Durante los días 26 y 27 de julio en la ciudad de Antigua Guatemala, el CLAD junto al Instituto Nacional de Administración Pública de ese país (INAP) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organizó la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, donde Representantes de los Gobiernos que conforman el CLAD debatieron el documento que fue aprobado.
Luego de un intenso debate donde participaron los Representantes de los distintos Gobiernos que conforman al CLAD, y discutir cada uno de los temas que contiene el documento donde trabajó como consultor D. Manuel Villoria, los Estados llegaron a la conclusión de aprobar la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.
En la discusión del documento también participó por la Secretaría General Iberoamericana, (SEGIB) D. Ignacio Uriarte, así como Dña. Susanne Birgit Kuehn por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN – DESA por sus siglas en inglés).
La Carta se fundamenta en ejemplos de buenas prácticas de los distintos Estados, y pretende fomentar el aprendizaje e intercambio permanente de buenas prácticas entre los países firmantes de la misma, no sólo para prevenir y luchar contra la corrupción, sino para ir más allá y consolidar un sistema de integridad sólido que asegure que lo normal es el comportamiento honesto y lo extraño y patológico el actuar inmoral en nuestras Administraciones.
El CLAD no podía permanecer ajeno a este contexto y, por ello, ha querido hacer de la redacción e implementación de la Carta uno de sus ejes estratégicos para los próximos años. Con ello, la organización prosigue una tradición ya larga de preocupación por la integridad en la actividad pública, con hitos como el Código Iberoamericano de Buen Gobierno. Esta Carta conecta también con las prioridades de numerosos organismos internacionales que han y están dedicando grandes cantidades de recursos económicos, cognitivos y actitudinales para intentar prevenir y combatir la corrupción.
En resumen, no es una convención anti-corrupción nueva, sino un documento de compromisos a favor de un comportamiento guiado por la ética pública y todos sus principios y valores relevantes.
Queda ahora en manos de los gobernantes la adecuada implementación de estos compromisos, para lo cual se generan también, basándose en las mejores prácticas internacionales, un conjunto de recomendaciones de implementación que ayudarán a llevar adelante este conjunto de exigentes acuerdos.
A continuación los signatarios de la Carta:
Para leer el documento aprobado puede acceder dando clic aquí.