En la época actual, las actividades de las administraciones públicas, de los gobiernos, tienen que ser adoptadas en el marco de la legalidad y mediante los procedimientos establecidos, de forma que funcione el Estado de derecho. Pero si hay algún aspecto que diferencia esta época de las anteriores, es que ya no se trata solo del cumplimiento de la legalidad o de realizar campañas tradicionales, para que las decisiones sean conocidas y en su caso apoyadas por los ciudadanos, a quienes se dirige la política pública. De forma creciente, las administraciones públicas tienen entre sus funciones más relevantes, informar a los ciudadanos por medio de la radio, la televisión y los medios de comunicación, de lo que hacen, cómo lo hacen y cuánto gastan.

Pero en los últimos años, estos medios “tradicionales” han sido sustituidos claramente por las redes sociales, vehículo donde los haya de transmisión inmediata de la decisión, el problema o la actuación de las administraciones. Quizás el paladín fue el presidente norteamericano Trump, que incluso utilizó las redes sociales para actividades investigadas por la Cámara de Representantes con ocasión del asalto al Capitolio.

En consecuencia, hace ya años que el gobierno abierto, lanzado por la administración Obama, se ha extendido por todas las democracias y ha cambiado en buena medida el comportamiento de la clase política y la manera de muchos ciudadanos de estar al tanto de las decisiones de los dirigentes de cada país.

La Carta Iberoamericana del gobierno abierto del CLAD define a éste como el “conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas…”

Para generar los cambios que conduzcan a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, hay que lograr hacerlos partícipes de las políticas públicas que les conciernen, adaptando las formas de administrar a estos nuevos protagonistas del acontecer público, de manera que hagamos realidad la conversión del tradicional administrado en un ciudadano pleno de derechos, que tiene incluso cauces de hacer valer su opinión, aprovechando entre otros caminos, los que nos brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy, podemos afirmar que la demanda de participación es generalizada y es posible afirmar que los ciudadanos demandan intervención en las políticas públicas para producir mejoras significativas en su vida social.

Nos encaminamos hacia un Estado más accesible para las personas, más transparente, colaborador, flexible e integrador, que representa una nueva filosofía de gestión donde se abandone la manera tradicional de atender a los asuntos públicos, para adherirse a una nueva forma de pensar las cosas.

El cambio de paradigma, de la administracion tradicional al gobierno abierto, representa también una gran oportunidad para recuperar la legitimidad y sobre todo, la confianza perdida por los ciudadanos respecto de sus administraciones públicas. La confianza de los ciudadanos , que disminuyó drásticamente con ocasión de la crisis económica última y la pandemia, no logra recuperarse con fuerza y los episodios de corrupción que se han extendido y conocido por todos los ciudadanos, no han contribuido a que estos mejoren su adhesión a las instituciones públicas.

La cuestión es tener en cuenta a los ciudadanos o aplicar recetas no deseadas , aunque hayan sido experimentadas en otros lugares y circunstancias. No es la primera vez que las políticas públicas, aún aprobadas con la mejor buena voluntad son objeto de ira y contestación por parte ciudadana. Aquello que en el gabinete de expertos parece ser bueno para el colectivo ciudadano, resulta un fiasco porque las prioridades de los ciudadanos son otras.Como se ha señalado, además de los profundos conocimientos temáticos, técnicos y jurídicos, la resolución de los problemas públicos requiere de profesionales que sepan adoptar un enfoque centrado en las personas para diseñar las políticas y los servicios públicos. (Beth Simone Noveck,2022).

Las formas de recoger las opiniones de los ciudadanos no son solo las redes sociales, que pueden considerarse con frecuencia sesgadas por los especialmente interesados. Pueden realizarse encuestas o reuniones con grupos de personas representativas y contar con la investigación académica. Las redes sociales pueden ser mediatizadas por bots, chatbots o mediante sofisticadas técnicas que obligan a investigar sobre quiénes son los que están detrás y cuáles son sus intereses. No siempre se consigue saber la opinión mayoritaria de los ciudadanos ni averiguar la influencia de los manipuladores.

Conviene preguntar a los ciudadanos. Si se logró cierto grado de participación en la adopción de la decisión, mucho mejor. De lo que se trata, en definitiva, es de resolver los problemas públicos y para ello parece importante demandar la opinión de los directamente interesados.

Artículo disponible en El Nacional.