Petro y su equipo no han entendido que el verdadero poder del Estado está en sus Fuerzas Armadas.

El presidente Petro y los militares están atravesando una situación que debe preocupar a todos. El ambiente cada vez más cargado de tensiones y conflictos cruzados entre uno y otros ya es insostenible. Las molestias abiertas o soterradas que cada uno expresa del otro están llevando al país a un punto de no retorno. La movilización de soldados profesionales en las calles, en protesta por la expedición de dos actos administrativos que sacan de las fuerzas a más de 800 de ellos sin haber cumplido con el trámite del programa de reintegro a la vida civil que estaba establecido ha sido apenas una de las razones que se sumaron al cúmulo que ha desatado la más grande protesta que militares y policías retirados hayan realizado en el país. 

“Nos echaron como a perros, y les dan beneficios a los criminales”, argumentaban los soldados buscando una respuesta del Gobierno, que se tardó eternidades en reversar la decisión. Es tan deficiente la conducción gubernamental de las Fuerzas Militares y de Policía que ni siquiera las declaraciones del coronel Marulanda invocando un golpe pudieron ocultarlo.

Petro y su equipo no han entendido que el poder del Estado, el verdadero, está en sus Fuerzas Armadas. Que hasta ahora ninguna democracia ha podido inventar una fórmula mejor. “Hay que armar a un grupo de ciudadanos, los mejores, los más rectos, los más justos, y dejarles a ellos que establezcan el equilibrio cuando sea menester”, dijo el electo presidente de la república Alberto Lleras cuando trazó las reglas de juego que debían regir ese otro pacto nacional que debía seguir al que se había acordado entre conservadores y liberales para llegar a la paz: el pacto entre las fuerzas políticas y las Fuerzas Armadas.

El problema está en que ese es el pacto que precisamente Petro está fracturando. Aquel que Lleras Camargo sintetizaba diciendo que se trataba de asegurar “que la política sea el arte de la controversia, y la milicia, el de la disciplina”. De manera silenciosa, el gobierno Petro está llevando la controversia a la milicia e imponiendo disciplina a la política. Al tomar decisiones que quebrantan la unidad del estamento militar, abren el espacio a los disensos y las fracturas internas que no se pueden tramitar en una organización armada si no es con política. Lo mismo que, al optar por ministros que solo sepan decir sí a todo lo que al Presidente se le ocurra, está haciendo visible el propósito presidencial de imponer la disciplina donde antes regía la política.

Ahí está la raíz del desorden, la lentitud y la ineficiencia que se observan en el Gobierno. En la política de seguridad y orden público, la gestión ministerial se desplaza entre la confusión y la parálisis. La salida de más de sesenta generales y la sucesión de órdenes equivocadas han hecho olvidar el precepto expuesto por Lleras Camargo: “La preparación militar requiere, pues, que quien da las ordenes haya aprendido a hacerlo sin vacilar y tenga, hasta donde sea posible, todo previsto, y que el que las reciba las ejecute sin dudas ni controversias”.

No puede ser que cada vez que los soldados y policías hagan un operativo contra el narcotráfico o alguna actividad ilegal terminen “retenidos” por la comunidad en el Cauca, Nariño, Meta o en el Catatumbo. Sobre todo que sea por cuenta de las guardias (campesina, indígena o cimarrona), que el gobierno promueve como un “maravilloso” mecanismo de autoprotección comunitaria. Tampoco se puede aceptar el control territorial de 22 bandas armadas ilegales en Quindío y Risaralda. Y mucho menos que la guardia indígena pretenda cobrar a los pobladores un pago por utilizar los espacios públicos de las zonas que “ellos controlan”.

Petro debe aceptar que si quiere hacer valer el poder del Estado del que es jefe, debe potenciar sus Fuerzas Armadas y de Policía. Nadie ha podido inventar una fórmula mejor. Mientras no lo haga, va a seguir teniendo un gobierno virtual que toma decisiones en un país cuyos territorios no controla y una soberanía del pueblo secuestrada por los grupos armados ilegales.

Arículo disponible en El Tiempo.