l Congreso elegirá hoy al nuevo Contralor General. La disputa por los votos ha sido intensa. El martes en la noche, a instancias del partido liberal, se habían reunido 75 congresistas de todos los partidos para reafirmar su apoyo a la candidata Rangel. Sin que pasaran 24 horas, los liberales emiten un comunicado en que anuncian el voto por Carlos Rodríguez. Lo mismo ocurrió (con unas semanas de diferencia) con el Partido de la U. Una elección que se pelearía voto a voto, ya parece definida. ¿Por qué semejante forcejeo para nombrar al jefe de ese organismo de control?

La respuesta es simple. La Contraloría se ha convertido en soporte de una política corrupta. El mecanismo opera de manera sencilla: una vez el Contralor es electo, el senador o representante que lo apoyó recibe como contraprestación por su voto el cupo para nombrar un contralor delegado. No es un cargo cualquiera. Además de ganar 23’900.000 pesos mensuales, el delegado es el funcionario que cumple en concreto con la función constitucional de “vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, en un sector, entidad o dependencia determinada”. Es el encargado del control fiscal en los ámbitos específicos en que se desempeñan las empresas políticas o familiares de los congresistas en el nivel nacional, central, descentralizado, en departamentos y municipios.

Bajo la denominación de contralores delegados sectoriales, intersectoriales, generales, de gerencias nacionales, de regalías o de la sala fiscal y sancionatoria, en la Contraloría puede haber más de 80 cargos (todos ganan lo mismo) disponibles para la negociación política. En ejercicio de sus funciones, operan así: Ante una denuncia sobre el manejo de los recursos en una entidad pública (o privada que maneje recursos públicos), los delegados deciden abrir la actuación. Organizan los equipos que visitan la entidad o entidades denunciadas, realizan una auditoría o una actuación especial. Si encuentran razones fundadas para investigar una conducta (se llaman hallazgos), les da tramite. Si tiene connotaciones penales, la remite a la Fiscalía; si es fiscal, va a la delegada de responsabilidad fiscal (o a anti-corrupción, según decida el Contralor); si es disciplinaria se dirige a la Procuraduría.

Ahora si, a pesar de que haya denuncias o evidencias de malos manejos, o si a juicio del delegado no hay hallazgos o si no cumple con los requisitos establecidos (que justifiquen la auditoría o actuación especial), procede a cerrar la actuación.

Nada más atractivo para un congresista que tiene como cuota una o varias entidades públicas (o privadas, que manejan dineros públicos), “tener” como cuota a quien lo vigila. Sí además de tener la entidad en la que direcciona los contratos y la burocracia como quiere, y ahora tiene el contralor delegado que vigila su gestión fiscal, entonces no sólo tiene la póliza que le garantiza impunidad a su operación criminal. También tiene en sus manos una herramienta para “apretar”, cuando sea necesario, a sus enemigos y detractores.

Es público que al partido liberal le entregaron el ministerio de vivienda, a la U el de las comunicaciones y a los conservadores el de transporte. ¿Qué va a pasar cuando uno de los congresistas que tiene control burocrático y por tanto cuotas en uno de esos ministerios, vaya a votar por un candidato a Contralor? No tendrá que declararse impedido, pues puede estar utilizando su cargo para favorecerse, o favorecer a terceros que están o van a quedar bajo el control fiscal directo de la persona que está eligiendo como jefe del organismo de control.

Como esta conducta está tipificada como un delito por el código penal, y a sabiendas de que la Ley 5ª impone a los congresistas, conviene que hoy, antes de someter a votación los nombres de los candidatos, el Presidente del Congreso invite a quienes puedan estar impedidos a que se abstengan de votar. Él sabe bien de lo que se está hablando.

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