Argentina, Chile, Perú, Colombia, Honduras, México, Bolivia… importantes cambios políticos han tenido lugar en los últimos años en América Latina. Cada uno de ellos encierra matices considerables que lo diferencian de sus hermanos, pero en todos ellos parece que se vislumbran elementos que parecen afirmar que estamos ante un cambio de ciclo, nos acercamos a la modernidad de las sociedades: la alternancia. Como se ha señalado, “ahora vivimos una situación nacional, regional y mundial de entreacto político, inestable y confrontativo” (Aguilar, 2022). Desde el punto de vista político, en la región, once países representan de una u otra forma opciones políticas distintas a la época de Trump, incluyendo Biden en Estados Unidos.

¿Podremos presentar resultados diferentes en las administraciones públicas transcurridos unos años, o nos enfangaremos en dificultades políticas continuas, como parece que estamos asistiendo en algunos países donde la inestabilidad es profunda?

¿Las débiles estructuras administrativas se van a someter a un vaivén considerable? ¿Van a poderse iniciar actuaciones que hagan comprender a los ciudadanos el acierto o error de las políticas públicas emprendidas?

Sea como fuere, la realidad puesta de manifiesto con mayor claridad en las recientes elecciones de Colombia, por su importancia estratégica y por constituir una senda política desconocida en ese país, revela importantes enseñanzas que pueden ser beneficiosas para las administraciones públicas de los países señalados.

Rafael Rojas ha indicado que «los nuevos gobiernos y líderes de izquierda… apuestan por preservar el marco constitucional democrático o por apartarse del reeleccionismo». Este puede ser un análisis más sosegado que el realizado por los agoreros que proclaman la destrucción de sus respectivos países y que callaron tenazmente cuando los índices de pobreza y desigualdad ascendieron vertiginosamente.

Una mayor atención a la política sanitaria, educativa, social y en general de atención a las desigualdades, constituye un lugar común a las promesas y ya en algunos casos realidades de estos países.

En este contexto, no tiene sentido que los sucesivos ejecutivos continúen practicando el clientelismo y el sistema de botín, en un continuo renacer que recuerda al siglo XIX en Europa. La pervivencia del sistema de botín es una realidad. Los sucesivos cambios políticos a los que hemos asistido revelan que en este tema sí parecen estar de acuerdo: hemos ganado; luego, llegó la hora de colocar a los nuestros.

No solo en puestos de mayor relevancia política, sino también en todos los puestos burocráticos libres, en número ingente, que la estructura aprobada, y en su caso modificada, permite. Como se ha demostrado en algunos países donde la transición de la dictadura a la democracia ha tenido en la pervivencia de la burocracia profesional uno de sus pilares esenciales, un gran acuerdo nacional debería tener en cuenta también este factor, que garantiza la continuación de las políticas públicas esenciales como la sanitaria, educativa o de seguridad. Simplemente, se trata de que el país continúe funcionando en sus aspectos esenciales.

Los analistas parecen estar de acuerdo, después de las etapas más agresivas de la pandemia, en el fortalecimiento del Estado. Por ello resulta de singular importancia que las administraciones públicas tengan mayor capacidad operativa, de forma que se constituyan en tractor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

En este sentido, se proclama generalmente que en el ámbito de la organización de las administraciones públicas los modelos jerárquicos, unilaterales y centralizados requieren ser sustituidos por esquemas de planificación y de gestión más horizontales, flexibles y multinivel. Y en consecuencia, los instrumentos de coordinación resultan de especial importancia. Resulta con claridad la necesidad de establecer esquemas que favorezcan la colaboración entre las diferentes instituciones.

La desconfianza en las instituciones tiene, además, su origen en este asunto: se considera que las administraciones públicas atienden más a los intereses del partido gobernante que los reclamos de los ciudadanos. Para mejorar esta situación, sería de interés para todos los ciudadanos que las políticas públicas exitosas de los diversos países continuaran existiendo, dirigidas por profesionales que garanticen su funcionamiento y efectividad. Los gobiernos no deberían olvidar que buena parte de su apoyo se basa en los resultados de sus políticas, especialmente de aquellas que logran solucionar problemas a los ciudadanos, y no tanto en hueras declaraciones o pomposas promesas.

Los períodos electorales son generosos en propósitos, ofertas y esperanzas. Seamos realistas, pidamos lo imposible (Marcuse, 1968), coreaban los estudiantes durante las manifestaciones de Mayo del 68. Es incuestionable que más de cuarenta años después, el ciudadano quiera más bien realidades que promesas.

Las promesas, especialmente aquellas que más repercusiones tienen en la vida de los ciudadanos, deben anclarse en pactos entre las fuerzas políticas más poderosas, de forma que los procesos electorales tengan repercusión sobre la dirección de los asuntos públicos, pero no sobre el funcionamiento efectivo de los servicios. Al final, el ciudadano lo que desea es efectividad de los poderes públicos que le genere mejor calidad de vida, no el color gubernamental.