Medir la calidad de una democracia es complejo. No obstante, algunos grupos de investigación se atreven a ello. Los más prestigiosos puntúan a España bastante bien. Por ejemplo, V-Dem (Varieties of Democracy) nos sitúa en el puesto decimotercero del mundo en calidad de democracia liberal en su estudio de 2020. Estar entre el 10% superior de los 178 países evaluados debe ser motivo de orgullo colectivo. La clave para esta excelente puntuación está, sobre todo, en la limpieza de nuestro sistema electoral, en la moderación de nuestro electorado y en el respeto a los derechos políticos existente. En todo caso, cuando V-Dem desarrolla los componentes del índice de democracia, como el componente deliberativo o el liberal, los datos de España empeoran, cayendo a los puestos 27 o 28.

El componente liberal trata del control del poder mediante sistemas de pesos y contrapesos, la independencia judicial o la calidad del Estado de derecho. Aun siendo una posición buena, las puntuaciones exhiben las debilidades de nuestra democracia. Nuestro modelo de democracia, tras el franquismo, ha dado mucho peso a la gobernabilidad y poco espacio al control eficaz de los gobiernos. Esta elección, tomada durante la Transición, tenía detrás razones históricas muy sólidas, pues los fracasos de las experiencias democráticas españolas previas se debieron precisamente a la inestabilidad gubernamental. Pero consolidado nuestro sistema democrático, era preciso reforzar los controles del poder sin, por ello, poner en riesgo la estabilidad del Gobierno.

Los avances en este ámbito han existido, sin duda, pero a unos niveles de desarrollo que no han conseguido evitar una profunda desafección ciudadana. Ante esta situación, los responsables políticos pueden situarse en el confort de ver que la democracia en general funciona y no hacer nada o, por el contrario, anticiparse a los deterioros que nuestras debilidades generan y generarán y construir un modelo de rendición de cuentas acorde a la calidad que los otros componentes del índice de democracia demuestran.

Todo ello, además, en un momento clave para nuestro país, pues tras la tragedia de la covid-19 es el momento de la recuperación y transformación económica y social; una recuperación para la que se han generado 212 medidas, con 110 grandes inversiones y 102 reformas, que movilizarán 70.000 millones de euros en inversiones públicas entre 2021-2023. Los fondos europeos Next Generation nos aportan gasolina para la recuperación, pero es preciso, al tiempo, preparar el vehículo para este difícil viaje.

No es catastrofista sostener que, sin reducir las posibilidades de corrupción, sin controlar fuertemente el clientelismo, sin evitar la captura interesada de las políticas y sin domeñar el despilfarro, esos fondos tienen grandes posibilidades de fracasar en el cumplimiento de sus fines. Al contrario, es una advertencia sensata y basada en cifras y hechos bien documentados del pasado reciente.

En consecuencia, reforzar la rendición de cuentas sin, por ello, paralizar el Estado es una de las medidas de resiliencia esenciales que nuestro país tiene que afrontar. Tenemos una Administración que ha ayudado a alcanzar muchos logros, pero que presenta debilidades serias ante un mundo profundamente complejo, dominado por tecnologías disruptivas y, en el caso español, como consecuencia de la pandemia, sometido a una prueba de resiliencia que exige visión estratégica, celeridad en la gestión, innovación, monitoreo permanente y evaluación de los impactos. En suma, que el reto es doble: por una parte, reforzar la eficacia y la eficiencia; por otra, consolidar nuevas formas de control y rendición de cuentas que refuercen el Estado de derecho y, al tiempo, no paralicen.

Dicho esto, desearíamos aportar unas ideas sobre la mejora en la rendición de cuentas. Para empezar, es cierto que la rendición de cuentas que suponen las elecciones es la esencia de la democracia representativa. En ella, nadie debe obtener el poder sin el consentimiento de los representados y la elección se presenta como el método obvio para conferir el poder. Pero este consentimiento debe poder renovarse o negarse contando con información sólida y suficiente de los logros obtenidos por el Gobierno y las formas en que lo ha alcanzado, en el contexto que le ha tocado vivir. De ahí la importancia de algunos órganos independientes que controlen la transparencia y la calidad de la información aportada, y otros que evalúen políticas y programas aportando información sólida a la ciudadanía de lo que se está logrando. En este aspecto de la evaluación nuestro país necesita claras mejoras.

Llegados a este punto, creemos que, sin olvidar otras reformas necesarias, es preciso dar un salto adelante y mejorar el sistema de rendición de cuentas vertical mediante un modelo que incentive (incluso obligue) al Gobierno, desde sus más altas instancias, a rendir cuentas de forma sistemática a la ciudadanía sobre el cumplimiento del programa electoral y los compromisos asumidos en el marco de la actividad gubernamental.

Es esencial que este sistema evite tres riesgos esenciales: el primero es que se convierta en un sistema de propaganda oficial, por lo que, para evitarlo, debe ser un sistema que por su rigor y objetividad dé información sin narrativa. El segundo es que pretenda convertirse en un sucedáneo de la evaluación de las políticas o programas gubernamentales. La evaluación exige unos requisitos de rigor científico, temporalidad y participación activa de los afectados que no son asumibles en periodos cortos. El tercero es que se pretenda obviar o sustituir el control parlamentario por este sistema, dejando al Congreso relegado.

Este nuevo modelo de rendición de cuentas, del que por iniciativa del propio presidente Pedro Sánchez ya se ha generado una primera experiencia denominada Cumpliendo y hecha pública en diciembre, ofrece enormes ventajas para el buen gobierno del país. Para empezar, contribuye a alinear el trabajo de las diferentes organizaciones públicas del Estado con la estrategia del conjunto del Gobierno, comprobando en qué medida contribuyen al cumplimiento del programa y de los objetivos de país asumidos, por ejemplo, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Segundo, exige al Gobierno “dar la cara” y tener que explicar semestralmente a la ciudadanía, a la prensa, al resto de partidos políticos y, por extensión, a las instituciones en las que estos participan, cómo se van cumpliendo los objetivos nacionales y gubernamentales, con datos que son comprobables y que están a disposición de la gente.

Tercero, refuerza la transparencia, aportando información para que la ciudadanía pueda hacerse una idea de si merece confirmar o no a un Gobierno en las próximas elecciones. Finalmente, se puede consolidar como una iniciativa transversal, no partidista, de mejora institucional que sobreviva a cambios de Gobierno y se inserte en un proceso permanente de profundización democrática. En suma, creemos que, con la ayuda de aportes tecnológicos de nueva generación para hacer más visibles, amigables y comprobables los datos, esta rendición de cuentas política y directa puede ser un pilar más en la mejora de nuestra democracia. Para que se consolide, será preciso el esencial aporte de una prensa exigente y constructiva y de una oposición que se implique en el reto de construir una España mejor. Confiemos en ello.

Manuel Villoria Mendieta es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se adhieren a este artículo los académicos y académicas: Cristina Ares Castro-Conde, Ignacio Aymerich Ojea, Ismael Blanco-Fillola, María Bustelo Ruesta, Dolors Canals Ametller, Cristina Elías Méndez, Daniel Innerarity Grau, Javier Lorenzo Rodríguez, Cristina Monge Lasierra, Carles Ramió Matas y Paula Rodríguez Modroño, todos ellos integrantes del Grupo de Análisis Metodológico del proyecto de rendición de cuentas del Gobierno de España.