Los promotores de la amnesia y de la ocultación o equiparación de ese “pasado sucio” de represión de libertades y dictadura han mediatizado todo lo que han podido el modo de enseñar la historia contemporánea de España, ocultando o desvaneciendo una parte importante de nuestra memoria democrática.

Desde hace un tiempo ha crecido la preocupación por los procesos de degradación que se observan en algunas democracias actuales. En términos generales, las voces de alarma frente a los peligros que ahora mismo acechan apuntan a una preocupante pérdida de calidad de la democracia, a la emergencia de espectros autoritarios del pasado, de liderazgos ultraconservadores, demagógicos y populistas de hombres fuertes y “providenciales” que prometen salvar a los pueblos de complejos problemas con falsas soluciones, a cambio de cesiones en garantías sobre derechos y libertades democráticas fundamentales. 

En nuestro caso se advierten algunos de esos riesgos, provocados por una derecha conservadora que todavía no ha superado su transición a la militancia democrática normalizada en el occidente europeo y se manifiesta incapaz de desprenderse de sus antiguos vínculos con el franquismo político y sociológico. Que reclama el monopolio del “constitucionalismo”, pero en un alarde permanente de incoherencia se ha opuesto sistemáticamente a incorporar la Educación para la Ciudadanía Democrática en el sistema educativo español, y recientemente ha prometido derogar la Ley de la Memoria Democrática, cuya finalidad reside en la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España y su lógica incorporación al currículo escolar de un Estado democrático 

Seamos claros, una democracia sin memoria de la propia historia de su existencia, como pretenden las derechas conservadora y ultra, no es sostenible, porque carente  de vitalidad y de aliento, es presa fácil de quienes la intenten degradar o subvertir. Una democracia sin memoria carece de la imprescindible conciencia y conocimiento sobre  su razón de ser y de su misión histórica como conquista cultural y de civilización, y sobre el origen y fundamentación de sus valores, instituciones básicas y de las conquistas graduales de libertades y derechos de ciudadanía que le dan sentido. Y también es injusta cuando ignora y olvida a tantas generaciones que desde 1812  sacrificaron libertades, vidas y bienes por impulsar avances democratizadores de los que hoy somos herederos y beneficiarios. 

La democracia que logramos, tras la decadencia vital de la dictadura franquista, que no pudo sobrevivir a quien la creó, no tuvo su origen en una “carta otorgada” desde el poder, ni fue regalada por ningún rey mago o emérito, sino reconquistada pacíficamente, tras 40 años seguidos de su extinción por la violencia, como obra labrada por muchos ciudadanos y ciudadanas, durante mucho tiempo pasando la antorcha de generación en generación en los siglos XIX y XX. 

Transmitir esta memoria de nuestra democracia es igualmente uno de los fines de la educación, si tomamos en serio como constitucionalistas veraces el artículo 27.2  de nuestra ley fundamental, conforme al cual se debe educar a todo el alumnado en “el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Principios democráticos, derechos y libertades que no se inventaron en 1978, sino a lo largo de un dilatado y difícil proceso alternado de ilusionantes y  breves períodos de éxitos y conquistas y prolongados periodos de retrocesos y derrotas, la última de las cuales fue la destrucción de la democracia que se había comenzado a construir a partir de la Constitución republicana de 1931. El franquismo, tras la destrucción de la II República, tuvo 40 años, desde el golpe militar hasta la muerte del dictador a finales de 1975, para construir y reproducir su propia memoria, mediante la extirpación por la censura, la depuración, la cárcel, el exilio y la muerte, de las raíces de todo el acervo logrado de progreso intelectual, científico, cultural, político y social creado y promovido por sucesivas generaciones de ilustrados, liberales y demócratas de diferentes orientaciones durante más de cien  años. 

Para lograrlo, utilizó preferentemente el control de la escuela, que nutrió de la ideología del nacional-catolicismo y del partido único FET y de las JONS, eliminando todo aquello que calificaron de “clima pernicioso del liberalismo pedagógico”, la libertad de cátedra y destruyendo en su totalidad la obra de la gran culpable del daño que, según su juicio dogmático, se había provocado en la educación y la cultura española por “la corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de la Institución libre de enseñanza” (Exposición de motivos de la Ley d Ordenación universitaria de 1943) 

Como escribió en 1986 H.R. Southworth en su obra El mito de la cruzada de Franco, durante 40 años, los españoles fueron obligados a tragarse una falsa historia de su país, y los efectos secundarios de una dieta tan asquerosa difícilmente pueden desaparecer en pocos meses“. Así ha ocurrido, no en pocos meses, pero ni siquiera en pocos años han desaparecido en la enseñanza de nuestra Historia curricular los efectos prolongados de la memoria franquista, cuyo rastro aún puede seguirse a través de las carencias que hasta la fecha ha tenido la enseñanza de nuestra historia y memoria democrática. Inaceptables neutralismos y equidistancias, viejos tópicos heredados del régimen antidemocrático, hábitos debidos a la pereza y  la comodidad, temores prolongados por difusas amenazas o rechazos. Deficiencias a las que la incorporación de la memoria al currículo escolar debe poner pronto remedio. De tal modo que en el futuro no salgan de nuestras escuelas generaciones enteras de alumnos que ignoren hechos fundamentales y graves que han marcado nuestra existencia como nación, como la dictadura, la guerra, el exilio… O que carezcan de un  conocimiento de los hechos históricos basado en un análisis crítico y valorativo de su significado que favorezca el desarrollo de una conciencia y valores de ciudadanía  activa 

Sí, inaceptables equidistancias, como la de aquel que habló de “la guerra de los abuelos”, que han favorecido un trato equiparado de la historia y la memoria de un  sistema democrático, como fue la II República y su contrario, en términos políticos absolutos, que la destruyó. Una dictadura que, como dejó escrito Santos Juliá, tuvo la  violencia ejercida por el Estado y la política de terror como “elemento constitutivo del propio régimen franquista un pilar básico del ordenamiento jurídico-político durante  todas las fases por las que pasó la dictadura”. Incluida la fase de gobierno de los tecnócratas del Opus y la del lavado de cara de los “25 años de paz”. Algunos han confundido amnistía con amnesia y reconciliación con blanqueo de  un “pasado sucio”, como diría Álvarez Junco. Los promotores de la amnesia y de la ocultación o equiparación de ese “pasado sucio” de represión de libertades y  dictadura han mediatizado todo lo que han podido el modo de enseñar la historia contemporánea de España, ocultando o desvaneciendo una parte importante de nuestra memoria democrática. De ahí han derivado las limitaciones y carencias de una memoria democrática frágil e incompleta, toleradas durante una larga etapa desde la Transición, y el tardío reconocimiento de sus fundamentos históricos, de las  antiguas raíces democráticas de sus instituciones y declaraciones de derechos por parte del vigente sistema democrático español. Hasta que la aprobación de la Ley de  Memoria Histórica por las Cortes en 2007 produjo un giro decisivo y el inicio de un proceso más ambicioso que culminó con la aprobación de la Ley de Memoria  Democrática de 19 de octubre de 2022. 

Gracias a estas leyes y a las normas dictadas para la reforma educativa por la LOMLOE y los reales decretos sobre mínimos curriculares, el sistema educativo ha  abierto finalmente sus puertas para la normalización y generalización de la existencia de una memoria democrática que formará parte del currículo de las asignaturas de Historia que se imparten en bachillerato y educación secundaria obligatoria, y en la de educación de valores cívicos y éticos, sin olvidar su incorporación igualmente en  la Enseñanza Primaria. Mediante ellas, el alumnado podrá adquirir la competencia ciudadana, muy unida al conocimiento de la historia de la democracia en España y  los derechos de ciudadanía conquistados gracias a sus graduales avances, haciendo expresamente énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres. Y alcanzar saberes  básicos relacionados con las acciones y movimientos en favor de la libertad en la historia contemporánea de España, más cultivar la conciencia sobre los hechos traumáticos y dolorosos del pasado y del deber de no repetirlos, contribuyendo al reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de las violaciones de  derechos humanos fundamentales y a asentar con firmeza la convicción de que se debe impedir su repetición. 

¿Algún demócrata verdaderamente consecuente se opondría a que esta memoria democrática forme parte del currículo escolar? Con certeza, solamente un demócrata  falso, tibio, vergonzante. Alguien que fácilmente podría llegar a ser, por omisión o acción, cómplice de los adversarios de la democracia.

Artículo disponible en elDiario.es.