La pandemia que está recorriendo el mundo, con precedentes desde el siglo XV, con epidemias de peste y desde el siglo XX con epidemias de gripe, son una evidente maldición de los países y una prueba de la fortaleza de sus administraciones. La sensación que producen las iniciativas adoptadas por los gobiernos, más allá del éxito deseable, es que ante la situación, los gobernantes no saben exactamente qué hacer, cómo combatir la pandemia y dar tranquilidad a la población. Sorprende incluso que ocurra una situación como esta a pesar de «que vivimos de forma cotidiana en una red de redes, locales y globales, en todas las dimensiones de nuestra vida». (Manuel Castells, 2020)

Desde el punto de vista filosófico, lo que se pone de manifiesto es que en nuestra sociedad nunca estamos suficientemente protegidos de peligros de esta naturaleza y por lo tanto debemos seguir insistiendo en el conocimiento científico y en la lucha contra las enfermedades. Desde lo práctico, nos viene a la cabeza que la solidez de las instituciones, en este caso predominantemente sanitarias, constituyen la única solución para paliar la situación que está produciendo miles de muertos en todos los continentes.

La pandemia, así declarada por la Organización Mundial de la Salud, comenzó en diciembre en China y en menos de tres meses se ha extendido por todo el mundo.

El régimen chino decretó primero el enclaustramiento de toda una provincia de millones de personas, y gracias, al parecer, a medidas drásticas, ha conseguido minimizar los efectos de la enfermedad.

En Europa, considerada ahora el epicentro de la enfermedad (con Italia, España y Francia a la cabeza) las autoridades  debaten recortar los derechos de los ciudadanos (incluyendo la libertad de circulación como en Italia y España) y seguir los consejos de los epidemiólogos y otros expertos sanitarios, que en su intento de lograr la victoria sobre el mal o por lo menos de paliar sus efectos, proponen medidas necesarias de higiene, protección e incluso de distancia entre las personas.

Están en juego muchas cuestiones, pero esencialmente la solidez de las instituciones sanitarias, sociales, de seguridad y defensa. En este sentido, la obediencia a las instrucciones gubernamentales y la contención de protestas o quejas ante la situación, revelan que a pesar de las dificultades los ciudadanos parecen confiar en las instituciones.

Incluso hay momentos emocionantes en los que la población organiza conciertos en las ventanas o aplaude al personal sanitario (Italia) desbordado por la situación, o cuando los vecinos aplauden a los funcionarios sanitarios de los hospitales públicos por su labor y entrega (España). Resulta que los trabajadores públicos son necesarios y queridos por la población.

En América Latina  la confianza de los ciudadanos en las instituciones es menor que en los países de la OCDE y la infraestructura sanitaria más escasa. Los problemas, grandes en Europa en estos momentos, pueden alcanzar en América cotas inimaginables, si el combate contra la pandemia no obtiene una respuesta suficiente y eficaz por parte de la instituciones administrativas.

Con el tejido administrativo más débil, la respuesta será insuficiente. Toda la potente infraestructura administrativa europea sanitaria (incluyendo hospitales públicos y privados), de transportes (incluyendo los terrestres, marítimos y aéreos) de orden público y de defensa nacional, se ha puesto al servicio de la lucha contra la pandemia. Todo un desafío que se podrá vencer más fácilmente con instituciones sólidas («y no solo formalistas o discursivas», como señala Luis Aguilar) y funcionarios motivados y movilizados, con una dirección que debe alcanzar a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas.

El prestigio de la función publica en los países europeos se muestra en la crisis del coronavirus. El sistema, el Estado, sometido a una tensión altísima, aguanta.

En los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) el empleo público supone 21,1% del empleo total, en América Latina el 11,9%. Uno de los aspectos más relevantes de este empleo se refiere a la temporalidad de los oficios públicos, que en muchos países americanos asciende a un porcentaje alarmante: no es posible aconsejar o elaborar informes para la realización de políticas públicas que contengan altos grados de sinceridad técnica, si el asesor está más preocupado por su supervivencia en la organización que por proponer las medidas adecuadas.

Hay una tendencia universal a que edulcoremos nuestras opiniones siempre que hablamos con una persona poderosa, que además tiene la posibilidad de «matar al mensajero”, y por tanto, el resultado de la información suministrada no podrá más que conducir al fracaso. Cuando la situación de los países es tan grave como la actual, la confianza ciudadana es fundamental. Por eso en Europa se recurre a las instituciones más prestigiosas, entre ellas la administración pública y la fuerzas de seguridad.

En España, el presidente y los ministros informan casi diariamente, pero la atención de los ciudadanos está puesta en otro plano de la información, más allá del análisis político. Cinco funcionarios profesionales dan confianza a los ciudadanos dirigiendo los operativos correspondientes: un médico especialista en crisis sanitarias, Fernando Simón, que se ha convertido en uno de los personajes públicos más populares; un teniente general del ejercito del aire, una funcionaria del cuerpo de ingenieros de caminos, un comisario de policía, además de un teniente general de la guardia civil (infectado con el covid-19).

Ninguno de ellos es político. Todos son altos profesionales de la función pública en diversos campos. Todos ellos han sido seleccionados por mérito y capacidad, todos son permanentes. Esta no es, sin embargo, la situación que podemos predicar de los países de América Latina.

En Chile, donde los sistemas de selección por ejemplo de los altos directivos alcanzan un alto grado de reconocimiento, 57% de los funcionarios no es permanente y en Colombia, buena parte de las personas que desempeñan oficios públicos son «contratistas» temporales en proceso de consolidación. Otros ejemplos podrían mostrarse para asegurar la escasez de profesionales y, lamentablemente, en ocasiones, su ausencia.

El primer ministro Benjamín Disraeli (el padre del actual Partido Conservador británico) escribió refiriéndose a la relación y comunicación entre los políticos y los altos funcionarios: «Salvo en el matrimonio, no hay otra relación que implique mayor confianza, en la que se despliegue mayor contención y paciencia, o en la que exista mayor complicidad.

Recientemente, en el Reino Unido dimitió el secretario permanente del Ministerio del Interior, Philip Putnam, por medio de una carta pública en la que anuncia su intención de demandar al gobierno por su despido improcedente, después de 35 años de servicio público.

El Civil Service (Servicio Civil) del Reino Unido es un cuerpo de altos funcionarios del Estado que  asegura, consolida y mantiene la estabilidad del gobierno y las instituciones. Estos altos funcionarios, paradigma de la buena administración, como preconiza el CLAD, combinan la difícil tarea de desplegar lealtad absoluta a ministros que ocuparán su puesto de modo temporal, y a la vez dotar de argumentos las propuestas y de lógica jurídica y administrativa las políticas públicas.

Boris Johnson, el premier británico, que sigue en este punto a Margaret Thatcher, que convirtió en su batalla personal el objetivo de reducir el poder del Civil Service, goza en estos momentos de una popularidad y de un poder parlamentario que le hacen inmune a los escándalos. Pero comienzan a acumularse episodios que generan preocupación, como la errática actuación con la crisis del coronavirus, de la minimización del problema al confinamiento de la población, incluyendo que el primer ministro está contagiado.

El objetivo de restar poder a las élites burocráticas en los países desarrollados es legítimo, pero  no debe despreciarse la experiencia, el conocimiento y la inteligencia de quienes durante muchos años conocen profundamente los problemas y las políticas públicas. La crisis del coronavirus también nos va dejar enseñanzas positivas, como la extensión del teletrabajo que debería ser igualmente un punto de arranque para el fortalecimiento de las instituciones, generando una mayor colaboración entre los profesionales y los políticos encargados de dirigir la administración pública para el eficaz cumplimiento de las decisiones tomadas por los ciudadanos en las elecciones.

Artículo disponible en el diario El Nacional