La acción política concierne a la realización de actividades para los ciudadanos y como tal debe tener connotación positiva para ellos. Desde los tiempos de Platón la política (forma en la debía gobernarse un pueblo a cargo de los seres más sabios de esa sociedad), ha sido considerada como la más alta actividad que los ciudadanos pueden realizar, pues es en beneficio de todos. Una mínima reflexión sobre la opinión del ciudadano indica que este razonamiento está en el siglo XXI muy lejos de la realidad.
Desde el siglo XIX, momento en que los ciudadanos comenzaron a tener una presencia activa en los asuntos generales, con la aparición de los regímenes democráticos, no siempre la calidad humana de los gobernantes o representantes ha constituido un ejemplo.
Los casos de corrupción han sido continuos en muchos países y no puede afirmarse que haya Estados en los que haya sido totalmente erradicada, aunque obviamente como revela el índice de corrupción de Transparencia Internacional, esta existe en todos, pero en grado muy diferente.
Los países parecen esmerarse en mejorar en el ranking, pero la lucha continúa porque la corrupción sigue existiendo. Y la corrupción está íntimamente relacionada con la fortaleza y buen funcionamiento de las instituciones, que intentan garantizar un trato igual para todos los ciudadanos, así como la transparencia en las decisiones públicas y la rendición de cuentas. Como Lapuente recordó en el XXVI Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (Bogotá, 2021): …la calidad de la administración genera confianza ciudadana en sus instituciones y eso es fundamental en una crisis (Fukuyama, 2020).
La corrupción y el comportamiento negativo desde el punto de vista cívico parece haber alcanzado proporciones escandalosas en los últimos meses, en los que la pandemia nos ha preocupado tanto y ha alterado nuestras vidas personales y profesionales. Este hecho hace aumentar el desprestigio de la política, pues se identifica un comportamiento negativo individual del político con el prestigio y funcionamiento de la propia institución a la que representa.
Como han señalado Villoria y Bacigalupo (2022), los numerosos escándalos políticos vinculados a la corrupción se relacionan de forma directa y fuerte con la desconfianza en las instituciones representativas; perdida la confianza, se abre el camino a la barbarie.
En los últimos días, varios acontecimientos han generado desazón en la opinión pública, ya bastante curada de espanto. Están relacionados con el comportamiento de la clase política en diversos países. En algunos la separación de poderes ha jugado positivamente pues los infractores han sido condenados por la justicia. Sin embargo, no en todos.
En el Reino Unido, la escandalosa celebración de fiestas en la sede del primer ministro, incluyendo alcohol, durante la pandemia, están elevando el tono de las peticiones de dimisión en el seno del ¨Partido Conservador. Hasta ahora han dimitido varios altos cargos y algunos diputados conservadores exigen la dimisión del propio primer ministro. Curiosamente, el informe sobre los hechos acaecidos en las distintas fiestas ilegales mientras la población se hallaba recluida, a la espera del definitivo que debe presentar Scotland Yard, ha sido realizado por la más alta funcionaria de la oficina del primer ministro, Sue Gray, cuya idoneidad nadie pone en duda después de permanecer en su puesto con varios primeros ministros.
En Perú, el presidente Castillo ha cambiado por tercera vez en seis meses al primer ministro y buena parte del gabinete, entre escándalos de maltrato familiar del primer ministro, ya sustituido al haberse constatado la imposibilidad de apoyo parlamentario. La situación de Perú, después de un buen ejemplo de fortaleza institucional por la celebración de las elecciones y su aceptación a pesar de la escasa diferencia, preocupa: la distribución de escaños entre los grupos parlamentarios no augura un gobierno que pueda llevar a cabo las importantes transformaciones infraestructurales, educativas y sociales que el país necesita.En una carta enviada al jefe del Estado, Mirtha Vásquez, primera ministra saliente, señaló que la crisis en el Ministerio del Interior no es un “asunto cualquiera y coyuntural”, sino la expresión de un “problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado”.
Estos ejemplos ponen de manifiesto varios aspectos que explican el alejamiento de los ciudadanos de la clase política en los países democráticos. En el tema tienen que ver factores relacionados con la extracción profesional de la clase política, cada vez más profesionalizada y alejada de la vida económica y social, la determinación de intereses partidarios por encima de los correspondientes a los ciudadanos y los propios sistemas electorales, que en muchos lugares y países tienen más que ver con las siglas partidarias que con la idoneidad y preparación de los candidatos.
No sería bueno que los ciudadanos pasaran de la confianza al escepticismo y finalmente a la desconfianza. Pero mientras no se cambien profundamente las políticas públicas haciéndolas más transparentes y rindiendo cuentas, la distancia será aún más larga que la mesa de la reunión entre Macron y Putin el 7 de febrero.
Artículo disponible en El Nacional.