Todo porque hay congresistas y altos funcionarios que prefieren blindarse frente a la justicia.

El Congreso no solo sigue de espaldas al país. También sigue atrapado por la gana de concentrar poderes que, lejos de resolver los problemas, los va a agravar. Cuando el aparato judicial del país se consume en la congestión de procesos, la politiquería, la corrupción de los jueces o el absurdo de sus decisiones, a los congresistas les da por tramitar un proyecto de “reforma de la justicia” que busca modificar el sistema de elección para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (Art. 1); y entregar a la Comisión de Acusación la función de investigar las actuaciones de las cabezas de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría (Art. 2). Como si esos fueran los problemas de la justicia en el país.

El asunto no tendría mal olor, si no fuera porque, como reportan los medios, en ese trámite están metidos congresistas y altos funcionarios públicos que, por estar investigados por la Corte Suprema o porque podrían quedar bajo esa férula, se van a ‘blindar’ si logran sacar adelante esa reforma. Habilidosos como son, buscan una carambola a tres bandas.

A simple vista, se trata de otorgar a la Comisión de Acusación la facultad de investigar las conductas de unos altos funcionarios (como el Contralor General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, el Auditor y el Registrador). Pero, en realidad, de lo que se trata es de crear una especie de antejuicio político que les evite a estos funcionarios quedar bajo la férula directa de la Corte Suprema o el Consejo de Estado. Si hay una denuncia de corrupción, primero deben pasar por la investigación de la Comisión de Acusación. Si encuentra mérito para un juicio, la somete a la Cámara de Representantes, para que la estudie, iniciando un largo trámite, antes de que llegue a las cortes para que el caso sea juzgado. ¿Recuerdan dónde quedó el proceso al presidente Samper?

Con semejante prerrogativa en manos del Congreso, ¿habrá algún organismo de control dispuesto a enviar las pruebas de los procesos que requiere la Corte Suprema o el Consejo de Estado para juzgar a los congresistas? O, para ser más claros, ¿habrá algún alto funcionario de los organismos de control que permita a la Comisión de Acusación abrir un proceso en su contra?

Es evidente que, para compensar la molestia que pudo causar a la Corte Suprema o el Consejo de Estado la creación de ese antejuicio que limita su poder de investigar y juzgar a funcionarios tan relevantes, los congresistas han ofrecido algo que ningún magistrado podrá rechazar: modificar el sistema de elección para los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Para que quede más claro el texto dice, Artículo 1.º: “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación, previa convocatoria pública conforme al reglamento de cada una de ellas”.

Pero no se trata de un hecho nuevo. Una y otra cosa ya estaban en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, recientemente aprobada y en revisión constitucional. Con dos regalitos adicionales. Primero, entregarles a los presidentes de las cortes (que forman parte de la Comisión interinstitucional) la capacidad de intervenir en las decisiones de planeación y presupuesto que la Constitución le había entregado al Consejo de la Judicatura. Como quien dice, por vía de una estatutaria, modifican la constitución política. Y segundo, más atractivo que el anterior, facultar a esa Comisión para que nombre al director ejecutivo de la Rama, y a los 20 delegados regionales encargados de manejar los presupuestos y la contratación de la justicia en las regiones. ¿Imaginan la dicha?

Todo porque hay congresistas y altos funcionarios que, en unos casos, prefieren blindarse frente a la justicia, ahora que el futuro está tan confuso. Y en otros, porque ya comienzan a soñar con ser fiscales o procuradores… sin haber tenido la carrera para serlo…