualdades existentes y limitar el acceso de ciertos grupos a los beneficios de la IA. 

A su vez, es importante tener en cuenta que los modelos basados en IA pueden presentar sesgos, ya que se basan en los datos existentes y pueden reflejar prejuicios y desigualdades. Por lo tanto, es fundamental adelantarse y aplicar políticas de mitigación de sesgos y garantizar la transparencia y responsabilidad en el uso de estas herramientas en el ámbito estatal. La utilización de IA depende de la calidad de los datos, su recopilación y análisis en grandes cantidades, por lo que la falta de una cultura de datos sólida, la calidad deficiente de los mismos, junto a la falta de interoperabilidad entre sistemas, dificultan el acceso y la utilización efectiva de la información necesaria para alimentar y entrenar los modelos de IA.  

Por ello, desde CIPPEC y en el marco del Programa #40D proponemos una estrategia de Gobernanza de Datos para la Transformación Pública Digital con el objetivo de aprovechar plenamente el potencial de la IA, pero de forma ética y responsable, orientando el uso de los datos como fuente de mejores políticas basadas en la evidencia. Más aún cuando los mayores déficits de información se relacionan con los grupos vulnerables de la sociedad, teniendo la obligación de evitar una nueva vía de discriminación e inequidad. 

La capacitación de la fuerza laboral es otro de los temas que no debe soslayarse. La introducción de la IA en el Estado requerirá la reorientación y actualización de las capacidades y competencias, y quizá también un proceso de reentrenamiento y reconversión laboral, de las y los agentes públicos/as. Nuevos perfiles como especialistas en datos, prompt engenieers, expertos en aprendizaje automático y analistas de políticas basadas en evidencia se vuelven cada vez más importantes en el ámbito estatal. Es necesario diseñar y poner en marcha programas de capacitación y desarrollo profesional para que las y los agentes puedan trabajar de manera efectiva con la IA, y atender a sus desafíos. Esto ayudará a maximizar el potencial de la IA en la entrega de servicios públicos y evitar nuevas formas de desigualdad. 

En conclusión, para asegurar una adopción inclusiva y equitativa de la IA en la administración pública, es fundamental abordar los desafíos mencionados anteriormente: implementar políticas y programas que promuevan la inclusión digital, garantizar la protección de datos personales y fortalecer la capacitación y actualización de habilidades para los funcionarios públicos. Además, es importante fomentar la colaboración entre los sectores público, privado y académico y científico tecnológico para aprovechar al máximo el potencial de la IA en la entrega de más y mejores servicios y bienes públicos. 

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