En el foro sobre la profesionalización en el ámbito público, celebrado en Cancún (Quintana Roo, México), se observa la tremenda demanda de los servidores públicos por tener garantizados sus derechos laborales, entre los que se encuentra la existencia de una carrera profesional, las condiciones de desempeño y de retiro. Allí, las ideas dominantes se ensartaban con el axioma de que la profesionalización del servicio civil genera un valor agregado verificable en las capacidades estatales, aumenta la eficacia gubernamental, frena la corrupción y consolida la democracia.

Casi al mismo tiempo de esa ola de descontento que ha sacudido Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, podemos observar que la extensión del sistema de botín deja exangües a numerosos servidores públicos y desprovista de una mínima competencia objetiva a numerosas instituciones de raíz democrática. Al mismo tiempo, los que consiguen conservar sus puestos de trabajo, entre la maraña de cambios políticos y de dirigentes, claman contra la corrupción y reivindican su perfil profesional, su lealtad y su lejanía de los episodios delictivos.

La adecuada selección de los funcionarios es una necesidad democrática y una exigencia social. La primera viene a rechazar el viejo axioma de que cualquiera puede desempeñar un puesto público siempre que sea nombrado por la autoridad competente. En el siglo XIX español, un político, Romero Robledo, ministro entonces de Gobernación, famoso por su poder de encontrar trabajo a sus parientes y partidarios, fue protagonista de una anécdota en la que sus seguidores al terminar el discurso le espetaron, con su evidente deseo y razón justificativa de su presencia : ¡Colócanos a todos!

Admirable la persistencia de nuestros políticos en muchos países iberoamericanos que apenas han modificado sus artes de pesca, casi doscientos años después.

Cuando un nuevo presidente accede al poder no solo se abandonan, con excesiva frecuencia, los proyectos del antecesor, sino que se colocan a la mayoría de los seguidores en puestos públicos, con independencia de su sabiduría o experiencia. ¿Cómo vamos a exigir eficacia en la gestión a quienes tienen una ignorancia considerable sobre la compleja política pública que les toca administrar?

¿Cómo vamos a luchar eficazmente contra la corrupción en el ámbito público si nuestros trabajadores solo están un tiempo en la institución pública correspondiente y después deben esperar hasta la siguiente ocasión? Cualquier análisis objetivo destacará que, al menos en su etapa final en el desempeño del cargo, se preocuparán más por establecer relaciones profesionales, incluyendo favores, que por administrar diligentemente los asuntos públicos. En consecuencia, para todos aquellos gobiernos que han hecho del combate a la corrupción una bandera, a veces solo mediática, no generar sistemas de profesionales de función pública es un error evidente. Max Weber lo señalaba ya hace cien años, cuando destacaba que a los funcionarios no les resultaba rentable económicamente la corrupción, pues podían perder su posición social y sus privilegios como miembros de la clase media.

El incremento de la productividad es otra evidente mejora que nos trae la profesionalización de los servidores públicos. El establecimiento de cualquier tipo de evaluación o incentivo a la carrera administrativa parece obvio que habrá de basarse en la obtención de resultados y en la mejora de sus retribuciones relacionada con el logro de las metas marcadas. Solo con profesionales es posible establecer metas, logros y objetivos, previa la capacitación correspondiente.

En fin, la profesionalización de los funcionarios en la lucha contra la corrupción y en el logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, aparece como un pilar esencial. Otro sistema no parece que pueda contener esa inmensa distancia que parece haberse instalado entre los responsables políticos y responsables gubernamentales, y los ciudadanos, aunque otras instituciones jurídicas como la transparencia, la rendición de cuentas, la inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas o la utilización masiva de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin duda puedan paliarla. Pero ya no se trata de operaciones publicitarias, de generar en las redes sociales grandes aludes de respuestas alentadoras de ciertas decisiones políticas, sino de convencer a esa población desencantada y enojada de que es posible convivir en paz, fortaleciendo las instituciones democráticas.

Artículo disponible en el diario El Nacional.